Empresa española rechaza vender pieza de equipo médico a un hospital cubano

La salud, en Cuba, no es una mercancía: es un derecho jurado. Lo dice el artículo 72 de la Constitución de la República, aprobada por referéndum popular en 2019: la salud pública es un derecho de todas las personas, y es responsabilidad del Estado garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y recuperación.

Es la norma suprema de un sistema reconocido en medio mundo, que ha inspirado a otros pueblos a soñar con lo mismo, que ha llevado médicos y medicinas a rincones donde antes nunca había llegado un Estado. Cuba no solo se convirtió en referente sanitario de su región: exportó salud como quien reparte esperanza. Y tal vez ahí, precisamente ahí, esté su pecado más imperdonable: haber sido, durante más de sesenta años, la prueba viva de que otro sistema de salud sí era posible.

Ese es el sistema que hoy, en pleno 2026, no logra comprar una simple junta de goma para reparar un liofilizador averiado.

No es un embargo, es un bloqueo extraterritorial

La Ley Helms-Burton de 1996 no se limita a regular el comercio entre Cuba y Estados Unidos: prohíbe que empresas de terceros países vendan a Cuba bienes cuya tecnología contenga más del 10% de componentes estadounidenses, y multa a bancos y empresas de cualquier nacionalidad que faciliten operaciones con la isla.

La Unión Europea cuenta con una herramienta legal que, en teoría, obliga a sus miembros a ignorar el bloqueo estadounidense y a sancionar a las empresas que sí lo acaten; en la práctica, por el miedo esa ley rara vez es respetada

Que el objetivo nunca fue solo el Estado cubano lo documenta el propio Departamento de Estado: un memorando desclasificado en 1991, firmado el 6 de abril de 1960 por el subsecretario adjunto Lester D. Mallory, proponía debilitar la economía cubana para provocar "hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno". Según el informe que Cuba presenta anualmente ante la ONU, entre marzo de 2025 y febrero de 2026 el bloqueo causó pérdidas de algo más de 367 millones de dólares solo en salud.

El expediente: una junta de goma y casi un mes de correos

Todo empieza el 26 de agosto con un correo sencillo. Alejandro Pedregal, profesor e investigador de la Universidad de Aalto, en Finlandia, quiere ayudar a Cuba y escribe a Telstar (grupo Syntegon), en Terrassa. Pregunta el precio y la disponibilidad del liofilizador LyoBeta y aclara que sería para un hospital cubano. También consulta si la empresa envía a la isla y a qué coste. Y si no fuera posible, cuánto pesa y ocupa la máquina, para buscar otra vía de hacerla llegar.

El 31 de agosto, ventas responde con un cuestionario para entender mejor lo que se necesita. Pedregal lo reenvía al hospital —quienes, al fin y al cabo, conocen la máquina al detalle— y lo devuelve completo el 9 de septiembre. El 15 llega la respuesta: un catálogo y un modelo que "podría ser interesante". Pero hay una confusión. Lo que el hospital necesita no es un equipo nuevo, sino la pieza de toma que sirve para cerrar (la junta que sella la máquina herméticamente). Pedregal lo aclara ese mismo día y, en minutos, ventas lo deriva al departamento de repuestos.

Ahí empieza otra ronda. El 16 de septiembre, repuestos le envía un cuestionario técnico y, en paralelo, otro formulario más: empresa, NIF, dirección fiscal, dirección de entrega, modelo y número de serie. Con dos condiciones: pago por adelantado y un pedido mínimo de 150 euros.

El 24 de septiembre, ventas le escribe para preguntar si hay novedades con el formulario técnico. Pedregal se disculpa por la demora, explica que el hospital solo necesita la goma del cierre, adjunta una foto y pregunta si falta algún dato para avanzar.

La respuesta llega ese mismo día, desde repuestos: Según la información facilitada en el documento adjunto y la verificación realizada a partir del número de serie, entendemos que el equipo se encuentra instalado en Cuba. En caso de que esta información sea correcta, lamentablemente no podemos emitir una oferta comercial ni suministrar repuestos o servicios para este equipo, ya que nuestra compañía no dispone de autorización para realizar operaciones comerciales con Cuba, de acuerdo con la normativa y políticas corporativas vigentes. Si efectivamente se encuentra en Cuba, no podremos continuar con la gestión de esta solicitud.

Pedregal insiste con un último intento: comprar la pieza a título personal, sin mencionar el destino final. La respuesta es la misma. No se puede, porque el uso final seguiría siendo un equipo en Cuba.

Casi un mes de cuestionarios, catálogos y formularios para terminar sin poder vender —ni siquiera a un particular residente en la Unión Europea— una junta de goma cuyo coste real es, con toda probabilidad, una fracción del pedido mínimo de 150 euros que la propia empresa exigía.

Lo que se deja de hacer

El equipo es un liofilizador LyoBeta (Azbil Telstar Technologies, 2015), instalado en el banco de tejidos del Complejo Científico Ortopédico Internacional Frank País, el hospital de ortopedia más grande de Cuba, que Fidel Castro encargó construir en 1967 al doctor Rodrigo Álvarez Cambras.

