Defensa del Territorio

"Seis organizaciones ambientales celebran el anuncio de una Ley del Océano europea, que busca aportar coherencia a las políticas marinas. Sin embargo, advierten que, para que la Ley tenga éxito, debe incluir objetivos y umbrales legalmente vinculantes que faciliten el camino para la conservación y restauración que permita lograr un océano saludable y comunidades costeras sólidas".

Desde la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas denunciamos y condenamos la actual ola de desalojos violentos que se están ejecutando en distintos puntos del país.

El día después de la violenta incursión policial que dejó un campesino herido de gravedad y cientos de familias desalojadas en el Asentamiento San Miguel, del Distrito de Maracaná, Canindeyú, el reclamo se hace más fuerte, la comunidad señala que seguirá exigiendo su derecho a la tierra y el fin de los atropellos. Rufino Pérez, uno de los referentes del asentamiento, denuncia que muchas de las víctimas del desalojo quedaron sin nada y señala que fueron destruidos frutos de años de trabajo campesino.

"En un nuevo Día Mundial del Medio Ambiente, renovamos nuestro compromiso con todas las luchas nacionales e internacionales por justicia y contra el poder corporativo, porque estamos convencidas/os que es el camino rumbo un proyecto que priorice la VIDA y los derechos".

El pasado 12 de mayo, mientras la comunidad campesina de la Cooperativa El Bosque, en el El Salvador, realizaba una vigilia pacífica como acto de protesta contra una orden de desalojo de sus tierras, un operativo de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y la Policía Militar irrumpió con lujo de violencia. Detuvieron a José Ángel Pérez, pastor evangélico y presidente de la cooperativa de estas tierras. Al día siguiente, sin una orden oficial, en la capital de este país, también aprendieron al abogado y defensor ambientalista Alejandro Henríquez. Ambos fueron incomunicados por nueve días.

Indígenas del pueblo Ka’apor, estado de Maranhão, norte de Brasil, han denunciado la presencia de la empresa estadounidense Wildlife Works y la ONG Forest Trends en su territorio con la pretensión de imponer un proyecto para la generación de créditos de carbono. Según testimonios del pueblo indígena, reportes de organizaciones ambientalistas y periodísticos, las actividades de estas empresas están generando conflictos internos en la Tierra Indígena (TI) Alto Turiaçú.

Violencia, invasiones y desplazamientos por la expansión de esta actividad ilegal, es lo que sufren actualmente más de 270 comunidades indígenas de la Amazonía, según el informe Narcotráfico en territorios indígenas de la Amazonía peruana. Rutas, impactos y políticas erradas, elaborado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), el Instituto del Bien Común (IBC) y Amazon Watch.

En una remota zona rural cercana a la frontera con Camboya, un grupo de campesinxs decidió que no se dejaría expulsar. Lo que comenzó como una lucha por sobrevivir se transformó, con los años, en un ejemplo de organización comunitaria y lucha frente al despojo estatal, la criminalización y el avance del capital. Hoy, después de casi tres décadas la comunidad KoK Edoi se mantiene firme: organizada, autosuficiente y en pie de resistencia.