Paraguay

El 2025 inició con un recrudecimiento de la violencia estatal contra comunidades campesinas e indígenas en Paraguay, revelando un modelo de desarrollo basado en el extractivismo y el acaparamiento de tierras por sectores agroexportadores, aliados históricos del Estado.

Centenares de campesinos se movilizan desde hace semanas en el Departamento de San Pedro, son mayormente descendientes de familias campesinas afincadas en comunidades de la zona que buscan hacer su vida y para ello necesitan algo fundamental, la tierra.

Los procesos violentos no solo se realizan con desalojos, también se diseñan para crear una situación de zozobra y miedo constante en las comunidades rurales, tanto indígenas y campesinas; en este contexto las personas hacen un gran esfuerzo para permanecer en sus territorios, entendiendo que la organización comunitaria es lo que les da la posibilidad de resistir las diversas formas de violencia de las que son víctimas, y que se relatan en los siguientes casos.

En esta sección del informe se detallan los casos de desalojos hacia comunidades campesinas con informaciones a partir de una recolección de datos que incluyó fuentes primarias y secundarias. Entre las primeras se encuentran entrevistas telefónicas y presenciales con pobladores y pobladoras de las comunidades atacadas; entre las segundas, notas informativas de diversos medios de comunicación recopiladas a través del Observatorio de BASE-IS.

La marcha constituye la número 31 y reúne a cientos de familias que llegaron hasta la capital del país para darle continuidad a la solicitud de ese marco legal por el que han luchado desde hace propiamente 31 años.

El inicio de 2025 se ha caracterizado por un recrudecimiento alarmante de la violencia estatal contra las comunidades campesinas e indígenas, evidenciando tendencias estructurales que configuran el modelo de (mal) desarrollo paraguayo. Entre estas, destaca el acaparamiento de los sectores agroexportadores sobre los territorios de las comunidades que resisten al extractivismo. Estos sectores –históricos aliados del Estado y su aparato represivo– ejercen una influencia determinante en la protección de sus intereses económicos, violentando sistemáticamente derechos humanos de las poblaciones campesinas e indígenas.

Camponesas partilham 450 cestas de alimentos em solidariedade à população indígena da região, diante dos ataques violentos de grupos armados ligados ao agronegócio.

Las movilizaciones de marzo demostraron un descontento social creciente hacia las políticas gubernamentales, las acciones llevadas adelante en la capital, el interior e incluso fuera del país, recogieron reclamos de diversos sectores, entre ellos nuevos actores sociales, además de dejar claro un rechazo a las formas antidemocráticas con que el gobierno ejecuta su plan. A futuro podría presentarse un escenario de mayor movilización social, lo que respondería a la necesidad poner un freno a los avasallamientos que sufre la ciudadanía y a retornar a los principios democráticos.