Guatemala

La Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria, -REDSAG- y otras instituciones organizaron un intercambio de semillas nativas y criollas como un acto de resistencia y defensa de las semillas, las que permiten mantener la alimentación y conocimientos ancestrales.

"Solo que cada día cuando nos levantamos reconozcamos que somos agua, reconozcamos que somos tierra, que somos fuego y que somos aire; y que estamos en una red de la vida vinculada a otras comunidades. Que nosotros, la humanidad, no somos el centro del poder, el centro de la importancia de la vida, sino hay otras comunidades que también están coexistiendo y que tenemos que escucharlas".

Enorme revuelo ha causado la denuncia de un grupo de juristas que presume que el gobierno de Canadá presionó al gobierno de Guatemala y a miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de un proyecto minero.

Gracias Sra. Presidenta,

Los sistemas estructurales de Guatemala han mantenido por más de dos siglos la represión, discriminación y criminalización hacia personas que atentan los intereses de las cúpulas de poder político, militar y económico del país, principalmente a los pueblos indígenas.

“La soberanía alimentaria comprende la interrelación entre varios elementos, como la producción, las semillas, tierra, aire, agua, biodiversidad e incluso la cosmovisión que va muy ligada a la siembra en base a calendarios lunares. Pero en Guatemala por el modelo económico del país no hay cabida para hablar de soberanía alimentaria, la industria de alimentos se impone con el control del mercado y también tiene influencia en la legislación, una visión empresarial sobre el tema de alimentos para lucrar y no como un derecho humano, propio e inalienable”, indica David Paredes, facilitador de incidencia de la Red Nacional por la Soberanía Alimentaria (Red SAG).

Las organizaciones articuladas en la Alianza por la Defensa de la Biodiversidad en Guatemala y la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala REDSAG, rechazamos de manera contundente la grave y negativa resolución de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala sobre el “Reglamento técnico de bioseguridad de organismos vivos modificados para uso agropecuario”, según resolución Ministerial-UA No. 60-2019, el cual entró en vigencia el 01 de octubre del 2019. 

Los proyectos hidroeléctricos son los que afectan a más comunidades indígenas en Guatemala, revela un estudio de la plataforma digital Derechos Colectivos Vulnerados. 

Urge investigación y alto a la interferencia empresarial a nivel local ante el ataque armado y amenazas en contra de miembros de la resistencia pacífica contra el proyecto minero Escobal en Guatemala.