Más de 110 personas han sido procesadas por ayudar a personas migrantes en 2025

La ayuda humanitaria se convierte en delito en la  Europa fortaleza, una “realidad distópica”, en palabras de Silvia Carta, responsable del estudio sobre la criminalización de la ayuda a migrantes que se ha hecho público este 21 de abril. 

Según el informe, realizado por la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados ( Picum) y otras ONG, al menos 110 personas en la Unión Europea han sido procesadas en 2025 por ayudar o asistir a personas migrantes. De ellas, 41 fueron “criminalizadas” por rescatar o ayudar a migrantes en el mar; 17 por participar en protestas y otras formas de desobediencia civil; 12 por ayudar a cruzar fronteras; diez por proporcionar asistencia jurídica o información y ocho por dar comida, agua y ropa. 

Las cifras confirman una “tendencia preocupante”, con cifras similares documentadas en los años previos: al menos 142 personas fueron criminalizadas en la UE en 2024; al menos 117 en 2023; al menos 102 en 2022; y al menos 89 entre enero de 2021 y marzo de 2022. 

Los países que más persiguen la solidaridad con los migrantes son Grecia, con 50 casos; Polonia (20), Italia (19) y Francia (14). Según detalla, la duración media de los procedimientos registrados supera los tres años. Además de los casos particulares, el estudio halló once casos de organizaciones sociales que han sido víctimas de multas y sanciones administrativas por esta ayuda a la población migrante, la mayoría de rescate de personas en alta mar. El estudio también documenta al menos 33 casos de “acoso no judicial” como intimidación y campañas de difamación. 

Las perspectivas no son buenas para los siguientes años. La autora del informe augura que las “tendencias de criminalización” solo pueden empeorar tras la aprobación de la  Directiva de Retorno de la UE, que normalizará una vez validada las deportaciones a terceros países. Con esta propuesta, analiza Carta, se “corre el riesgo de que más personas sean arrestadas o llevadas a juicio por ayudar a quienes lo necesitan y de que los propios migrantes sean acusados de tráfico”. 

“Las campañas de difamación, la persecución, el acoso policial, la legislación arbitraria y los procesos contra defensores de derechos humanos y actores de la sociedad civil en solidaridad con migrantes crean un entorno de criminalización diseñado para intimidar, agotar y silenciar”, declara Alkistis Agrafioti Chatzigiann, abogada del Consejo Griego para los Refugiados, otra de las organizaciones que ha participado en el informe.

Fuente: El Salto