Corporaciones

En este Día Internacional de Solidaridad Feminista contra el poder de las Empresas Transnacionales, compartimos los análisis de CSA sobre el poder corporativo en Latinoamérica.

Curimining es una empresa que administra el proyecto minero Curipamba – El Domo, ubicado en Las Naves, provincia de Bolívar, en la Sierra Centro de Ecuador. Esta empresa tiene capitales canadienses y ecuatorianos. Una de sus accionistas es Adventus Mining Ecuador, la cual está formada por dos empresas canadienses: Adventus Holding y Adventus Mining Corporation. Esta última empresa tiene a su cargo 12 proyectos mineros más en cinco provincias de Ecuador. En 2019, el Consorcio Nobis, una de las empresas de Nobis Holding, liderado por Isabel Noboa, tía del presidente Daniel Noboa, compró acciones de la minera Adventus Mining Corporation, logrando dirigir y tener presencia en la junta directiva con ex funcionarios de la Corporación Nobis. La explotación de Curipamba – El Domo no hubiera sido posible sin el impulso de los ejecutivos de la empresa Adventus Mining y del Grupo Nobis, quienes fueron funcionarios públicos en el gobierno de Guillermo Lasso, y sin el apoyo político de Daniel Noboa a la minería canadiense.  En enero de 2024, el gobierno de Daniel Noboa concedió la licencia ambiental a la empresa Curimining para la explotación minera en el Cerro El Domo.  

Los peces gordos del sur: el poder oculto de la empresa, sus vínculos con la política, el medioambiente y una tragedia que aún busca justicia.

Con los datos del cierre de la campaña agrícola y comercial 2023/24, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) volvió a confeccionar un ránking de agroexportadoras de la Argentina: Con 13,55 millones de toneladas de granos y subproductos embarcadas, la multinacional Viterra volvió a dominar en el negocio.

Em 'Vertedero' (Capitán Swing, 2024), o jornalista britânico Oliver Franklin-Wallis explora as práticas ocultas da indústria de resíduos, expondo o papel de grandes corporações em conluio com autoridades e instituições públicas.

Mientras el mundo enfrenta las pataletas de Trump en torno a aranceles comerciales, es obligado también poner atención al continuo golpeteo a las soberanías nacionales por empresas trasnacionales cobijadas bajo acuerdos internacionales de inversión, ya sean tratados de libre comercio (TLC) o tratados bilaterales de inversión (TBI).

El gran empresariado está en campaña para reducir al mínimo los estándares ambientales y facilitar la aprobación de proyectos, todo esto bajo la agenda llamada “permisología”, que pretende instalar el imaginario de que habría un exceso de trámites para obtener permisos ambientales, lo que tendría un impacto negativo en la economía del país.

A medida que la crisis climática y sus consecuencias y amenazas se hacen más evidentes y aumenta la conciencia social y política de su gravedad extrema, existe un claro sentido de la urgencia de avanzar en la transición justa hacia un nuevo sistema energético que deje atrás a los combustibles fósiles. Si bien en 2015 el Acuerdo de París incorporó la necesidad de una transición justa en su preámbulo, lamentablemente se ha ido consolidando un proceso de cooptación empresarial del concepto de transición, que privilegia los intereses de las grandes empresas transnacionales y sirve de plataforma para la introducción e imposición de falsas soluciones.