Pueblos Guaraní-Kaiowa denuncian nuevos ataques en Brasil tras derrota de Bolsonaro

Tras la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el pasado 25 de octubre, han surgido alertas por el incremento en la violencia contra comunidades indígenas del estado de Mato Grosso del Sur, en la frontera con Paraguay. 

Entre los sucesos reportados se encuentran amenazas de envenenar el agua utilizada por familias indígenas, agresiones y el incendio de una vivienda utilizada para ceremonias y rituales.

La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) registró más de 30 denuncias relacionadas con el periodo electoral de este año. Mientras tanto, el Consejo Indigenista Misionero (CIMI) informó que al menos cinco asesinatos de indígenas, reportados desde la víspera de las elecciones, se encuentran bajo investigación. 

En el municipio de Tacuru circularon mensajes de audio que atribuían a las comunidades indígenas la victoria electoral de Lula frente a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Por ello, en los audios se proponía envenenar el agua consumida por integrantes de la comunidad Guaraní-Kaiowa de Sassoró. 

Las grabaciones viralizaron tras la denuncia del cacique Ivan Montiel, integrante de la aldea de Sassoró y concejal en el municipio. “Están difundiendo el odio y el prejuicio, una mentalidad colonial que no es nada nueva. No vamos a aceptar este tipo de prejuicio contra nuestras comunidades”

Para el 1 de noviembre, medios locales informaron que dos empleados municipales reconocieron ante la Policía Federal haber realizado las grabaciones, aunque alegaron que estaban alcoholizados y negaron tener intención de concretar las amenazas. La investigación continúa para determinar probables responsabilidades penales.

Para el coordinador de Aty Guasu, la Gran Asamblea Guaraní y Kaiowá, Voninho Benites, la amenaza de envenenamiento refleja una realidad de amenazas, violencia y violaciones cotidianas contra los indígenas del estado, especialmente para las comunidades afectadas por la desterritorialización y que luchan por la recuperación de sus tierras.

En el mismo municipio, la APIB denunció que durante la madrugada del 29 de octubre fue incendiada la vivienda de Ñandesy Roberta, líder espiritual de 90 años e integrante de la comunidad Jaguapiré. Según la articulación indígena, el fuego destruyó instrumentos sagrados utilizados en ceremonias del pueblo Guaraní-Kaiowá. Mientras tanto, el Ministerio Público Federal divulgó la apertura de procedimientos para investigar las denuncias. 

Ataques continuos

Las organizaciones indígenas señalan que, si bien los acontecimientos se han dado en el contexto de las elecciones, tienen su origen en las luchas por la recuperación de sus tierras ancestrales. “Los actos de violencia denunciados no son episodios aislados ni comenzaron durante el período electoral”, explica Matias Rempel, coordinador del CIMI Regional de Mato Grosso del Sur. “En Mato Grosso del Sur, los pueblos indígenas conviven desde hace décadas con un panorama de violencia sistemática, marcado por la demora en la demarcación de sus territorios y por la imposición de condiciones de vida precarias en reservas superpobladas, campamentos, terrenos recuperados y bordes de carretera”.

“La negación de derechos básicos, como el acceso al agua, a la salud, a la educación y a condiciones dignas de trabajo, se suma a los asesinatos y los intentos de homicidio, a la violencia contra las mujeres y los niños, a las acciones de las fuerzas policiales y los grupos armados, y a las amenazas de hacendados”, continúa el misionero.

En septiembre del 2026, familias del tekoha Tapy’i Kora, en Amambai, denunciaron la incursión de hombres armados y policías militares en su territorio, ubicado junto a la Reserva Limão Verde. Acorde con registros del CIMI, los ataques incluyeron disparos, incendios y destrucción de viviendas. El conflicto se había intensificado desde abril pasado, cuando familias Guaraní-Kaiowá recuperaron un área de la Fazenda Limoeiro.

El conflicto en el tekoha Tapy’i Kora está relacionado con una reivindicación que se inscribe en el contexto de la Tierra Indígena Iguatemipeguá II, cuyo proceso de identificación se encuentra en curso, señala el CIMI.

Pero las agresiones también han sido dirigidas contra líderes indígenas. El 1 de mayo de 2026, Givaldo Santos Kaiowá, vicecacique de la reserva Taquaperi, fue asesinado de un disparo en la cabeza. El crimen se suma al homicidio de dos vicecaciques de la comunidad, Samuel Kaiowá y Lúcio Kaiowá, acontecidos durante 2025.

El 16 de noviembre de ese mismo año, Vicente Fernandes Vilhalva Kaiowá, de 36 años, fue asesinado durante un ataque armado contra la recuperación Pyelito Kue, en Iguatemi. Según el Cimi, aproximadamente 20 hombres armados incursionaron en el lugar donde dejaron también otras cuatro personas heridas. El Ministerio Público Federal vinculó el contexto del ataque con el prolongado retraso en la demarcación de la Tierra Indígena Iguatemipeguá I.

El avance de la agroindustria sobre territorios reivindicados por las comunidades indígenas constituye uno de los principales conflictos en el estado de Mato Grosso del Sur. Por ello, durante 2024 y 2025, comunidades Guaraní-Kaiowá realizaron recuperaciones, acciones colectivas para retomar espacios que reconocen como parte de sus territorios tradicionales. 

Algunas de las recuperaciones buscan impedir la fumigación de agrotóxicos cerca de viviendas, cultivos y fuentes de agua, así como proteger áreas de vegetación frente a la pretendida transformación de la agroindustria en monocultivos y otros commodities.

En 2025, el Ministerio de Pueblos Indígenas reconoció que estas fumigaciones habían provocado enfermedades e inseguridad alimentaria e hídrica. Este contexto se añade a los ataques armados, amenazas de propietarios rurales y de hostigamiento policial durante las recuperaciones.

En el contexto del incremento en la violencia, la APIB solicitó al presidente reelecto implementar medidas urgentes de protección, así como avances en los procesos de demarcación de 73 tierras indígenas ya declaradas, cuyos procesos de demarcación siguen pendientes de conclusión por el Estado brasileño.

Fuente: Avispa Midia