Aumento de muertes por cáncer en zona minera: el alarmante informe del Ministerio de Salud

Entre 2014 y 2017, el proyecto minero El Escobal operó en Santa Rosa y Jalapa, pese a que no cumplió con el proceso de consulta al pueblo Xinka que habita en la región, tal como lo establece un convenio internacional ratificado por Guatemala. 

Desde que empezó a explotar las tierras de esos departamentos, la Minera San Rafael —su nombre comercial— fue acusada por la población de contaminar sus fuentes de agua, provocar daños a su salud y causar la muerte de sus familias. Sus sospechas no han sido infundadas. 

Prensa Comunitaria tuvo acceso a un informe elaborado por el Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) que revela que existe un aumento de las muertes por cáncer en esa zona y una concentración de arsénico en el agua, que supera los niveles aptos para el consumo humano.

Los cuatro municipios donde ha operado la mina El Escobal 

Las muertes por cáncer 

El Ministerio de Salud hizo un análisis de las muertes por cáncer que fueron reportadas oficialmente entre el 2015 y el 2022 en estos cinco municipios que conforman el área de influencia de la minera San Rafael.

La investigación reveló que la cantidad de muertes por cáncer en estos municipios es mucho más alta que en el resto de Santa Rosa y Jalapa. En el área de explotación minera se registró un 38% más de muertes por cáncer, una diferencia que el propio Ministerio de Salud califica como significativa.

Estos datos de mortalidad no se han mantenido estáticos en el tiempo, sino que han mostrado una tendencia en aumento y sostenida, que se acentuó a partir del año 2019.

Casillas y Nueva Santa Rosa son los municipios que han mostrado un aumento claro en los casos de muertes por cáncer durante el periodo analizado. Sin embargo, el propio Ministerio reconoce que la cifra podría ser mayor.  El informe advierte un posible subregistro de casos debido a las limitaciones del primer nivel de atención —puestos y centros comunitarios de salud— para diagnosticar esta enfermedad.

Para el Parlamento del Pueblo Xinka, que forma parte del proceso de consulta que se realiza actualmente, estos hallazgos evidencian lo que habían denunciado desde antes de que iniciaran las operaciones del proyecto minero, y el riesgo que conllevaba el impacto en la calidad y en la disponibilidad de agua para el consumo humano. 

“Es alarmante y confirma las preocupaciones que se manifestaron desde antes de aprobar el instrumento ambiental. Nosotros advertimos sobre las posibles consecuencias que tendría no contemplar medidas de mitigación reales para este proyecto”, respondió el Parlamento del Pueblo Xinka a través de un escrito. 

El aumento también se refleja en los casos de cáncer. San Rafael Las Flores concentra la cifra más alta de personas diagnosticadas con esta enfermedad. Según el informe, el municipio registró un 34% más de casos de cáncer que los otros impactados por el proyecto minero.

Por medio de un documento oficial, la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Santa Rosa informó a Prensa Comunitaria que el ministerio, después de esa investigación, ha mantenido de forma continua el registro y documentación de diagnósticos de cáncer y neoplasias —tumores— en el departamento de Santa Rosa, incluyendo el Distrito Municipal de Salud de San Rafael Las Flores. “Los registros institucionales muestran un incremento en la captación de casos en años recientes”, aunque no detalla un número de casos. 

Agua contaminada con un metal ligado a la minera 

En el informe del MSPAS se explica que “la ingestión prolongada de agua que contiene arsénico se asocia con mayor riesgo de cáncer de vejiga y cáncer de piel”. Además, menciona que el cáncer de “pulmón, tracto digestivo, hígado, riñón y sistemas linfático y hematopoyético” ha estado relacionado con la exposición al arsénico.

Eso no es todo. Según el Ministerio de Salud, numerosos estudios han demostrado los efectos negativos de la exposición al arsénico en el desarrollo cognitivo, la inteligencia y la memoria de las personas. 

En 2021 y 2022, 1 de cada 4 muestras de agua analizadas supera los límites permitidos de arsénico. La situación es más crítica en dos municipios: 

• El más afectado es Casillas. En este municipio el 38% de las muestras presentaron niveles altos de arsénico. 

• Le sigue San Rafael Las Flores, donde el 20% de las muestras superaron los límites permitidos de este tipo de contaminación. 

En relación a Mataquescuintla, el Laboratorio Nacional de Salud reportó no haber recibido muestras de agua durante los años analizados, por lo que no pudo realizar comparaciones para medir los niveles de arsénico en este municipio. 

Para Magaly Arrecis, investigadora del área ambiental del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (IPNUSAC), el estudio del Ministerio de Salud debería ser más amplio y detallado. Por ejemplo, la especialista explica que este solo indica el número de puntos donde se encontraron niveles elevados de arsénico, pero no especifica las cantidades exactas, lo cual es una omisión importante para evaluar la gravedad.

