Bolivia

Las mujeres indígenas reconocen el machismo en las comunidades y la urgencia de incorporar la Ley 348 en las autonomías indígenas.

Los incendios regresaron a los bosques de Bolivia. El fuego está avanzando nuevamente  en el oriente boliviano y dos áreas protegidas son las más afectadas: el parque Noel Kempff Mercado, en Santa Cruz, y el parque Carrasco, en Cochabamba. Las llamas avanzan sin tregua. El gobierno boliviano calificó este inicio de temporada de incendios como una “situación crítica” y emitió alertas roja y naranja en diferentes municipios. Hasta el 15 de agosto, se registraron 706 focos de calor activos. El incendio más intenso se vive en el Noel Kempff Mercado: en esa reserva ya se consumieron 14 566 hectáreas.

La Defensoría del Pueblo presentó una acción de medidas cautelares ante el Juzgado Agroambiental de La Paz, con el propósito de frenar el tratamiento legislativo del contrato de explotación de litio entre Yacimientos de Litio Bolivianos y la empresa rusa Uranium One Group, que fue aprobado en grande y en detalle, por considerarlo que se vulnera Derechos Humanos Ambientales. Dicha acción fue comunicada a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el 28 de julio.

Dura condena al extractivismo minero, incendios forestales, deforestación, agronegocio, créditos de carbono, introducción de la palma aceitera y legalización de transgénicos, así como a hidroeléctricas, carreteras y exploraciones petroleras en áreas protegidas.

Después de tres días de intenso trabajo de campo, debate e intercambio de experiencias en el control y vigilancia de su territorio para el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, el IV Encuentro Nacional de Monitores Territoriales Indígenas emitió el domingo una importante declaración en la que identificó a los mercados de carbono y a la explotación de tierras raras como nuevas amenazas del modelo de desarrollo extractivo. 

Diez empresas extranjeras concentran la mayor cantidad de ventas en el mercado formal de los alimentos y bebidas en Bolivia, con el  55,7% de los ingresos facturados en el país.

Exhorta a YPFB a cesar de inmediato el uso del sistema judicial como mecanismo de intimidación y advierte sobre prácticas locales que también se consolidan como formas de amedrentamiento hacia defensoras y defensores de Derechos Humanos.

Desde la Defensoría del Pueblo, la ANPB, el CMPLP, hasta defensores de DDHH y ambientales le recordaron al Estado que está vigente el Acuerdo de Escazú que garantiza el acceso a la información y participación en materia ambiental.