México

Durante 2024, al menos 28.900 personas fueron forzadas a huir de sus hogares en 72 eventos de desplazamiento interno registrados en 13 estados de México, según el informe ‘Travesías forzadas: Desplazamiento interno en México’, presentado este 26 de junio por el Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana.

"La campaña de firmas fue iniciada por la Secretaría Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), tras corroborar la confirmación de las más de 200 órdenes con la comisión de mujeres Mazatecas por la Libertad, que durante 18 días permaneció en plantón frente a los juzgados federales de Boca del Río, Veracruz, para interponer un juicio de amparo".

“En estos días, tememos un ataque armado o probable masacre que pueda ocurrir por los grupos criminales que operan en esta región”, alertaron las autoridades de la comunidad tsotsil de Tzajalch’en, Chiapas, durante una jornada de oración ecuménica para pedir acompañamiento tras las agresiones armadas y la criminalización de las que fueron víctimas los pasados 8 y 9 de junio.

Cosas graves se leen este junio de Ojarasca. El feminicidio de la abogada ayuuk Sandra Dominguez, denunciado por su colega y buscador Joaquín Galván. Un comentario panorámico del horror en nuestra experiencia reciente, escrito por el especialista vasco Carlos Martín Beristáin retomando el hilo suelto de Teuchitlán.

Las comunidades denuncian que este humedal, con una impresionante biodiversidad, está en riesgo ante la construcción de una planta, cuya producción se utiliza en la fabricación de fertilizantes. El pueblo indígena Yoreme-Mayo libra una batalla legal y comunitaria desde 2015 contra la instalación del megaproyecto, autorizado sin consulta previa. A pesar de múltiples amparos y de la oposición de las comunidades indígenas, la construcción continúa.

ANIA propone una serie de medidas urgentes, como la capacitación técnica a agricultores, la imposición de sanciones claras para quienes siembren transgénicos ilegalmente y el fortalecimiento de programas de monitoreo genético.

"¿Se podría pensar en una nueva reforma agraria y ambiental en el mediano plazo? La pregunta es si es conveniente y factible revertir la reforma del 1992 al artículo 27 constitucional y a otros ordenamientos relacionados con el derecho a un medio ambiente sano, a fin de recuperar para ejidatarios y comuneros los derechos perdidos y diseñar estrategias y programas gubernamentales para, ahora sí, que sus tierras les reporten beneficios a ellos".

"Vale la pena recordar que la agricultura ha sido el sostén de los sistemas alimentarios humanos y que jamás ha dependido de transgénico o cualquier otro organismo genéticamente modificado ni de plaguicidas altamente peligrosos. De lo que sí depende es de las y los agricultores, de su sapiencia y cultura, pero también de su salud; depende de que las condiciones ambientales sean óptimas, con suelos fértiles y vivos, agua, polinizadores y biodiversidad, variabilidad genética en las semillas. En su protección es que debemos basar cualquier política para el auténtico fortalecimiento de la soberanía alimentaria".