“Es sumamente preocupante que se hayan encontrado niveles altos de arsénico, ya que pone en riesgo la salud de la población. Los datos de las cantidades halladas es algo debería hacerse público, al igual que las medidas correctivas que se hayan tomado”, dice Arrecis.

La especialista también explica que es necesario ampliar la investigación relacionada con el monitoreo del agua, pues no debería limitarse únicamente a esos municipios, sino a otros que los rodean, sobre todo mantener una vigilancia continua en la parte baja de los ríos, a donde también podría llegar el arsénico. 

Arrecís señala que el informe tampoco es específico en los tipos de cáncer que se han incrementado ni en los datos como la edad y el sexo de las personas afectadas, lo cual es crucial para un estudio de este tipo.  Para Arrecis otra arista que es necesaria evaluar son los casos de enfermedades en la piel, que son comunes en las zonas que han sido explotadas por mineras. 

Finalmente, la investigadora expresa preocupación por el futuro. Advierte que, si la minera reanuda sus operaciones, no solo quedarían relegados estos hallazgos, sino que existiría el riesgo de que deje de nuevo en segundo plano la vigilancia y atención de la salud de las personas que habitan este territorio.

A diferencia del Ministerio de Salud, hubo otro estudio que realizó pruebas biológicas en los municipios de San Rafael Las Flores, Mataquescuintla, Casillas, Nueva Santa Rosa y Santa Rosa de Lima. Esta investigación, elaborada por el Centro de Estudios Conservacionistas (CECON) de la USAC y la Comisión Diocesana de la Defensa de la Naturaleza (CODIDENA), analizó la orina de las personas y determinó que quienes compran agua embotellada para su consumo sufren menos acumulación de arsénico. 

Este otro estudio también detectó arsénico en las fuentes de agua por arriba del valor máximo permisible, que es de 0.010 miligramos por litro. El hallazgo se dio en puntos donde nacen corrientes utilizadas para la irrigación de cultivos alrededor de la mina. Según el documento, esto “genera problemas y riesgos para la economía de las familias que históricamente se han dedicado a esta actividad como su principal medio de vida y/o subsistencia”.

A la preocupación por la contaminación, el Parlamento del Pueblo Xinka le suma la desconfianza en la infraestructura pública para mitigarla. Desde su perspectiva, la investigación del MSPAS dejó en evidencia la precariedad institucional. “Lo más alarmante es que, el Ministerio de Salud Pública no tiene la capacidad técnica ni financiera de evaluar y darle seguimiento al monitoreo de fuentes hídricas”, afirmó.

Aun así, esperan llegar a consensos con el Ministerio de Salud para que se pongan en marcha medidas que enfrenten los altos niveles de arsénico en el agua. 

Un estudio que no dice quién es el culpable

El Ministerio de Salud, en el estudio, hace énfasis en que no puede señalar directamente a la minera como causante de estas cifras alarmantes. La institución explica que únicamente puede establecer “posibles riesgos” asociados con la exposición y el impacto de este proyecto en la salud de la población.

Su estudio únicamente es de “tipo descriptivo”. En otras palabras, la investigación se limita a documentar lo que ocurre en estos municipios—si hay más niveles de arsénico o más muertes por cáncer—, pero no utiliza herramientas o métodos científicos para establecer la causa específica o atribuir responsabilidades directas. 

El Ministerio de Salud no aclara si buscará actualizar esta investigación. Prensa Comunitaria consultó a la institución y esta respondió que ese estudio fue realizado en cumplimiento de un fallo que ordenó realizar la consulta al pueblo Xinka. 

“El seguimiento del estado de salud de la población no se limita a dicho estudio. El MSPAS mantiene de forma permanente la vigilancia epidemiológica en los municipios de San Rafael Las Flores, Casillas y Nueva Santa Rosa, mediante monitoreos continuos de morbilidad y mortalidad. Estas acciones permiten contar con información actualizada”, informó por medio de un documento oficial la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Santa Rosa.

El MSPAS también afirma que, como parte de su vigilancia permanente, realiza análisis bacteriológicos y fisicoquímicos en sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano dentro de esa zona.

Aunque el Parlamento del Pueblo Xinka afirma que el mismo Ministerio de Salud “ha tratado de minimizar los impactos evidenciados” por su investigación, considera que esta debería ser suficiente para impedir la operación de la minera San Rafael. 

“Definitivamente estos resultados evidencian que el Estado de Guatemala no tiene la capacidad de garantizar nuestro derecho a la salud, ante los riesgos que representa el proyecto minero Escobal y por lo tanto debería suspenderse de manera definitiva”, sentenció. 

La consulta al pueblo xinka, a cargo del Ministerio de Energía y Minas, sigue sin finalizar. Lo último que informó la institución es que se conformarían mesas técnicas previo a la conclusión de este proceso, lo cual podría significar el fin del proyecto, que ya fue solicitado formalmente por el Parlamento del Pueblo Xinka hace un año, el 8 de mayo de 2025. 

Fuente: Prensa Comunitaria