Chile

En el archipiélago de Chiloé, el mar ha sido durante siglos fuente de identidad, alimento y sustento. Sin embargo, la expansión de la industria salmonera, una de las más lucrativas del país después del cobre, ha transformado profundamente el paisaje y las dinámicas locales.

La paralización de la autorización ambiental de la piscicultura de Salmones Antártica marca un hito para la defensa del río San Pedro/Wazalafken, luego de que el Tribunal Ambiental de Valdivia reconociera que se trata de un proyecto obsoleto, con impactos no evaluados y antecedentes de daño al patrimonio. 

La captura corporativa del Estado chileno avanza sin freno: mientras las y los defensores ambientales enfrentan criminalización, violencia y abandono institucional, el poder empresarial se integra en las instancias que debieran proteger la naturaleza. A seis años del Acuerdo de Escazú, la impunidad de industrias como la salmonicultura y los grandes gremios agrupados en la CPC amenaza con vaciar de contenido las políticas ambientales, profundizando un modelo extractivista que pone en riesgo la vida, los territorios y los derechos humanos.

“Julia no es la primera. Antes que ella, otras defensoras y defensores ambientales fueron perseguidos, silenciados, desaparecidos o asesinados. Ninguno de esos crímenes ha tenido justicia. Todos han sido encubiertos bajo los mismos mecanismos de montaje, racismo institucional y complicidad empresarial”.

La ley fue impulsada por los gobiernos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet y promulgada en 2023 por el actual gobierno. Su tramitación tardó 13 años en el Congreso, siendo patrocinada transversalmente por los 4 últimos gobiernos, no obstante su diferente signo político. Ha sido un tema de Estado.

El presente documento busca ser un insumo para la discusión respecto a las relaciones a escala geopolítica que la empresa Aclara Resources ha potenciado durante las tramitaciones ambientales de su proyecto minero que busca instalar en los cerros de Penco.

Aun cuando la palta es altamente consumida y una de las principales exportaciones del país, su producción intensiva genera graves daños al medioambiente, la biodiversidad y a las comunidades locales. Especialistas de la Universidad de Concepción realizaron un llamado a la necesidad de repensar el modelo agrícola actual.

"Las políticas comerciales vigentes debido a los tratados operan como el sustento legal para el extractivismo, orientado a la acumulación de capital de las corporaciones trasnacionales y sus aliados en Chile, perpetuando nuestra condición de exportadores de bienes comunes naturales".