Sector minero exige más flexibilización en nombre de la “transición energética"

Delegaciones y representantes de Finlandia, Nueva Zelanda, Australia, Brasil, Estados Unidos y Suecia estuvieron presentes, además de “embajadas representando la minería de sus países”, declaró el presidente del comité organizador de la reunión, Abel González Vargas, también presidente del Clúster Minero de Zacatecas y gerente general de la empresa minera con capital canadiense Capstone Copper Cozamín, que opera una mina subterránea de cobre y plata, ubicada a 3.6 kilómetros al noroeste de la ciudad de Zacatecas.

Funcionarios del estado de Zacatecas, segundo estado mexicano en la producción minera después de Sonora, trabajaron de la mano con el sector minero en la promoción y organización del encuentro. Para ello, fueron realizadas reuniones preparatorias e incluso una rueda de prensa en conjunto para anunciar el evento.

En la ceremonia inaugural, el gobernador del estado, David Monreal Ávila fue acompañado, entre otros, por el gerente general de la canadiense Capstone Copper Cozamín, González Vargas, y por el presidente nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), Rubén del Pozo Mendoza. En común, los discursos repitieron la vieja máxima de “la minería como motor del desarrollo”, además de compartir la euforia en relación a posibles nuevas inversiones del sector en México, especialmente en el contexto de la “transición energética”.

Los canadienses fueron los invitados especiales. Tanto es así que el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, y la representante del gobierno de Quebec en México, Stéphanie Allard-Gomez, estuvieron en la mesa de inauguración. El embajador de Canadá, país con una de las mayores inversiones mineras en México, reclamó al Estado mexicano más seguridad, estabilidad para inversiones y “sistemas de permisos transparentes y eficientes”. Además, presionó al gobierno mexicano a que acelere la autorización para explotar minerales críticos, esenciales para lo que consideran la “transición energética”.

Representantes de la industria minera siguieron el tono por más flexibilización de las reglas del sector - que se traduce en la reducción de regulaciones como las ambientales y sociales -, vinculando esta demanda a la necesidad de aceleración de la “transición energética”. El presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), Pedro Rivero González, subrayó que la aceleración de la “transición energética” representa una oportunidad histórica para que México se consolide como proveedor estratégico de minerales. “Las inversiones están listas, lo que necesitamos es crear las condiciones para que estos proyectos avancen, necesitamos procesos más ágiles, particularmente permisos ambientales”, dijo.

Ya el presidente de la AAIMMGM, Pozo Mendoza, pidió fortalecer la certeza jurídica y agilizar trámites que permitan atraer inversiones y desarrollo de nuevos proyectos.

Con la bendición de la iglesia y del Ejército

Durante el evento, el presidente del Clúster Minero de Zacatecas, Abel González Vargas, informó, en entrevista a medios locales, que existe una coordinación plena entre las empresas mineras y las autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno, entre ellos la Guardia Nacional y el Ejército mexicano, para fortalecer la vigilancia en las unidades mineras y también para garantizar condiciones de tranquilidad durante el encuentro internacional.  

Explicó que actualmente se realizan gestiones para incrementar la presencia de elementos de seguridad en algunas instalaciones mineras, además de impulsar proyectos de infraestructura que permitan una vigilancia más permanente. Mencionó que empresas ya analizan la implementación de medidas que faciliten la presencia constante de corporaciones de seguridad en sus complejos productivos. 

¿Realidad Paralela?

En una de las entrevistas previas al evento dadas por el presidente del comité organizador de la reunión, Abel González Vargas, el portavoz minero declaró que “la minería no destruye, la minería construye”.

En el mismo periodo previo al evento, mientras su vocero promocionaba la reunión, comunidades, trabajadores del sector y la academia levantaron la voz frente a la RIM, voces que demostraron desde sus territorios lo contrario de lo que sostenía el presidente del clúster minero.

Berenice López es de la comunidad Concepción del Oro, en Zacatecas, en la región semidesértica del estado. Ahí está instalada desde 2015 la mina Aura Aranzazu, de la empresa Aura Minerals Inc., que explota oro, plata y cobre. Cuenta Berenice que las afectaciones se han acelerado en los últimos diez años. Los impactos más grave son generados por las voladuras ya que las excavaciones y los túneles, de donde se extrae los minerales, sigue su curso por debajo del pueblo.

