Defensa del Territorio

Mendoza se encuentra en una semana decisiva. La megaminería podría entrar en Uspallata. El martes 25 de noviembre será tratado en comisiones el dictamen de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto San Jorge, y el miércoles 26, con el oficialismo empujando con fuerza, podría ir al recinto para su votación. Quince años atrás, esa misma iniciativa había sido frenada por 44 votos negativos. En diciembre del 2019 una rebelión popular en la provincia había volteado el intento del gobierno para derribar la Ley 7722.  Ahora, bajo la avanzada mileista, la propuesta de extraer cobre y oro en el valle de Uspallata podría ser un hecho. Este miércoles vecinos y asambleas convocan frente a la Legislatura «en defensa del agua».

En El Salvador, el discurso oficial sobre el desarrollo ha cobrado fuerza en los últimos años, especialmente en torno a proyectos turísticos y de inversión privada. Sin embargo, este impulso económico ha traído consigo problemas que afectan directamente a las comunidades indígenas y rurales del oriente del país: la expropiación y el despojo de tierras ancestrales, muchas veces bajo mecanismos legales cuestionables y sin consulta previa. Esta situación ha sido denunciada por organizaciones como el Movimiento Indígena MILPA El Salvador, que ha documentado cómo estos procesos se repiten en ciclos históricos de despojo, desde la Reforma Agraria Liberal de 1881, pasando por la industrialización de los años sesenta, hasta los actuales corredores logísticos y megaproyectos turísticos.

Analizamos que aunque el mayor problema que tenemos los pueblos indígenas en México es el despojo de nuestros territorios y bienes naturales, las reformas en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas aprobadas en 2024 no reconocen el derecho al territorio y evaden el derecho a la consulta indígena y a la libre determinación.

La Cumbre de Cambio Climático (COP30) comienza en la Amazonía de Brasil. A diez años del Acuerdo de París, los Estados incumplen los plazos y escasean las acciones para frenar la crisis ambiental. En paralelo, se realizará la Cumbre de los Pueblos, espacio de organizaciones sociales, campesinos y pueblos indígenas que plantean soluciones concretas y urgentes. Los casos extremos y negacionistas de Estados Unidos y Argentina.

Na quinta-feira, dia 13 de novembro, o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) participou da Reunião Internacional da Via Campesina sobre a Declaração dos Direitos Camponeses da ONU (UNDROP), representado pelo companheiro Marciano Toledo, durante a Cúpula dos Povos, na COP30, em Belém.

“Julia no es la primera. Antes que ella, otras defensoras y defensores ambientales fueron perseguidos, silenciados, desaparecidos o asesinados. Ninguno de esos crímenes ha tenido justicia. Todos han sido encubiertos bajo los mismos mecanismos de montaje, racismo institucional y complicidad empresarial”.

La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) rechaza rotundamente la designación del empresario Óscar Mario Justiniano como ministro de Medioambiente, por sus vínculos con el sector del agronegocio que provoca incendios y deforestación agravando la crisis climática.

La ley fue impulsada por los gobiernos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet y promulgada en 2023 por el actual gobierno. Su tramitación tardó 13 años en el Congreso, siendo patrocinada transversalmente por los 4 últimos gobiernos, no obstante su diferente signo político. Ha sido un tema de Estado.