El gobierno avanza con la privatización de AySA: una empresa israelí asesora su venta

La medida implica la quita total de subsidios estatales, la transferencia del costo de las obras al cuadro tarifario y la autorización para aplicar cortes de suministro por morosidad sobre un servicio que abastece a màs de 15 millones de usuarios en el AMBA. Mientras se paralizan obras de saneamiento estratégicas en la Cuenca Matanza-Riachuelo, asambleas populares, foros hídricos y organizaciones socioambientales denuncian la flexibilización de los controles sanitarios, y convocan a defender el agua como un bien común inalienable mediante la movilización en los territorios y el impulso de una Ley en defensa del agua para la vida.

El proceso formal iniciado por el Poder Ejecutivo Nacional para transferir el 90% del paquete accionario de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) al capital privado ingresó en una etapa decisiva. Con la apertura de sobres fijada para el próximo 27 de agosto, la medida contempla un esquema de concesión a 30 años (prorrogable por un decenio más) sobre un servicio estratégico que abastece a más de 15 millones de usuarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.

Luego de que la Defensoría del Pueblo bonaerense impulsara una medida cautelar para frenar la licitación (fundamentada en la falta de audiencias públicas y la opacidad del pliego), el Gobierno Nacional apeló la resolución cuestionando el fuero interventor. La consumación de este avance privatizador resulta posible gracias a la abierta complicidad del Poder Judicial y a la inacción de una dirigencia política que no solo no opone resistencia efectiva, sino que resulta directamente funcional y responsable. En un fallo que convalida el remate del patrimonio público, el Juzgado Federal N° 3 de Lomas de Zamora rechazó in limine la acción de amparo ambiental colectivo presentada por el Foro Hídrico de Lanús, FARN, la Asociación de Abogados/as Ambientalistas y otras entidades, tras el dictamen en contra emitido por el fiscal Sergio Mola. La justicia desestimó las denuncias sobre la opacidad del pliego, la falta de audiencias públicas y la restricción de la información técnica a un Data Room confidencial reservado para las corporaciones, excusándose en formalismos procesales y alineándose de manera automática con la estrategia del Ejecutivo. Esta complicidad política y judicial se extiende a la consolidación de actores internacionales en la gestión del agua, la propia llegada al país de la firma estatal israelí Mekorot (que hoy asesora el proceso licitatorio) fue abierta y promovida por gestiones provinciales de diversos signos políticos, sembrando los antecedentes del actual vaciamiento soberano .

La decisión gubernamental trasciende la mera reorganización de los pasivos fiscales o la búsqueda de eficiencia gerencial en las empresas del Estado, insistiendo una vez más en un cambio de paradigma en el cual la gestión de los recursos hídricos deja de ser concebida como un derecho humano garantizado por la inversión pública para transformarse en un activo financiero sujeto a maximizaciòn de la ganancia. Este avance privatizador se enmarca en un contexto de retracción sistemática de la intervención estatal en la provisión de infraestructura básica, generando un escenario de incertidumbre sobre la continuidad de obras estratégicas y sobre las condiciones de acceso al servicio para los barrios de menores ingresos que habitan en los sectores periféricos y en los barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La licitación pública impulsada por el Gobierno Nacional ha estado signada por la celeridad administrativa y por un fuerte discrecionalismo en torno a las condiciones técnicas y económicas exigidas a los oferentes. Con la fecha fijada para la apertura de los sobres el próximo 27 de agosto, el cronograma oficial avanza sin haber habilitado instancias de participación ciudadana ni audiencias públicas, elementos que la legislación ambiental y de defensa del consumidor establecen como requisitos insoslayables ante la modificación estructural de un servicio público esencial.

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, asumiendo la representación de los intereses colectivos de los habitantes del conurbano, interpuso una medida cautelar ante la justicia federal con el objetivo de frenar preventivamente el avance de la licitación. La fundamentación jurídica de este amparo se sostiene en la vulneración del derecho constitucional a la información pública ambiental y en la carencia de estudios de impacto integral previos a la toma de decisión. Frente a esta acción, el Gobierno Nacional respondió mediante la interposición de un recurso de apelación, argumentando cuestiones de competencia jurisdiccional y amparándose en las facultades delegadas por la emergencia económica para disponer de las participaciones accionarias del Estado.

El Poder Ejecutivo mantiene inalterable el avance del pliego de bases y condiciones. Una de las aristas más cuestionadas de este procedimiento administrativo es la restricción deliberada del acceso a la documentación técnica, económica y operativa de la empresa. Estos registros, fundamentales para comprender el estado real de la red, los niveles de contingencia sanitaria y los pasivos ambientales, han sido confinados a un Data Room de carácter confidencial, cuyo acceso se encuentra reservado exclusivamente para los grupos corporativos que han adquirido los pliegos. Esta mecánica de reserva choca de manera directa con los preceptos de la Ley de acceso a la información pública ambiental y con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, el cual obliga a garantizar la transparencia y la participación del público en los procesos de toma de decisiones que afectan el medio ambiente y la salud comunitaria.

