Europa

No debemos esperar más: el sistema agrícola actual está roto. Desde la Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE) junto a las decenas de entidades más de toda Europa, seguimos promoviendo la Iniciativa Ciudadana Europea “SAVE BEES AND FARMERS” (ECI por sus siglas en inglés) para reclamar medidas que conserven y promuevan la biodiversidad, que prohíba los pesticidas sintéticos y apoye a los agricultores en el proceso de transición hacia la producción de alimentos (agro)ecológicos.

El Plan de Recuperación y Resiliencia ha sido concertado por el Gobierno con los principales grupos de capital del IBEX 35 y sus grandes consultoras, sin transparencia, sin participación social, sin control público ni parlamentario.

Casi todo lo que rodea los fondos de recuperación europeos, llamados Next Generation EU, es propaganda, opacidad y ausencia de participación. Entre esas nieblas tenemos que abrirnos paso para tener un enfoque claro.

"Figuras públicas, periodistas, científicos y activistas medioambientales. Los datos personales de más de 200 personas en total figuran en un fichero "ilegal" de la empresa estadounidense Monsanto".

La Comisión Europea presenta el paquete legislativo Fit fo 55 con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero sobre los niveles de 1990 un 55%. El plan supone, entre otras medidas, la prohibición de la venta de coches a combustión en 2035. Las organizaciones ecologistas denuncian la falta de ambición y piden un mayor esfuerzo.

Un nuevo análisis científico (1) concluye que la afirmación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) de que el glifosato no es genotóxico no puede justificarse sobre la base de los estudios de los fabricantes. 

Este es el segundo texto de una serie que escribe nuestra compañera Nazaret Castro tras su viaje a Huelva. El primero describe la situación de sobreexplotación que viven las trabajadoras del campo; en este artículo, tratamos de vincular lo que sucede en el campo onubense con el rol que juega el Estado español dentro del sistema agroalimentario global. Un tercer texto plantea qué podemos hacer desde el movimiento de consumidores y desde los feminismos.

A cinco agricultores de la provincia andaluza de Huelva (España) se les han confiscado sus plantas de arándanos. No habían pagado los derechos de licencia de las tres variedades que cultivaban. Se enfrentan a multas y hasta tres años de prisión. Desde hace varios años, se sabe que en España se encarcela a los agricultores por no conceder licencias a las variedades vegetales. En otros países europeos, la ley también prevé penas de prisión en algunos casos.