La minería ilegal gana terreno en el Parque Nacional Huascarán

El Parque Nacional Huascarán, ubicado en la sierra de la región Áncash, es refugio de 985 especies de flora, 190 de aves y 23 de mamíferos, además de ocho de insectos y cinco de anfibios. Sin embargo también alberga socavones, campamentos y residuos contaminantes vinculados a la minería ilegal polimetálica (oro, cobre, zinc, entre otros).

Pese a su condición de Área Natural Protegida (ANP) desde hace 50 años —en cuyo territorio se han registrado más de 600 glaciares y 300 lagunas de origen glaciar—, no se ha logrado impedir el desarrollo de la extracción ilegal de minerales, especialmente en la zona de Quebrada Honda, en el distrito de Marcará, provincia de Carhuaz. 

Entre 2016 y 2020, el Ministerio Público, en conjunto con otras autoridades, realizó varias intervenciones en el Parque Nacional Huascarán y logró interdictar campamentos, equipos, herramientas y sacos de mineral en 23 minas ilegales en Quebrada Honda.

Pero la minería ilegal persiste en la zona. Según fuentes que pidieron no ser citadas, en Quebrada Honda se realiza esa actividad y algunas intervenciones de las autoridades no se han podido concretar porque los integrantes de la Comunidad Campesina de Vicos, ubicada en esa área, no dieron permiso para que ingresen.

“No, totalmente es falso”, respondió a esa acusación el presidente de la Comunidad Campesina de Vicos, Juan Meza Tafur, al ser consultado por OjoPúblico sobre el presunto papel protector de los comuneros hacia los mineros ilegales.

El dirigente —quien se excusó de responder a todas las preguntas de este medio, porque dijo no tener autorización de los 10 sectores que componen la comunidad— argumentó que no se ha permitido el ingreso de las autoridades a la zona de Quebrada Honda porque no han pedido autorización a la asamblea general.

También indicó que no existe minería ilegal en el parque y que ellos tampoco la realizan. “No hay nada de eso”, dijo. Agregó que la comunidad, por el contrario, colabora en el cuidado del medio ambiente, porque se trata de sus tierras, compradas antes del establecimiento del área natural protegida.

Ubicada a 4.700 metros sobre el nivel del mar, Quebrada Honda es el epicentro de la actividad minera en el Parque Nacional Huascarán, pese a que en su territorio alberga glaciares, lagunas, pastizales, matorrales, bofedales, bosques de quenuales, zorros andinos, pumas y venados.

Para llegar a la zona se debe partir en vehículo desde el casco urbano del distrito de Marcará y, después de unas dos horas y media de tránsito por una trocha carrozable, se observa el río en lo profundo de la quebrada y, a los costados, las bocaminas.

Ubicada a 4.700 metros sobre el nivel del mar, Quebrada Honda es el epicentro de la actividad minera en el Parque Nacional Huascarán.

En la legislación peruana existen dos tipos de ANP: las de uso directo y las de uso indirecto. En esta segunda categoría se encuentran los parques nacionales, como el Huascarán, donde no pueden llevarse a cabo actividades extractivas, y menos aún ilegales. 

“La minería ilegal no es compatible con ninguna ANP, porque es ilegal, no tiene certificación ambiental, no tiene un título habilitante para extraer el recurso natural, no hay ningún tipo de control que garantice que el objetivo de conservación está garantizado”, sostiene Katherine Sánchez Lozano, abogada de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Agrega que esa actividad tiene un altísimo impacto en estos espacios, ya que puede provocar la pérdida de muestras de biodiversidad única en el país, lo que genera un perjuicio para el presente como para las futuras generaciones.

En particular, el impacto es especialmente grave en las ANP de tipo parque nacional, debido a que se trata de ecosistemas únicos y de alta fragilidad.

Condenas e investigaciones fiscales

OjoPúblico tuvo acceso a 10 investigaciones fiscales en curso por minería ilegal en Quebrada Honda, a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Huaraz. Algunas están en investigación preliminar, otras en investigación preparatoria y hay también con acusación ante el Poder Judicial. Se trata de evidencia de la actividad ilícita en territorio.

