Defensa del Territorio

En el día de ayer, científicos del CONICET publicaron un comunicado que alerta sobre los riesgos que conlleva la instalación de San Jorge Cobre Mendocino en la localidad de Uspallata, dado que en su Declaración de Impacto Ambiental, la empresa no ha “respondido sustantivamente a las objeciones y sugerencias vertidas en el dictamen técnico y en la mayoría de los informes sectoriales presentados”. El pasado miércoles 26 de noviembre, justo cuando se está votando en la Cámara de Diputados la viabilidad de la empresa mega minera, las autoridades en negociación con el gobierno de Cornejo eliminaron el informe de la página oficial del organismo y lo reemplazaron por uno que habilita el discurso oficialista de “actividades económicas compatibles con la sustentabilidad ambiental”.

Povos do campo, das florestas e das águas iniciam Seminário em Brasília para denunciar a escalada de conflitos e exigir justiça.

Desde las tierras del municipio de San Juan Cancuc, en los Altos de Chiapas, pueblos tseltales, tsotsiles y mestizos, integrantes del Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio (Modevite), realizan, desde este lunes, jornadas de celebración por el cumplimiento de 12 años de lucha, organización y resistencia frente a proyectos de despojo.

Mais de 70 mil pessoas ocuparam as ruas de Belém (PA) neste sábado (15) na Marcha Global pelo Clima, que integra a programação da Cúpula dos Povos e contrapõe as falsas soluções da COP30. Povos indígenas, ribeirinhos, camponeses e movimentos populares caminharam sob o lema “A resposta somos nós”, denunciando o modelo capitalista que produz o colapso ambiental e exigindo demarcação de terras, transição energética justa, fortalecimento da agricultura familiar e soberania dos povos.

A 3.500 metros de altura, el viento atraviesa las montañas y las nubes se disuelven sobre una superficie que parece infinita. El tiempo se vuelve espeso. Las horas pasan más lento, el aire se respira distinto, como si la vida tuviera otro pulso. En las Salinas Grandes, al norte de la provincia argentina de Jujuy, el viento dibuja remolinos sobre una planicie blanca que parece nunca terminar. En ese paisaje suspendido, donde el silencio suena más fuerte que cualquier motor, el presente se mueve al ritmo de la tierra y el silencio, de repente, tiene espesor: es el sonido de un territorio que resiste. Flavia Lamas, presidenta de la Asamblea de la Cuenca de Salinas Grandes, relata la forma en que el extractivismo de litio genera brutales impactos en las comunidades originarias. No debemos naturalizar la existencia de «zonas de sacrificio».

Mendoza se encuentra en una semana decisiva. La megaminería podría entrar en Uspallata. El martes 25 de noviembre será tratado en comisiones el dictamen de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto San Jorge, y el miércoles 26, con el oficialismo empujando con fuerza, podría ir al recinto para su votación. Quince años atrás, esa misma iniciativa había sido frenada por 44 votos negativos. En diciembre del 2019 una rebelión popular en la provincia había volteado el intento del gobierno para derribar la Ley 7722.  Ahora, bajo la avanzada mileista, la propuesta de extraer cobre y oro en el valle de Uspallata podría ser un hecho. Este miércoles vecinos y asambleas convocan frente a la Legislatura «en defensa del agua».

En El Salvador, el discurso oficial sobre el desarrollo ha cobrado fuerza en los últimos años, especialmente en torno a proyectos turísticos y de inversión privada. Sin embargo, este impulso económico ha traído consigo problemas que afectan directamente a las comunidades indígenas y rurales del oriente del país: la expropiación y el despojo de tierras ancestrales, muchas veces bajo mecanismos legales cuestionables y sin consulta previa. Esta situación ha sido denunciada por organizaciones como el Movimiento Indígena MILPA El Salvador, que ha documentado cómo estos procesos se repiten en ciclos históricos de despojo, desde la Reforma Agraria Liberal de 1881, pasando por la industrialización de los años sesenta, hasta los actuales corredores logísticos y megaproyectos turísticos.

Analizamos que aunque el mayor problema que tenemos los pueblos indígenas en México es el despojo de nuestros territorios y bienes naturales, las reformas en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas aprobadas en 2024 no reconocen el derecho al territorio y evaden el derecho a la consulta indígena y a la libre determinación.