Tierra Viva

Los pescadores artesanales son productores de alimentos que enfrentan largas jornadas de trabajo, poca paga y escaso reconocimiento. Hombres y mujeres del río Paraná invitaron a compartir sus días, contar sus historias y explicar cómo es la vida repartida entre el bote, el agua y la tierra. Guardianes de la naturaleza en un contexto de avance del extractivismo.

La Asociación de Abogades Ambientalistas alerta que las modificaciones que propone el Gobierno en materia ambiental son una "invitación a la destrucción". La desprotección de bosques, glaciares y humedales favorece a un puñado de empresarios. "Los diputados deberán decidir si están del lado del lobby o de los intereses de la sociedad y la naturaleza", afirman.

Más de 400 organizaciones socioambientales, universitarias y de productores denuncian que el Gobierno y las grandes empresas intentan avanzar en el control de las semillas, primer eslabón de la cadena alimentaria. Vía el proyecto de Ley Ómnibus buscan la adhesión a la normativa UPOV 91, que beneficia a compañías como Bayer-Monsanto, Syngenta, Bioceres y Don Mario.

La Mesa Agroalimentaria llevó su voz al debate en el Congreso por la Ley Ómnibus. Omar Príncipe (Bases Federadas) marcó el rechazo a la extranjerización de la tierra, la modificación del instituto de la yerba mate, la privatización del Banco Nación o la adhesión al convenio UPOV 91. "Presentamos las normas necesarias para frenar el proceso de concentración", recordó y reclamó "más diálogo".

Más de 180 colectivos de todo el país explicitaron los retrocesos que, en materia ambiental, generaría la Ley Ómnibus. "Los cambios propuestos implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados", advirtieron. El texto completo de la carta, con el análisis de las modificaciones a las leyes que protegen humedales, bosques y glaciares.

Mientras el foco está puesto en el litio, el cobre ocupa un papel silenciado: su demanda debería incrementarse 30 veces solo para la industria de autos eléctricos. En Catamarca y San Juan, los proyectos de megaminería MARA y Josemaría prometen, con discursos verdes, abastecer esa demanda. Las asambleas ciudadanas de Andalgalá y Jáchal denuncian que significarían el fin para los ríos y sus comunidades.

Familias campesinas denuncian que las aplicaciones terrestres y aéreas con agrotóxicos diezman la producción de animales y afectan su salud. Exigen medidas urgentes para frenar la vulneración de derechos. Al mismo tiempo, se organizan para participar en la redacción de la nueva ley de agroquímicos, anunciada por el Ministerio de Producción.

Las graves consecuencias de la crecida de ríos y arroyos en la provincia exponen los efectos de un modelo extractivo que tiene directa relación con la deforestación. Organizaciones sociales e investigadores denuncian el desmonte, el avance de la soja aguas arriba, la falta de políticas de cuidado del territorio y el accionar de la represas.