“Cualquier actividad de extracción que se desarrolle dentro de los límites del parque constituye una afectación grave al patrimonio natural de la nación”, sostiene el fiscal Fernando Burga Li, titular de la FEMA Huaraz, y asegura que las autoridades están en constante coordinación, para combatir esa actividad ilícita.

El Ministerio Público abrió 10 carpetas por minería ilegal en el PNH

A la fecha, tres ciudadanos han sido condenados a ocho años de cárcel por el delito de minería ilegal en el Parque Nacional Huascarán.

La primera sentencia la dictó, en abril de 2015, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Huaraz, contra Celfio Gregorio Albujar Cerda. Fue encontrado realizando minería ilegal en una zona distinta a su área de concesión formal Stella Polare, ubicada en la quebrada Canchajilca, en el caserío de Huallín, distrito de Chacas, provincia de Asunción. En julio de ese mismo año, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Áncash ratificó la condena.

“Cualquier actividad de extracción que se desarrolle dentro de los límites del parque constituye una afectación grave al patrimonio natural de la nación”, sostiene el fiscal Fernando Burga Li.

La segunda se dio en setiembre de 2025, contra Johan Orlando Larragán Chamorro. El caso estuvo ligado a la concesión Minera Amistad, en la quebrada de Cajavilca, en el distrito de Yanama, provincia de Yungay. 

En noviembre de 2025, el Juzgado Penal Colegiado de Huaraz condenó a Edgar Melanio Sánchez Valerio por minería ilegal agravada, tras una investigación de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Huaraz. La sentencia incluye el pago de una reparación civil de S/144.351, a favor del Ministerio del Ambiente, por minería ilegal en el paraje Santa Ana (Quebrada Honda), en el distrito de Marcará.

Intervenciones fallidas

Además de Quebrada Honda, existen más testimonios sobre acciones de obstaculización al trabajo de las autoridades con el objetivo de evitar las intervenciones. El director regional de Energía y Minas (DREM) de Áncash, Ricardo Castillejo Melgarejo, comentó que en enero de este año se realizaron dos intervenciones en el centro poblado de Tumpa, en la provincia de Yungay, zona de amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán.

La primera —contó— se dio a raíz de una alerta lanzada por personal de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Áncash que vigila los nevados y dio aviso de presunta actividad minera al pie del Huascarán. Con esa alerta, el equipo técnico de la DREM acudió al lugar. “La sorpresa es que, a la hora que hemos subido, se notaba en la parte alta transitando una excavadora, pero cuando llegamos ya habían huido”, narró el funcionario a OjoPúblico.

Respecto a la segunda intervención, indicó que esta sí terminó con una orden de paralización de actividades contra la minera formal California, que ha dejado de operar hace años y mostraba indicios de traslado de relaves de la minera, sin contar con un plan de cierre aprobado, el cual también requiere la respectiva actualización de su declaración de impacto ambiental. 

¿Hay minería ilegal en el Parque Nacional Huascarán?, preguntó este medio a Castillejo Melgarejo. “Hay comentarios de que en la zona de Vicos se está haciendo actividad minera ilegal, pero no hemos llegado hasta ahí, porque la comunidad no nos deja”, respondió.

Publicado el 1 de julio de 2025, el Plan Maestro del Parque Nacional Huascarán 2025-2030, revela que en esa área reservada sí existe minería ilegal, detectada en la zona de amortiguamiento, incluidos glaciares, periglaciares y bofedales. Esta “constituye una actividad completamente fuera del marco legal, carente de fiscalización y control ambiental”, indica el documento.

El instrumento —elaborado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp)— agrega que, si bien la presencia de la minería ilegal es de carácter potencial, en el parque se han identificado “socavones, campamentos precarios, pozas de aguas ácidas y áreas de desmonte, los cuales han generado pérdida total de la cobertura vegetal, alteración del suelo y contaminación de cuerpos de agua”.

El jefe del Parque Nacional Huascarán, Abdías Villoslada Taipe, comentó que se conoce de denuncias anónimas de actividad minera ilegal en Quebrada Honda, pero no saben la magnitud del impacto porque no pueden ingresar a la zona. 

“Ese tipo de actividades no deben existir en estos espacios y hay que erradicarlos, y eso se puede hacer con trabajo en conjunto. Es una tarea pendiente que tenemos”, indicó a OjoPúblico.

