El agua, la yakumama, bajo grave amenaza

El Ecuador es parte del grupo de países con mayor densidad de ríos a nivel mundial. Tiene 2.200 ríos dentro de su territorio; nacen en bosques, selvas o páramos, que son zonas de recarga hídrica que capturan agua de la atmósfera y la reintegran al sistema como ríos y lagunas.

Según el informe  [1] de Juan Sebastián Paredes, investigador de la Universidad Ikiam, se han concesionado 2 millones de hectáreas para la minería, ubicadas principalmente en las cuencas hídricas occidentales y sur-amazónicas, comprometiendo 9 mil km de ríos, más de un millón de hectáreas de bosques y vegetación protectoras y zonas clave de biodiversidad y el ciclo hidrológico.

El estudio destaca que ciudades como Quito, Cuenca, Ambato, Riobamba, Latacunga, Guaranda, Loja y muchos otros centros urbanos, tienen sistemas de agua potable que se abastecen de los páramos. Además, refiere el caso del Macizo de El Cajas, cuya cuenca oriental asegura el caudal para el complejo hidroeléctrico Paute-Mazar-Sopladora que aporta un 40% de la demanda eléctrica nacional, sin embargo, se ha concesionado a intereses mineros el 26% de sus páramos.

Los páramos son sistemas hídricos interconectados por el subsuelo, por lo tanto: cualquier contaminación afecta la calidad del agua del complejo de páramos en su totalidad. El informe advierte que, a pesar de su importancia, 89 mil hectáreas de páramos están dentro de concesiones mineras y que casi todos los páramos se encuentran rodeados por minería, amenazando su conectividad y regulación hídrica.

Pero esto podría empeorar, pues el Plan Nacional Minero plantea alcanzar los 3.2 millones de hectáreas para el año 2030 con la apertura del catastro minero y la entrega de nuevas concesiones para exploración minera a gran escala.

La expansión minera no es sólo una actividad económica. En los territorios reproduce dinámicas de una violencia inaudita: dinamita montañas, fragmenta ecosistemas, contamina ríos y acuíferos, desplaza comunidades, favorece la aparición de redes de violencia y control armado alrededor de las zonas de extracción. Ello ocurre desde la lógica de la apropiación, el control estratégico de recursos, la militarización y la transformación de la vida en mercancía.

El papel del tratado de libre comercio (TLC) con Canadá

Tres días después de la firma del TLC con Canadá, el 24 de julio pasado, el entonces ministro de Comercio Exterior Alberto Jaramillo afirmó durante una entrevista en un medio nacional que “la visión del gobierno de Canadá es que empresas canadienses inviertan en Ecuador en minería, en sectores estratégicos, ese es el interés de Canadá”  [2] .

Esto confirma lo que ya se advertía: que el objetivo principal de este tratado es expandir las inversiones mineras de Canadá. Y que éstas tengan la capacidad para demandar al Ecuador en tribunales internacionales de arbitraje, según el capítulo sobre Inversiones de dicho tratado.

Esta pretensión viola el artículo 422 de la Constitución del Ecuador, que prohíbe el mecanismo de arbitraje internacional para la resolución de controversias entre inversionistas y el Estado e irrespeta el pronunciamiento popular mayoritario que dijo NO al arbitraje internacional en el referéndum de abril de 2024 y al ratificar la Constitución de Montecristi en la consulta de noviembre de 2025.

En el Ecuador la minería canadiense ha provocado conflictos socioecológicos en Azuay, Loja, Cotopaxi, Bolívar, Morona Santiago, a los que se ha respondido con violencia y con criminalización a las personas defensoras del agua. La expansión minera agravará esta realidad.

En realidad, esto no es una novedad. En 2014, varias organizaciones presentaron a la CIDH el informe “Impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”  [3] a partir del estudio de 22 proyectos mineros en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras y México; que revela impactos ambientales, desplazamientos forzados, división de comunidades, criminalización de la protesta social, muertes violentas y heridas graves a opositores a los proyectos, daños a la salud, afectaciones económicas.

Este patrón sigue vigente, si se toma en cuenta que este 10 de septiembre la Misión Internacional de Observación y Solidaridad, integrada por 12 organizaciones internacionales de derechos humanos presentó en Quito el informe “Ataques y criminalización contra la sociedad civil en un contexto de militarización y extractivismo en Ecuador”, donde también se recoge esta problemática.

Los acuerdos con Estados Unidos

Acuerdo Marco para el Aseguramiento del Suministro en la Minería y el Procesamiento de Minerales Críticos y Tierras Raras: fue firmado el 4 de febrero de 2026; contiene ejes que van desde agilitar permisos ambientales hasta otorgarle a Estados Unidos la “primera opción” para invertir en activos mineros estratégicos y disuadir ventas de activos mineros por seguridad nacional. [4]

Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos: fue firmado el 13 de marzo; señala, por ejemplo, que las decisiones que tome el Ecuador sobre inversión extranjera deberán estar alineadas con los criterios de seguridad nacional de ese país; además, el Ecuador queda obligado a abrir los sectores estratégicos, dando prioridad a las inversiones de EE. UU. en petróleo, minería y energía.

Los intereses mineros de China

China controla varios proyectos mineros en la Cordillera de El Cóndor, y en las provincias de El Oro e Imbabura. Inversiones blindadas por un TLC con Ecuador, en vigencia desde mayo de 2024.

¿Qué implicaciones trae todo esto?

Las decisiones tomadas a través de estos acuerdos (negociados a puerta cerrada, impidiendo el debate público sobre sus implicaciones) van a contravía de la Constitución y de la voluntad ciudadana expresada a través de canales democráticos.

La naturaleza y los territorios -que son espacios de vida de pueblos y comunidades- se encuentran en medio de las disputas de estas tres potencias. Y en el centro de esta disputa: el agua, la Yakumama, corazón de la vida en su integralidad.

Notas:

[1] La importancia de los páramos para el Ecuador (2026)

[2] Esta declaración fue recogida por el periódico Primicias del 28 de julio de 2026.

[3] https://www.dplf.org/wp-content/uploads/2024/09/informe_canada_resumen_ejecutivo.pdf

[4] Periódico Primicias, 20 de febrero 2026. 

Fuente: Acción Ecológica