A 48 días de bloqueo, obreros y campesinos condicionan al gobierno de Rodrigo Paz para un alto al conflicto

La reunión entre el Gobierno Central y la COB se instaló en el Banco Central de Bolivia, pero culminó con un cuarto intermedio luego de que ambas partes acordaran conformar una comisión jurídica encargada de analizar la situación de los dirigentes y movilizados que permanecen detenidos en el marco del conflicto.

El máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, informó que existen avances en las conversaciones y que la comisión comenzará a trabajar de inmediato para buscar una salida legal al tema. No obstante, fue enfático al advertir que la organización mantendrá sus medidas de presión mientras no se concrete la liberación de sus afiliados. “No podemos desmovilizarnos mientras nuestros compañeros sigan detenidos; el Gobierno debe dar el primer paso”, sostuvo.

Previamente, la COB había hecho llegar al Ejecutivo una “conminatoria para la pacificación del país”, un pliego de demandas que advertía sobre la radicalización de las protestas e, incluso, el estallido de una “revolución nacional” en caso de desatención. El documento estructura sus exigencias en ocho ejes fundamentales:

• Derechos humanos, garantías orgánicas y pacificación: rechazo a los proyectos de ley antibloqueos y abrogación de toda norma que restrinja desproporcionadamente el derecho a la movilización; prohibición de acusaciones generalizadas de terrorismo y narcotráfico contra organizaciones sin pruebas; y liberación inmediata de los detenidos por el conflicto.
• Cumplimiento de compromisos y control social: exigencia al Gobierno nacional de hacer efectivas las promesas electorales; demanda a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que sancione, con dispensación de trámite, el proyecto de ley de cumplimiento estricto del programa de gobierno y de las propuestas de gestión pública.
• Soberanía económica y defensa de empresas públicas: oposición frontal a cualquier proceso de privatización; prohibición de la injerencia de transnacionales en el manejo de recursos estratégicos; rechazo a los condicionamientos financieros del FMI; y aceleración de la distribución del 50/50 de los recursos con gobernaciones y alcaldías.
• Transparencia, fiscalización e investigación soberana: exigencia de alejamiento e investigación del ciudadano extranjero Fernando Cerimedo, a quien se pide expulsar de cualquier función formal o informal de asesoramiento o toma de decisiones en el gobierno boliviano.
• Política de hidrocarburos y resarcimiento técnico: estabilidad inmediata de los precios de los carburantes.
• Socialización legislativa y democracia participativa: consulta previa obligatoria antes de la aprobación, tratamiento o promulgación de cualquier ley, decreto supremo o medida macroeconómica de impacto nacional.
• Canasta familiar, derechos laborales y seguridad social: medidas urgentes para proteger la canasta familiar, frenar la especulación, controlar el incremento de precios, garantizar el salario real y el empleo estable; creación de un fondo de jubilación digna y atención a demandas sectoriales.
• Medio ambiente y política internacional pacifista: prohibición de utilizar parques nacionales y reservas naturales para la explotación minera, petrolera o cualquier otra actividad destructiva.

Por su parte, el gobierno de Rodrigo Paz, como ya lo había hecho en el pasado, respondió que no impulsará la privatización de empresas públicas estratégicas ni la entrega de recursos naturales a intereses privados en perjuicio del Estado.

Sin embargo, los antecedentes revelan una contradicción evidente: el Ejecutivo ha encontrado mecanismos alternos más sutiles, pero igual de lesivos para instrumentar esas mismas medidas, lo que alimenta la desconfianza de los sectores movilizados.

Paralelamente, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari y la agrupación de las Bartolinas Sisa, quienes han liderado las movilizaciones y bloqueos hasta ahora, en coordinación con organizaciones sociales a nivel nacional, hicieron llegar al Gobierno un pliego petitorio de cinco temáticas, con un ultimátum de 24 horas para su cumplimiento. Caso contrario, advierten con masificar las protestas, que ya se alargan por 48 días.

Las demandas campesinas son concretas e inapelables:

• Creación inmediata de una Comisión de Revisión del Combustible que verifique, en los puntos fronterizos, la calidad de los carburantes antes de su ingreso y distribución en el país.
• Regulación temporal de obligaciones financieras por un plazo de seis meses.
• Abrogación de los decretos supremos que consideran inconstitucionales.
• Decreto de amnistía presidencial y restitución total de garantías.
• Abrogación de la Ley 1740 de Regulación de Estados de excepción.

Los campesinos subrayaron que estas cinco exigencias no están sujetas a ninguna modificación parcial. “El gobierno tiene 24 horas para ejecutar estos cinco puntos; caso contrario, se masificarán las protestas sociales”, sentenciaron.

En este escenario de alta tensión, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, del partido de Tuto Quiroga, bastión opositor al bloque popular y de perfil claramente derechista, expresó su respaldo al punto 3 del pliego presentado por la COB y pidió avanzar hacia una distribución 50/50 de los recursos públicos entre el nivel central y las regiones.

En esa línea, planteó que el Presupuesto General del Estado 2027 incluya el inicio de la departamentalización del Impuesto a las Transacciones (IT), como medida inicial para fortalecer la autonomía fiscal y reducir las brechas entre lo que generan los departamentos y los recursos que efectivamente reciben para su desarrollo.

Este complejo entramado de presiones y contraofensivas revela que el conflicto boliviano trasciende la mera disputa por demandas sectoriales para instalarse en el núcleo del modelo de Estado.

Por un lado, el gobierno de Paz insiste en discursos soberanistas mientras habilita mecanismos paralelos que desmantelan el tejido productivo estatal; por otro, la COB y el movimiento campesino exigen hechos, no promesas, y mantienen un estado de alerta que evidencia el agotamiento de las vías institucionales tradicionales.

La intervención oportunista de la derecha regional, encarnada en Velasco, no hace sino complejizar el tablero, al cooptar demandas populares para fortalecer sus propias aspiraciones autonómicas.

En este contexto, la pacificación no será posible sin una voluntad política real que desmonte el andamiaje neoliberal encubierto, garantice la liberación de los presos sociales y someta a consulta popular las decisiones estratégicas.

Bolivia se juega, en estas horas críticas, no solo el fin de un bloqueo, sino la definición de su rumbo soberano y la credibilidad de sus instituciones frente a un pueblo que ya no cree en medias tintas.

Fuente:  www.diario-red.com