Otra evidencia de la minería ilegal en la zona es una intervención realizada el pasado 10 de febrero en el distrito de Marcará, provincia de Carhuaz. La Policía intervino tres volquetes cargados con 90 toneladas de minerales ilícitos, valorizados en más de S/2,9 millones, provenientes presuntamente del Parque Nacional Huascarán.

Minería formal 

Aunque la minería no es una actividad compatible con los ecosistemas que se protegen en un área natural reservada, en el Parque Nacional Huascarán existen cinco concesiones mineras formales en operación: Garrosa, ubicada en el distrito de Marcará, Pararrayo, en Aquia; UEA Aquia, en Bolognesi; Amistad Segunda, en Yungay, y Arequipa-M, en San Miguel de Aco.

De acuerdo con el Plan Maestro de esta área, esa actividad aunque formal “constituye una amenaza ambiental relevante y un foco de atención para la gestión del ANP”. Si bien estas operaciones cuentan con autorizaciones vigentes y disponen de Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) aprobados, la implementación de sus compromisos ha sido parcial y limitada. 

El documento también indica que los impactos negativos de esa actividad sobre los ecosistemas son visibles y acumulativos, ya que se desarrolla sobre ecosistemas, como bofedales, matorrales altoandinos y zonas periglaciares, donde hay socavones, desmontes, campamentos, pozas para tratamiento de aguas ácidas y tolvas de carguío, los que también han generado pérdida de cobertura vegetal y contaminación de cuerpos de agua en cabeceras de cuenca. 

El director regional de Energía y Minas de Áncash, Ricardo Castillejo, confirmó la existencia de estas concesiones mineras y sobre el cumplimiento de sus obligaciones señaló que tienen algunas dificultades para ingresar a las ubicadas en el dominio de la Comunidad Campesina de Vicos.

El funcionario también reveló que en el parque hay otras 33 concesiones autorizadas, que aún no han iniciado sus trabajos de exploración y explotación. De estas —comentó— la Patricia CR, de propiedad de Minera Vicos S.A., está buscando la aprobación de su Declaración de Impacto Ambiental (DIA), para iniciar sus actividades.

Reinfo, congresistas y candidatos

El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), padrón administrado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), fue diseñado en 2012 para formalizar a los mineros informales. Aunque ese proceso debía cerrar en 2019, el Congreso y el Ejecutivo lo han ampliado cinco veces, la última se extiende hasta el 31 de diciembre de este año.

El fiscal Fernando Burga cuestionó estas ampliaciones. “El hecho que se den ampliaciones tras ampliaciones es un favorecimiento a la actividad minera ilegal, porque no hay resultados positivos, son escasos aquellos mineros que con ello pueden llegar a formalizarse”, dijo a OjoPúblico.

En efecto, Castillejo Melgarejo señaló que en esa región, desde 2012 hasta la fecha, solo se han formalizado 52 de los 4.500 mineros inscritos, lo que equivale a solo 1%.

Muchos mineros que están en el Reinfo se han inscrito en la concesión de terceros, por lo tanto nunca van a cumplir los requisitos para formalizarse, porque no cuentan con el contrato de explotación de la concesión, indicó el funcionario sobre las dificultades para la formalización 

Comentó que ha recibido la visita de los congresistas de Áncash, Kelly Portalatino Ávalos (Perú Libre), Elías Varas Meléndez (Juntos por el Perú) y Lady Camones Soriano (Alianza para el Progreso), para tratar el tema de la minería, pero ninguno le ha manifestado su voz de protesta ante las ampliaciones del Reinfo. “Nunca los congresistas han tocado el tema de formalización, no han pedido el cierre, no lo han hecho”, aseguró.

La última ampliación del Reinfo se aprobó en el Congreso el 4 de diciembre, con 60 votos a favor, 36 en contra y ocho abstenciones. El 17 de ese mismo mes, la Comisión Permanente del parlamento la ratificó en segunda votación. El 26 de diciembre se promulgó la norma.

De los cuatro congresistas de Áncash que actualmente postulan al cargo de senador, votaron a favor de la última ampliación del Reinfo Nilza Chacón Trujillo, de Fuerza Popular, y Kelly Portalatino Ávalos, de Perú Libre. Lady Camones estuvo con licencia y Elías Varas fue registrado como ausente.

Fuente: Ojo Público