Minería

Na abertura do maior fórum mundial sobre as questões indígenas, secretário-geral cita o Brasil como exemplo dramático.

Curimining es una empresa que administra el proyecto minero Curipamba – El Domo, ubicado en Las Naves, provincia de Bolívar, en la Sierra Centro de Ecuador. Esta empresa tiene capitales canadienses y ecuatorianos. Una de sus accionistas es Adventus Mining Ecuador, la cual está formada por dos empresas canadienses: Adventus Holding y Adventus Mining Corporation. Esta última empresa tiene a su cargo 12 proyectos mineros más en cinco provincias de Ecuador. En 2019, el Consorcio Nobis, una de las empresas de Nobis Holding, liderado por Isabel Noboa, tía del presidente Daniel Noboa, compró acciones de la minera Adventus Mining Corporation, logrando dirigir y tener presencia en la junta directiva con ex funcionarios de la Corporación Nobis. La explotación de Curipamba – El Domo no hubiera sido posible sin el impulso de los ejecutivos de la empresa Adventus Mining y del Grupo Nobis, quienes fueron funcionarios públicos en el gobierno de Guillermo Lasso, y sin el apoyo político de Daniel Noboa a la minería canadiense.  En enero de 2024, el gobierno de Daniel Noboa concedió la licencia ambiental a la empresa Curimining para la explotación minera en el Cerro El Domo.  

El Ejido de Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero, al sur de México, retomó la posesión de sus tierras el 1 de abril de 2025. En este territorio se explotó oro y otros minerales desde el año 2007, primero por la empresa Leagold Mining y por último con  Equinox Gold. Horas después de que la empresa anunció en un  comunicado la “suspensión indefinida” de sus operaciones en su mina Los Filos, los comunitarios retomaron sus tierras de uso común. 

Una nueva multa por extracción ilegal de agua en un proceso sancionatorio iniciado en 2024 luego de una denuncia ciudadana, la Dirección General de Aguas (DGA) acaba de sancionar a la Compañía Minera Nevada SpA (filial de Barrick Gold en Chile), a pagar una multa de 768 UTM (aproximadamente 52 millones de pesos) por la extracción ilegal de agua en la zona del clausurado proyecto Pascua Lama.

Pobladores de 54 comunidades de Livingston, Izabal, protestaron de manera pacífica para manifestar su rechazo a posibles licencias de explotación y exploración minera en el cerro Santa Cruz, en Livingston, Izabal. Aducen que estas actividades dañarán el bosque y principalmente los nacimientos de agua que los abastecen en época de verano.

Tras ocho años de prohibición de minería metálica en El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele impulsó una ley que elimina esta restricción. El Gobierno busca asociarse con mineras para la explotación de minerales valiosos, como el oro y la plata. Organizaciones, comunidades, estudiantes e incluso líderes religiosos se han manifestado contra la nueva legislación y presentaron una demanda ante la Suprema Corte para exigir su inconstitucionalidad.

La lucha por la defensa de los territorios y la Naturaleza no puede ser silenciada. Hoy, la empresa minera ACLARA ataca a quienes se han organizado para proteger su comunidad, usando mecanismos judiciales para perseguir y amedrentar a activistas como Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo.

El Poder Judicial y el gobierno de Mendoza funcionan como los mejores aliados de la megaminería. Ante el rechazo vecinal al proyecto de cobre San Jorge, detuvieron de formar arbitraria a dos asambleístas socioambientales. El fiscal Juan Manuel Sánchez impulsó las detenciones a partir del testimonio de un comerciante prominero. La jueza Claudia Tula lo avaló, pero este jueves se declaró incompetente y ordenó liberarlos.