La tierra que se promete y se niega

COLUMNA TIERRA ROJA

El gobierno ha desatado una enorme campaña para vender la idea de que las comunidades campesinas están contentas y satisfechas con la política de tierras del INDERT (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra). Habla de una titulación masiva, pero miente o ignora que este es uno de los gobiernos que menos títulos ha entregado.

Las cifras del propio INDERT lo muestran. Desde la caída de la dictadura de Stroessner, en 1989, hasta 1998 se finiquitaron poco más de 36.000 títulos de propiedad. El gobierno actual lleva 6.683 y promete llegar a 50.000, cuando le quedan solo dos años de mandato.

¿Por qué hubo avances en la titulación en la década del 90? No fue por la bondad de los gobiernos de la época ni por su cercanía con los movimientos campesinos. Hubo avances porque hubo una explosión de ocupaciones de tierras, un movimiento campesino organizado y movilizado que ocupaba y recuperaba territorio. Si hubo algún avance en la democratización de la tierra, fue por la acción campesina organizada.

A pesar de las grandes conquistas de los movimientos campesinos, la tierra en Paraguay sigue en muy pocas manos, todo el aparato estatal está diseñado para mantener esta injusticia estructural.

Para graficar esta situación mencionemos el trabajo de Pereira y Solís (2024) -en el estudio Evolución de la estructura agraria paraguaya. Concentración persistente entre 2008 y 2022-, señalan que, en el 2022 solo 182 productores, el 0,07 % del total, concentraban más de 12 millones de hectáreas, casi el 40 % de toda la superficie agropecuaria del país. En el otro extremo, más de 118.000 productores con menos de cinco hectáreas se repartían apenas el 0,8 % de la tierra, unas 229.000 hectáreas.

Un problema de larga data, que se observó antes del 2008 y persiste hasta hoy. En 2008, 207 productores ya concentraban el 40,7 % de la tierra. El índice de Gini, que mide la desigualdad y llega a 1 en el caso de la desigualdad perfecta, fue de 0,9743 en 2008 y de 0,9738 en 2022. En catorce años, bajo distintos gobiernos, casi nada cambió.

Mientras tanto, el campesinado se achica. Entre 2008 y 2022 los productores de menos de cinco hectáreas aumentaron en unos 3.600, pero la tierra en su poder disminuyó en más de 8.000 hectáreas. Hay más gente disputándose menos tierra, minifundización y precarización del campesinado.

La concentración, además, decide qué se produce. Según el estudio, cuatro rubros propios del agronegocio (soja, trigo, maíz y arroz con riego) ocupaban el 84 % de la superficie cultivada en 2008 y llegaron al 93 % en 2022. Solo el 7 % restante queda para todos los demás cultivos temporales. Ese espacio se achicó en más de 271.000 hectáreas, y en él están rubros típicamente campesinos como el maíz chipa, el poroto y el maní, que retrocedieron tanto en número de fincas como en superficie.

Entre estas cifras están las personas sin tierra: campesinos y campesinas sin parcelas o con parcelas insuficientes, hijos e hijas de familias minifundiarias que no tienen dónde sembrar, personas despojadas por violencia o engaño, y quienes producen en parcelas prestadas o alquiladas. Según los cálculos al cruzar los hogares rurales de la Encuesta Permanente de Hogares con las fincas campesinas del Censo 2022, la brecha ronda entre 238.000 y 401.000 hogares rurales sin una finca propia. Ninguna campaña de titulación, por ruidosa que sea, responde a esa realidad. Actualmente no se están creando nuevas colonias campesinas o habilitando mayor territorio para familias campesinas, todo lo contrario.

Frente a esta realidad, lo que el Estado ofrece al campesinado no es tierra, sino persecución. Mientras el gobierno lanza su campaña mediática sobre su accionar rural, sus brazos represivos violentan, desalojan y amedrentan a comunidades campesinas e indígenas. Se persigue a mujeres y varones de las organizaciones populares, se dictan órdenes de captura, se montan operativos policiales y militares, se imponen tobilleras electrónicas y se lleva a juicio a quienes siguen luchando por el acceso a la tierra.

Los sucesivos gobiernos han creado y fortalecido mecanismos judiciales para coartar esa lucha, como la llamada «Ley Riera-Zavala», que busca convertir la lucha campesina en un crimen, contradiciendo incluso principios consagrados en la Constitución Nacional y en el propio Estatuto Agrario. Se hace propaganda de la titulación, pero se judicializa y se criminaliza a quienes reclaman la tierra.

En pocos días, la justicia paraguaya llevará a juicio oral y público a campesinas y campesinos que, en 2023 y 2024, luchaban por acceder a unas tierras que, a su entender, eran fiscales, es decir, públicas y no propiedad privada. Aquella acción terminó además de la represión, con personas heridas y detenidas con la muerte de Edgar Francisco Villalba, presumiblemente por el disparo de guardias civiles privados.

Hasta hoy no se sabe nada de los responsables. El Ministerio Público parece más interesado en juzgar a los campesinos que en esclarecer esa muerte.

La realidad no es la que cuentan las redes sociales del INDERT. La realidad es que la tierra sigue concentrada en pocas manos, y que las organizaciones campesinas enfrentan presión judicial, chantajes y amenazas institucionales, con excesivas trabas e imposiciones para comercializar sus productos, con sanciones tributarias, con campañas de estigmatización, sin apoyo real y con cada vez más especuladores sobre sus tierras.

Un país donde 182 personas tienen casi el 40% de la tierra y miles de campesinas/os no pueden acceder a la tierra, no necesita una campaña de imagen, sino una política de tierras real y transformadora, pero eso está visto que no vendrá de este gobierno.

Fuente: Desinformémonos