Las voladuras – procedimiento en el cual se utiliza explosivos para fracturar macizos rocosos - han provocado daños en las viviendas, grietas, pisos levantados y vibraciones intensas. Las explosiones se realizan diariamente en dos horarios, 6-7 am y 6-7 pm. Berenice dice que más de 200 casas han sido reparadas superficialmente por la empresa, pero los daños persisten. Algunos pobladores han sido forzados a firmar documentos que declararon sus viviendas “listas”, pese a que permanecen las filtraciones y riesgos estructurales.
El temor se ha intensificado después de ocurridos dos grandes movimientos telúricos acompañados de estruendos. Uno ocurrió el 7 de abril de 2026, se sintió en un rango de 24 km, según relata Berenice, dañando estructuras y generando pánico entre los pobladores. Otro movimiento fue acompañado de un fuerte estruendo, y fue percibido a 2 km.

Región semidesértica - La vecina de Concepción del Oro señala que Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha dado preferencia a otorgar concesiones a la minera en lugar de los agricultores y ganaderos del pueblo. “A la minera no le falta agua 24 horas por día en los siete días de la semana. La tensión social es cada vez mayor ya que cientos de familias pasamos meses sin el suministro”.

Amenaza de los malos – Los vecinos han intentado interponer ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y autoridades locales denuncias, pero los demandantes se han topado con un sin número de barreras. “Primeramente están las amenazas de los malos, como comúnmente llaman al crimen organizado, que claramente está coludido con la empresa minera Aura Aranzazu y con la presente administración municipal”.

Luego está el Ministerio Público que pone un sin fin de requisitos, tales como pedir que presenten el título de propiedad de los denunciantes, recibos que prueben que están al corriente con sus impuestos, pruebas recientes y contundentes de los daños físicos y de los daños psicológicos.

La realidad en el municipio de Mazapil, con la mina Peñasquito, de la Minera Peñasquito S.A. de C.V., filial de Newmont Corporation, de origen estadounidense, también en la región semidesértica de Zacatecas, donde se extrae oro, plata, plomo y zinc, no es distinta de la que relata Berenice. Felipe Pinedo, vecino del pueblo e integrante del Frente Popular de Lucha de Zacatecas, relata que son 20 años de lucha de las comunidades contra la mina.

En las comunidades de Cierro Gordo y Peñasquito se extraen los minerales, pero las comunidades aledañas proveen el agua, como la comunidad de Matamoros, en el municipio de Melchor Ocampo. “El agua que se extrae es realmente criminal. Son aguas fósiles, hacen perforaciones de más de mil metros de profundidad. Ya agotaron los principales manantiales, como el que estaba en la comunidad de Cedros, que por cientos de años fluía y daba vida y esperanza a la gente”, dijo Pinedo.

En 2016, 21 comunidades del semidesierto constituyeron el Frente de Comunidades Afectadas por la Minería. “En estos 20 años hemos tomado la minera por lo menos 22 veces y la última toma que tuvimos duró casi un año”.

El problema ahora, según relata Pinedo, es que “la minería está en contubernio con el crimen organizado. Entonces ellos, para deshacer nuestro proceso de organización comunitaria, utilizaron el crimen organizado para atacarnos. Secuestraron a varios compañeros, los torturaron. Muchos compañeros no están en la región porque sigue gobernando el crimen organizado. Nos mataron a nueve compañeros”, dijo. Mientras, la expansión de la empresa en el territorio y el despojo continúan, por lo que asegura que “ahora están sacando a las comunidades que están muy cerca de la presa de jales”.

Zacatecas, el Estado anfitrión

En 2018, Zacatecas ya era el segundo estado mexicano de mayor producción minera, estando en tercer lugar en la producción de oro, primer lugar en plata, primer lugar en plomo y primer lugar en zinc.

Sin embargo, de acuerdo con datos del investigador y académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Rodolfo García Zamora, de cada mil dólares que se llevan las empresas mineras sólo se quedan 8 centavos en Zacatecas.

Falacia

El presidente del Clúster Minero de Zacatecas y presidente del comité organizador de la RIM, sostuvo categóricamente que el sector minero “contribuye de manera significativa al desarrollo de más de 700 comunidades en todo el país”.

Para Beatriz Olivera, investigadora y directora de la organización Engenera, son muchos los mitos que venden las empresas mineras sobre los beneficios que ofrece el sector para la sociedad. “Que han impulsado históricamente el desarrollo económico de varios estados. Que cuando llegan a una zona van a generar empleo, reducir la pobreza, mejorar la calidad de vida, que el pago de impuestos puede ser un motor de desarrollo para el país y para las finanzas públicas”, enlista.

Una investigación realizada por ella, en conjunto con el investigador y profesor del Instituto de Geografía de la UNAM, Isidro Téllez, trató de verificar si es cierto lo que las empresas dicen.

Usaron una metodología utilizando base de datos institucionales sobre la pobreza, la pobreza extrema, la pobreza moderada, el índice de desarrollo humano y el grado de marginación. “Lo que hicimos fue cruzar todos estos indicadores en los municipios que son los principales productores de minerales - de oro, plata y cobre”, explica Olivera.

