Tres años después de haber sido desalojados, campesinas y campesinos serán sometidos a juicio.

Asunción, 1 de octubre 2026 (BASE-IS) Seis campesinos, cuatro mujeres y dos hombres, serán llevados a juicio del 5 al 7 de octubre, tras un violento desalojo ocurrido en octubre de 2023 en Remansito, departamento de Villa Hayes. Durante aquel operativo fiscal y policial fue asesinado Edgar Francisco Villalba Oliveira a manos de civiles armados, según denunciaron las personas afectadas. A la fecha, no se han esclarecido las responsabilidades de este crimen, manteniendo el hecho en la impunidad. Además, como consecuencia del procedimiento fiscal-policial cientos de familias quedaron en la calle, incluyendo niñas, niños e infantes. El proceso se desarrolla en el marco de la vigencia de la Ley 6830, conocida como Ley Zavala-Riera, que convirtió las ocupaciones de inmuebles en un crimen con penas de hasta diez años de prisión.

En aquel operativo de octubre de 2023, unas 300 familias campesinas organizadas en el Movimiento Campesino Paraguayo fueron desalojadas forzosa e irregularmente de una ocupación de aproximadamente 120 hectáreas. El operativo policial, ejecutado por orden del Ministerio Público y bajo intervención del fiscal Irán Suárez, dejó personas heridas y seis campesinos/as procesados/as. Entre ellos/as se encuentran María Elena Largo Benítez, Alva Gabilán, Leonarda Ramona Cáceres, Justa del Rosario Dávalos, Víctor Aníbal Recalde Morel y Pablo Ojeda Arriola.

La presencia mayoritaria de mujeres en la causa, permite observar la dimensión de género de la criminalización de la lucha campesina, revelando la interrelación entre la dominación patriarcal, el capitalismo y la colonialidad en la violencia estructural que forma parte del modelo extractivista, y que impacta con opresiones específicas y complejas sobre las mujeres rurales.

Tres años después, las consecuencias judiciales de aquel operativo llegan a juicio. Pablo Ojeda, enfrenta la causa en su condición de dirigente del MCP, por lo que su procesamiento trasciende su situación individual y se inscribe en la persecución penal de una organización campesina que reclama acceso a la tierra.

Abogados especializados en derechos humanos que analizaron la causa cuestionan el sustento técnico de la acusación contra Ojeda. Según este análisis, la imputación no describe de manera concreta cuál habría sido la acción realizada por el dirigente en calidad de instigador, es decir, qué conducta específica habría desarrollado para determinar o provocar los hechos que se le atribuyen. Para los especialistas, esta ausencia pone en cuestión uno de los elementos centrales de la acusación.

El caso debe ser comprendido en el marco de una estructura agraria profundamente desigual. Los datos del Censo Agropecuario Nacional 2022 muestran que las fincas de menos de 50 hectáreas representan más del 90 % del total, pero ocupan apenas el 6,4 % de la superficie agrícola. En el otro extremo, apenas 182 productores concentran casi 12 millones de hectáreas, cerca del 40 % de toda la superficie agropecuaria. Esto arroja un índice de Gini a partir de los datos del CAN 2022 es de 0,9738, lo cual marca una desigualdad casi perfecta en la distribución de tierra en Paraguay.

Al mismo tiempo, alrededor de la mitad de la población campesina se encuentra en situación de inseguridad respecto de la tenencia de sus tierras. Las mujeres enfrentan una desigualdad todavía mayor: poseen apenas el 38 % de las tierras campesinas con título definitivo y representan solo el 17,5 % de las fincas con este tipo de documentación.

En este contexto de profunda desigualdad en la tenencia de la tierra ha estado marcado además por una pronunciada disminución de la población campesina. Entre los censos agropecuarios del 2008 y 2022 se ha registrado una disminución del 40% de las fincas campesinas. Mientras tanto, los rubros del agronegocio que ocupan principalmente las fincas de más de 500 hectáreas, se han extendido en el territorio. Los datos evidencian que el avance del modelo extractivista en las primeras décadas del siglo XXI profundiza el patrón histórico de expulsión de las familias campesinas de sus territorios.

En este escenario, las ocupaciones han constituido históricamente una herramienta central del campesinado organizado para exigir el derecho campesino a la tierra, principio garantizado en los artículo 114 y 115 de la Constitución Nacional y en instrumentos internacionales, tales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP), para garantizar la reproducción del modo de vida campesino y la soberanía alimentaria. Asimismo, representa un mecanismo de acción colectiva para ejercer presión al Estado frente a situaciones de apropiación irregular, adjudicaciones cuestionadas o sobre las denominadas tierras malhabidas que debieron estar destinadas a sujetos/as de la reforma agraria.

El análisis sobre la estructura agraria paraguaya las caracteriza como una forma no institucional de ejercer presión y como una acción colectiva mediante la cual el campesinado denuncia situaciones que considera injustas. Además, esta medida se ha llevado adelante luego de agotar los procesos administrativos frente al INDERT sin obtener respuestas.

El contraste resulta evidente frente al caso de los llamados “ocupantes VIP” de Remansito, vinculados a la apropiación y ocupación irregular de tierras públicas por parte de personas con poder económico y político. Mientras las familias campesinas son desalojadas, detenidas y procesadas por ejercer su derecho a la tierra, para vivir y producir, los casos de apropiación de tierras públicas por sectores de poder han tenido un tratamiento sustancialmente diferente.

Cinco años de criminalización del campesinado

El juicio contra Pablo Ojeda y las demás personas procesadas ocurre cuando se cumplen cinco años de la aprobación de la Ley 6830, conocida como Ley Zavala-Riera. La normativa modificó el artículo 142 del Código Penal y endureció las penas para las ocupaciones de inmuebles, convirtiéndolas en crímenes con penas de hasta diez años de prisión.

Su aprobación fue cuestionada por organizaciones campesinas y de derechos humanos por el riesgo de profundizar la criminalización de las luchas por la tierra. También ha sido denunciada porque contraviene los estándares internacionales que buscan garantizar el derecho a la tierra y al territorio de las comunidades rurales, al priorizar la sanción penal por encima de la resolución de la desigualdad agraria. En este sentido, el caso del Movimiento Campesino Paraguayo constituye una expresión concreta de esa política: la respuesta penal alcanza a quienes participan de la ocupación y también a sus organizaciones y dirigentes.

El proceso que se desarrollará del 5 al 7 de octubre vuelve a colocar frente a frente dos realidades: un modelo agrario marcado por una enorme concentración de la tierra y un campesinado que recurre a la ocupación como mecanismo de presión para acceder a ella.

La audiencia de Juicio Oral y Público está fijada para el lunes 5, a las 08:30 h, en el Aula Magna Prof. Carlos Fernández Gadea de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), filial Benjamín Aceval, según la notificación judicial de fecha 1 de octubre.

Tres años después del desalojo, con un campesino muerto, cientos de familias desplazadas y mujeres y dirigentes enfrentando tribunales, el juicio contra Pablo Ojeda y las demás personas judicializadas vuelve a poner en debate no solo responsabilidades individuales, sino también la criminalización de la organización campesina y de la lucha por la tierra en un país donde reclamarla puede significar enfrentar un proceso penal.

Fuente: Base-IS