Perú

"El progreso político coexiste con una negligencia persistente, con cifras que halagan y datos que fallan".

La capital peruana vivió una nueva jornada de movilizaciones el pasado sábado 27, en una segunda ola de protestas convocada por la llamada “Generación Z”, gremios de transportistas y organizaciones sociales contra la ley AFP y el hartazgo contra el polémico gobierno. Los manifestantes se centraron frente al Congreso y en el centro histórico de Lima; fueron reprimidos por la policía que lanzó gases lacrimógenos, golpes e incluso atacó a la prensa. Como en el anterior fin de semana, volvieron las protestas contra el régimen de Dina Boluarte, instalada en el poder desde el golpe al presidente electo Pedro Castillo. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) informó que 18 personas resultaron heridas, entre ellas un periodista y un asistente médico. Hoy se esperan nuevas protestas en Lima.

El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Shawi (GTAN Shawi) está en contra del proyecto de construcción de la carretera Yurimaguas–Balsapuerto–Moyobamba que promueve el Gobierno Regional de Loreto para unir por vía terrestre dos de las regiones amazónicas más importantes de Perú. Hasta el momento están conectadas solo por vía fluvial.

Informe de RPP Data señala que el avance de actividades ilegales en la Amazonía pone en peligro a líderes ambientales, especialmente a las mujeres.

Informaciones periodísticas, de fuentes diplomáticas, de la inteligencia civil advierten movimientos rápidos en el norte costero del Perú. EEUU, con sentido estratégico, vendría copando posiciones claves en ese territorio.

La industria petrolera busca incrementar su producción en la Amazonía y para ello apunta a operar en Áreas Naturales Protegidas (ANP) del Perú.

En su último mensaje a la nación, el 28 de julio, la presidenta del gobierno de facto del Perú, Dina Boluarte, anunció que Petroperú y Petroecuador firmaron un acta de cooperación internacional. 

Las semillas nativas, la base de la alimentación del Perú, son consideradas informales por las autoridades locales. Para garantizar sus derechos, los pequeños agricultores promueven la creación de una ley de protección de las semillas nativas y sus conocimientos ancestrales.