Magdalena Gómez

"Es un proyecto inédito para una guerrilla que, sin derrocar al poder nacional, ha construido su espacio autónomo. Los sectores oficiales y sus adherentes se preguntan si tiene aún fuerza el EZLN, siempre en lógica mediática, y omiten toda referencia al trabajo organizativo de 19 años. Al zapatismo no parece importarle convencer al Estado sobre su proyecto; en cambio se empeña en que sectores de los más diversos contextos y experiencias, en el país y fuera de él, lleguemos a su casa y con generosidad y mucha paciencia nos muestran el sentido profundo de su resistencia, con la esperanza de que algo de ello se convierta en semilla y que germine."

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha recolocado en la agenda política el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Es legítimo que lo haga, pues constituyen un parteaguas emblemático en la conflictiva relación con el Estado mexicano en el marco de un diálogo suspendido.

"Habrá que ver quiénes le entran ahora que se planteó el desafío zapatista para que se cumplan los acuerdos de San Andrés si en el plano federal se quiere mostrar la llamada voluntad política; sólo el joven gobernador chiapaneco repite en coro, sí, que se cumplan, que se cumplan. ¿Los conocerá a fondo? ¿Sabe que tienen un capítulo chiapaneco también incumplido? ¿Es sólo políticamente correcto su afable discurso?"

El movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad camina hacia el sur con similar objetivo al de su trayecto hacia el norte: visibilizar a las víctimas, dar voz a quienes no la tienen.

Los numerosos conflictos que viven los pueblos indígenas en defensa de sus territorios frente al asedio de las concesiones mineras nos plantean la reflexión en torno a la justiciabilidad del derecho indígena.

La semana pasada se realizó en el Distrito Federal un taller para valorar la viabilidad de que el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) abra un capítulo en México.

Está por cumplirse un mes de la brutal agresión a la caravana civil que se dirigía a San Juan Copala, Oaxaca, cuyos muy lamentables saldos han sido ampliamente difundidos dentro y fuera del país, tanto desde espacios sociales como en los de las Naciones Unidas. Incluso la presidenta de Finlandia, Tarja Halonen, se sumó al reclamo de justicia

"Hoy por hoy el problema no pasa sólo por retomar una nueva reforma constitucional o legal en términos indígenas, sino que habría que detener la embestida normativa que busca legalizar el despojo y el saqueo de lo que queda de recursos en estos pueblos".