Oro - Lo que encontraron fue que de los 24 municipios productores de oro, 14 superaron el promedio nacional de pobreza. Cinco de ellos - Mazapil (Zacatecas), Eduardo Neri (Guerrero), Guazapares (Chihuahua), Otacz (Durango) y Guadalupe y Calvo (Chihuahua) - tienen niveles críticos de pobreza extrema, superando hasta 3.5 veces el promedio nacional.

En 20 de los 24 municipios, el subíndice de educación fue menor al promedio nacional. Además 24% de la población de estos municipios no cuentan con acceso al agua y 12% habita viviendas sin drenaje.

El índice de desarrollo humano en los municipios productores de oro es menor que el promedio nacional.

“Estas condiciones de desigualdad nos parece vergonzosas. Eso es algo que no se puede permitir. Cómo es posible que en los municipios que deberían ser los más ricos, con mayor nivel de prosperidad y desarrollo, exista personas que no tienen acceso a la educación, casa con agua entubada, que habitan en piso de tierra”, señala.

Plata - En los municipios productores de plata la situación es muy similar. La minería de plata en México tiene presencia en 96 municipios, el 90% de la producción nacional se concentra en 30 ayuntamientos. Mazapil, Fresnillo, Chalchihuites, Guadalupe y Calco, Satevo y Cananea contribuyeron con el 50% de la producción nacional de plata. El 23 de los 30 principales municipios superaron el promedio nacional de pobreza, y representan el 75% de la producción nacional de plata. Doce de ellos presentaron condiciones de pobreza extrema que superan el promedio nacional, al mismo tiempo que contribuyeron con el 42% de la producción nacional de plata. El 29% de la población de estos municipios no tiene acceso al agua y el 13% habita en viviendas sin drenaje. En los municipios productores de plata, seis de cada diez habitantes no contaron con derecho a la seguridad social.

Cobre - La minería de cobre se lleva a cabo en 35 municipios, de los cuales siete concentran 90% de la producción. De los siete, dos superan los niveles de pobreza de la media nacional.

PIB minero – Acorde a datos del INEGI al año 2024, el sector minero contribuye con el 2.57% del PIB, considerando la minería de minerales metálicos y no metálicos, explotación de petroleo y gas. “La minería de minerales metálicos y no metálicos representa un poco más de 1%”, explica Olivera.

“La actividad extractiva no se ha traducido en mejoras claras y permanentes en las condiciones de vida de las poblaciones que habitan los territorios donde se extraen los metales”, resume Olivera. “Los municipios con mayor producción de minerales preciosos son los que suelen presentar niveles de pobreza más elevados. Mazapil que da la plata a nuestro país presume que es líder de producción, pero también es líder en pobreza y pobreza extrema”.

Opacidad

La investigadora de CartoCrítica, Carla Flores, critica la opacidad que existe en relación a las informaciones sobre las operaciones mineras que hay en México. “No hay ninguna”, enfatiza.

En 2023, CartoCrítica se dio a la tarea de hacer un diagnóstico revisando imágenes de satélites para identificar operaciones mineras en el país. Encontraron 874 operaciones, de las cuales 249 correspondía a minería metálica, ocupando la superficie de 188 mil 320 hectáreas, de las cuales 95 eran a cielo abierto.

De las 249 operaciones de minería metálica que pudieron mapear, 22% no había información de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA); 23% no había información disponible sobre las presas de jales; 43% no había información sobre concesión de agua; 65% no había permiso de descarga de agua residuales.

Sobre los contaminantes, 42% de las operaciones no están en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) referente a la calidad del aire – RETC es una base de datos que es integrada con información de sustancias contaminantes emitidas al ambiente: aire, agua, suelo y subsuelo. El 69% no tenía RETC en relación al agua; y 78% no tenían RETC en relación a suelo.

De las 95 minas a cielo abierto, 36 se encuentran en acuíferos sin disponibilidad hídrica, de las cuales 15 están en acuíferos sobreexplotados.

¿Más flexibilidad?

Mientra el sector minero, e incluso el embajador de Canadá, piden al gobierno mexicano “fortalecer y dar certeza jurídica a la minería responsable” en nombre de lo que consideran la transición energética, además de presionar para que “facilite los trámites ambientales”, siguen impugnando en la justicia la reforma de la ley minera aprobada en 2023.

En contraste, la colectiva ¡CambiémoslaYa! ha advertido sobre la importancia y urgencia de que se implemente efectivamente la ley, “particularmente las disposiciones que protegen las personas y el medio ambiente”, señala la abogada Victoria Beltrán. La ley aunque esté impugnada está vigente, pero “es necesario que se reglamente; que se abran mesas de trabajo para ello, y que las comunidades reciban una escucha atenta y seria”.

Fuente: Avispa Midia