El activista ambiental Andrés Durazno fue asesinado en la comunidad azuaya de Llantahuayco

El asesinato del activista deja a sus ocho hijos en la orfandad. Durazno era presidente del sistema comunitario de agua y riego de Molleturo-Río Blanco. Esta es una parroquia rural ubicada al oeste de Cuenca en el borde del Parque Nacional Cajas. Durante años, dedicó su vida a enfrentar la extracción minera en la zona, tanto de proyectos autorizados por el Gobierno como de minería ilegal.

En este sentido, la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos pidió a la Fiscalía a través de su denuncia "que en la investigación que lleve a cabo, se tenga imperativamente en cuenta que la persona asesinada fue un defensor de derechos humanos y de la naturaleza y que el desempeño de sus funciones es un factor de riesgo que debe ser considerado tanto para la investigación como la protección de su entorno familiar y de otras personas de su entorno comunitario que también desempeñan labores como defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza".

El comunicado agrega: "De manera urgente este caso debe obligar a las entidades estatales concernidas a realizar, de manera conjunta con organizaciones de derechos humanos, un profundo y minucioso análisis de contexto para la evaluación del riesgo y para la adopción de las medidas de protección, bajo un enfoque diferenciado que tenga en cuenta las situaciones particulares de la población que requiere protección y el lugar en el que ejercen su labor y que aborde la creciente conflictividad que, en diversos territorios y particularmente en Río Blanco, genera la actividad e intereses extractivos". Varios sectores de los movimientos indígenas de Ecuador se pronunciaron con respecto al asesinato y enviaron mensajes de solidaridad. "Que no quede en la impunidad este execrable crimen. Nos solidarizamos con su familia y la comunidad", escribió el excandidato presidencial por Pachakutik Yaku Pérez a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) exige a las autoridades "una investigación urgente y eficiente para hacer justicia y evitar que este caso quede en la impunidad. El Estado tiene la responsabilidad de proteger a los defensores de los derechos humanos y la naturaleza".

Desde la llegada de Ecuagoldmining South America S.A., filial de la empresa china Junefield Mineral Resources Holdings Limited, la comunidad de Río Blanco se ha visto involucrada en varios conflictos por el acceso a las fuentes de agua para sus habitantes, animales y cultivos. Se estima que en el yacimiento de la zona hay 605 000 onzas de oro y 4,3 millones onzas de plata. La explotación se inició en el gobierno de Rafael Correa en 2016. En septiembre de 2018, el proyecto de Ecuagoldmining se paralizó debido a una orden judicial. Sin embargo, con la salida de la empresa las denuncias por minería ilegal en la zona se incrementaron y pobladores de la zona denunciaron que grupos ilícitos comenzaron a tomarse las instalaciones de la minera. En las recientes elecciones, Cuenca tuvo una consulta popular para la extracción minera en zonas cercanas a fuentes hídricas. La prohibición de la minería en estas zonas ganó por un amplio margen.

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Fuente: El Comercio