Ecuador

A las 22 horas de la noche del 18 de octubre en el Consejo de la Judicatura de la Provincia de Pastaza se dictaminó una sentencia que, debido a la gravedad de los derechos colectivos vulnerados, ya se define como “histórica”. Al cabo de dos días de audiencias, la jueza Laura Cabrera aceptó la acción de protección interpuesta por la Nación Sapara del Ecuador (NASE) y la Defensoría del Pueblo de Pastaza en contra del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), por haber vulnerado los derechos colectivos de este pueblo indígena de la Amazonía Ecuatoriana.

"Ahora, con el lema de las “Oportunidades”, quieren seguir construyendo más centrales hidroeléctricas a pesar de que usamos sólo un 60 por ciento de la capacidad instalada de las ya existentes, el resto sería para exportar sin saber ni a quién. De hecho, todos los países de la región tienen el mismo plan. La estrategia fue endeudarnos para hacer represas y exportar una energía que no tendrá valor porque hay sobreoferta. Mientras, nos quedamos sin los ríos, amenazamos nuestra capacidad de producción de alimentos y precarizamos aún más a las comunidades, sobre todo rurales del país".

Hace unos días el ejecutivo envió a la Asamblea Nacional la propuesta de Ley denominada “Creando Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal” (1). Al mirar el texto remitido no podemos dejar de preguntarnos: ¿para quién se está creando estas oportunidades?

La Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología (CEA) surgió a principios de los ‘90 con el fin de abordar la problemática agraria desde una visión agroecológica. Con la Soberanía Alimentaria como horizonte, y mediante la articulación de conocimientos ancestrales y modernos, busca fortalecer esta forma de producción en todo el país. Entrevistamos a Nancy Minga, integrante de la Coordinadora y miembro de la Red Agroecológica del Austro.

La apertura desenfrenada del gobierno de Guillermo Lasso al capital transnacional, bajo la justificación de “atraer inversiones”, toca fondo con el Decreto 165 firmado por el presidente Lasso el 18 de agosto de 2021 y sin publicación todavía en el Registro Oficial.

Mientras la mayoría de la humanidad aún vive severas restricciones por la pandemia del COVID-19, instituciones internacionales como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura -IICA (1) – aprovechan esta condición para la expansión del modelo de agricultura industrial impulsada desde mediados del siglo pasado, incluyendo la ampliación de la frontera de la agricultura transgénica.

Un informe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos recopiló más de 600 denuncias a nivel mundial por abusos de derechos humanos en empresas chinas en el globo entre 2013 y 2018. Una importante cantidad de esas denuncias ha sido documentada en Ecuador en sectores como la minería, el petróleo o la pesca.

Ésta es la historia de dos micro-historias que se cuelan en un informe de avance, de ésos que se presentan rutinariamente para reportar el cumplimiento de actividades encomendadas en lo que se llama asistencia técnica. Me pregunto cuántas veces ocurrirán estos intentos de contar algo más que la tarea, si acaso son tomadas en cuenta por quien supervisa y se encarga de aprobar los documentos. El caso es que, así como el orden impuesto en la cadena de “transferencia tecnológica” está poblado por gente que al ejecutar los programas garantiza la imposición en campo de tecnologías traídas, compradas, pensadas para crear dependencia, de vez en cuando hay profesionales jóvenes y sensibles que se preguntan, que reconocen en la producción seres con saber y con historia, que merecen tener voz y presencia en el hacer. El autor es Ronald Herrera, un agrónomo convencido del diálogo de saberes, del poder transformador del saber local que habita en cada rincón, y así es vivencia su trabajo.