El concepto de soberanía, históricamente circunscrito a la defensa de las fronteras físicas y a la autodeterminación institucional, adquiere una dimensión intrínsecamente ligada al control y la administración de los recursos naturales estratégicos. La soberanía sobre el territorio se ejerce de manera concreta en la capacidad del Estado para garantizar la subsistencia biológica de su población y para direccionar el desarrollo urbano en función de las necesidades sociales y no exclusivamente de las lógicas de acumulación del capital privado.

Entregar la gestión hídrica de la principal cuenca demográfica del país a consorcios privados o transnacionales implica despojar a las instituciones democráticas y a las comunidades de la capacidad de decidir sobre el ordenamiento de su entorno. Resulta particularmente sintomático en este escenario la participación de la empresa estatal israelí Mekorot, la cual se encuentra brindando asesoramiento técnico en el proceso de negociación y estructuración de la privatización, replicando convenios similares que ya ha suscrito en diversas provincias del interior del país. La tercerización de la consultoría estratégica en firmas extranjeras subraya un vaciamiento de las capacidades técnicas del propio Estado argentino, el cual cuenta con un amplio acervo de conocimiento profesional en materia de ingeniería sanitaria e hidrología.

Cuando la distribución del agua potable y la expansión de las redes cloacales quedan regidas por la tasa de retorno de la inversión, las zonas geográficas con menor capacidad contributiva se convierten en áreas inviables para el desarrollo de nueva infraestructura. Los barrios populares, que requieren procesos de integración socio-urbana sostenidos por la inversión pública, pierden toda capacidad de demandar la cobertura de servicios básicos, dado que un actor corporativo carece de incentivos estructurales para destinar capital en territorios donde no puede recuperar rápidamente su inversión mediante el cobro de tarifas elevadas.

El nuevo esquema de concesión de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) implica la eliminación total de las transferencias y los subsidios del Tesoro Nacional. En este marco, tanto la operatividad diaria de las plantas potabilizadoras como el mantenimiento, las reparaciones y la expansión de la red deberán financiarse de manera exclusiva mediante la recaudación tarifaria. Al trasladar de forma directa los costos fijos y el margen de rentabilidad corporativa a las facturas, el modelo genera un fuerte efecto regresivo sobre los ingresos de los hogares. Asimismo, el contrato autoriza la interrupción del servicio de agua potable y saneamiento por morosidad en el pago, una medida que restringe el acceso a un derecho humano fundamental y agrava la precarización sanitaria en un contexto de deterioro económico.

Este proceso replica la dinámica privatizadora de la década de 1990, cuando la concesión de Obras Sanitarias de la Nación al consorcio Aguas Argentinas (liderado por Suez) derivó en:

• Incumplimientos sistemáticos en los planes de inversión y expansión en el conurbano bonaerense.
• Aumentos tarifarios recurrentes mediante renegociaciones contractuales, la dolarización de ingresos y la captura de los organismos de control.
• Deterioro en la calidad del servicio, caída en los parámetros de potabilidad y paralización de plantas depuradoras.

La transición hacia el capital privado viene precedida por una política de desfinanciamiento y congelamiento de la obra pública nacional. Esta retracción estatal se manifiesta en saldo físicos concretos: se interrumpieron las partidas para la finalización de esta megaobra sanitaria diseñada para ampliar la red de cloacas y evitar efluentes sin tratar en beneficio de 4,7 millones de habitantes. El retiro de fondos vinculados a la causa «Mendoza» traslada los costos de la remediación ambiental nuevamente al presupuesto público. El pliego flexibiliza la frecuencia de los muestreos y los protocolos de monitoreo bacteriológico y fisicoquímico para abaratar costos operativos del concesionario, exponiendo a la población a consumir agua de menor calidad.

En los barrios populares del conurbano, este escenario se traduce en una crisis estructural inmediata. Alberto Larez, referente multisectorial de Villa Fiorito (Lomas de Zamora), denuncia que la falta de mantenimiento mantiene fuera de servicio la planta de tratamiento cloacal local. Ante la insuficiencia de los camiones desobstructores, las precipitaciones provocan el desborde constante de efluentes sobre las calles. La combinación de tarifas elevadas, la amenaza de cortes por falta de pago y la paralización de las obras profundiza la desigualdad en sectores vulnerables que deben optar entre costear el servicio, alimentos o medicamentos.

Frente a la mercantilización del servicio, asambleas barriales, foros hídricos y organizaciones socioambientales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) articulan plenarios y acciones de resistencia territorial. En el plano legislativo, la Fundación Che Pibe, SERPAJ y distintas multisectoriales impulsan la recolección de firmas para la Iniciativa Popular «Ley en Defensa del Agua para la Vida», fundamentada en cuatro ejes centrales:

• Protección ambiental: establece principios esenciales para el saneamiento y la preservación de las fuentes de agua dulce.
• Obligación estatal: compromete legalmente a las autoridades públicas a mantener y proteger la infraestructura hídrica nacional.
• Prohibición de privatizar: impide la transferencia total o parcial de los servicios sanitarios al sector privado.
• Transparencia irrestricta: garantiza el acceso público, gratuito y libre a toda la información técnica, económica y ambiental del recurso.

La articulación social reafirma que el acceso al agua potable constituye un bien común inalienable que debe sostenerse por fuera de las lógicas de rentabilidad financiera.

Fuente:  ANRed