Uno de los grandes “pecados” de Cuba fue el desarrollar un sistema de salud universal y gratuito capaz de exportar médicos, ya que demuestra que sí es posible tener un sistema sanitario que no responda a los intereses del gran capital

Allí se liofiliza aloinjerto óseo —hueso donado que, tras el proceso, puede almacenarse años de forma estéril y usarse en cirugía reconstructiva para evitar amputaciones en pacientes con tumores óseos o traumatismos graves— y piel porcina, empleada como apósito biológico temporal en quemados.

La goma de cierre sella la cámara de vacío: sin ella, el ciclo de liofilización no puede completarse, y ninguno de los dos procesos es posible. Según la propia ficha técnica que el hospital preparó para buscar una sustitución, se procesan por lote unas 15 unidades de aloinjerto óseo y 45 de piel porcina, en tandas que se repiten, en condiciones normales, dos veces al mes: decenas de injertos mensuales, en un hospital de referencia nacional, dependen de esa máquina.

La ley que debería haberlo impedido

Desde 1996 la Unión Europea tiene una herramienta legal diseñada exactamente para estos casos: el Reglamento (CE) n.º 2271/96. Su artículo 5 prohíbe a cualquier empresa o ciudadano de la UE cumplir, directamente o a través de un intermediario, con los requisitos derivados de las leyes extraterritoriales listadas en su anexo, y ese anexo nombra explícitamente tanto la Ley Helms-Burton como el reglamento estadounidense de Control de Activos Cubanos (31 CFR Parte 515).

Es decir: la normativa europea obliga a Telstar a ignorar el bloqueo estadounidense, salvo que cuente con una autorización expresa de la Comisión Europea para cumplirlo parcialmente, algo que solo se concede cuando el incumplimiento causaría un perjuicio grave a la empresa. El reglamento incluso obliga a cada Estado miembro a imponer sanciones "efectivas, proporcionadas y disuasorias" a las empresas que sí acaten esas leyes extranjeras.

Cuando Telstar respondió que "no dispone de autorización" y alegó "normativa y políticas corporativas", dejó sin contestar la pregunta obvia: ¿qué normativa, exactamente? Porque la norma que sí existe, la europea, dice lo contrario.

Es posible que la empresa cuente con una autorización de cumplimiento parcial que no se ha hecho pública; no hay forma de confirmarlo desde aquí. Pero, a falta de esa explicación, lo que queda documentado es una empresa en España aplicándose a sí misma, por miedo, una ley que su propio país está obligado a bloquear.

El precio en vidas de una política del miedo

Nadie en Telstar decidió, por convicción, que un hospital cubano no merecía esa pieza. Fue el miedo quien escribió esos correos, un miedo que la propia legislación europea existe para neutralizar y que no logró disipar. Esa es la eficacia perversa de la extraterritorialidad: no hace falta perseguir a Cuba directamente si basta con que empresas de todo el mundo se autocensuren antes de que Washington mueva un dedo.

Telstar se presenta al mundo con el lema "Technology. Science. Life." Y cabe preguntarse, como hizo el propio Pedregal, para quién es esa vida cuando una junta de goma vale menos que el riesgo de una sanción que la ley europea dice que no deberían temer.

El bloqueo obstaculiza el comercio de Cuba con el resto del mundo, no solo con Estados Unidos; por ejemplo, la Ley Helms-Burton multa a bancos y empresas de cualquier país que tengan operaciones en Cuba

Esa pregunta tiene destinatarios concretos. Detrás de cada término técnico de este expediente —aloinjerto óseo, apósito biológico, junta de cierre— hay un cuerpo que aguarda: un paciente que no sabe que su cirugía se posterga porque, a miles de kilómetros, alguien no se atrevió a firmar; una quemadura que necesita piel nueva y solo cuenta con el tiempo, que, a diferencia de un formulario, no admite prórroga.

Y nadie responde por ello, porque esa es la ventaja siniestra de la burocracia del bloqueo: nunca se mancha las manos. Nadie firma una sentencia ni ordena un daño; se demora una respuesta, se exige un papel más, se archiva un correo, y ese silencio administrativo llega a un hospital cubano convertido en un día más de lo necesario. Esa es la distancia exacta entre la política y la vida: la política puede esperar. Los cuerpos, no.

Así funciona la asimetría de este mundo: las armas atraviesan fronteras entre contratos y licencias, y una pieza para salvar vidas no logra atravesar un formulario: lo que mata circula, lo que cura se detiene. Mientras tanto, en el Frank País, el liofilizador sigue averiado y con él cada lote de injertos que no se puede procesar.

Detrás de esta junta de goma no hay un debate jurídico ni un cálculo de riesgos: hay un miembro que aún puede salvarse, una piel que puede volver a cerrar, personas con un nombre, una historia y una prisa que ningún trámite entiende. Y frente a eso queda una pregunta elemental, que no es de leyes sino de humanidad: ¿en qué momento aceptamos que una vida dependa de una simple pieza que nadie, por miedo, se atreve a vender?

Fuente: Diario Red