Repensar la regulación de los mercados agrícolas para la transición agroecológica en Europa

La Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea (UE) es objeto de una intensa controversia. Sin embargo, las incertidumbres y los riesgos que afectan a la producción agrícola y al suministro de alimentos, tanto dentro de la UE como a nivel mundial, representan una amenaza cada vez mayor. La seguridad del suministro alimentario de la población europea ya no puede darse por sentada.

La primera parte de este informe, redactado por Laurence Roudart y Lou Plateau, describe brevemente la evolución de la PAC desde 1992: la transición del apoyo a los precios de mercado como medida principal a los pagos directos y, posteriormente, a los pagos directos desacoplados, representó un punto de inflexión crucial. Esta sección analiza la justificación de la intervención pública en el sector agrícola, según la concepción de una corriente específica de la economía pública. A continuación, se comparan los pagos directos desacoplados con otros instrumentos de apoyo a los ingresos agrícolas: el apoyo a los precios de mercado, los pagos vinculados a la producción, los pagos por superficie cultivada, los pagos basados ​​en el uso de insumos variables y los pagos a tanto alzado basados ​​en derechos históricos.

Los estudios económicos citados en esta primera sección no aportan argumentos suficientemente sólidos a favor de los pagos directos desacoplados frente al apoyo a los precios de mercado. Algunos de estos estudios concluyen que los pagos vinculados a la producción son más eficaces que los pagos directos desacoplados cuando las externalidades positivas aumentan con el nivel de producción. Otros estudios demuestran que, combinados con cuotas, el apoyo a los precios de mercado y ciertos pagos vinculados pueden generar resultados comparables a los de los pagos a tanto alzado. Además, la investigación en sociología agrícola sugiere que los pagos directos desvinculados han fomentado el desarrollo de explotaciones agrícolas de estilo corporativo, gestionadas mediante delegación en lugar de por los propios agricultores.

La segunda parte del informe ofrece una visión general de los instrumentos de regulación del mercado agrícola que pueden utilizarse para promover la transición agroecológica, garantizar ingresos dignos para lxs agricultores y recrear condiciones socioeconómicas propicias para el acceso a la profesión agrícola. En este contexto, es fundamental restablecer una política de apoyo a los precios que se pagan a los agricultores por determinados productos. Dicha política debe estar vinculada a mecanismos de gestión de la oferta para prevenir la sobreproducción y debe ser coherente con las políticas de comercio internacional.

La PAC actual, que apoya los ingresos agrícolas mediante pagos desacoplados sin directrices explícitas, fomenta la expansión de grandes explotaciones productivistas y el continuo declive de la agricultura. En cambio, la transición agroecológica implica el desarrollo de una red de explotaciones más numerosas y diversificadas, distribuidas por los paisajes agrícolas europeos. Para poder adoptar prácticas agrícolas sostenibles, que inicialmente conllevan altos riesgos, los agricultores deben asegurar precios que cubran sus costes de producción. De lo contrario, no pueden asumir dichos riesgos.

Existen diversas medidas de política agrícola que pueden adoptarse para anticipar desequilibrios de mercado y minimizar el riesgo de futuras crisis. Es fundamental que se implementen en colaboración con las organizaciones de productores, en múltiples niveles de intervención. Dichas políticas ya están en funcionamiento en muchos países, como India, Canadá y Noruega. Los análisis empíricos de los sistemas de precios garantizados que cubren los costes de producción de leche, combinados con la gestión de la oferta, demuestran que estas políticas no necesariamente conllevan mayores costes para los consumidores. De hecho, la desregulación del mercado puede llevar a los agentes de las cadenas de suministro a aumentar sus márgenes de beneficio, en detrimento tanto de productores como de consumidores.

El neoliberalismo ha muerto. Nos enfrentamos a una grave crisis ecológica. Dado el nuevo contexto geopolítico y medioambiental mundial, es vital que reformemos la PAC para el periodo 2027-2034, revirtamos el descenso del número de agricultores y avancemos hacia formas de agricultura diversificadas y sostenibles.

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Fuente: La Vía Campesina