Bajo Aguán, una tragedia infinita

Tres dirigentes campesinos asesinados en menos de dos semanas, un conflicto producto de la expansión sin control del monocultivo de palma africana y de la minería que devasta territorios y contamina fuentes hídricas, la colusión de políticos, militares, policías y guardias privadas, son los elementos que han vuelto a incendiar una de las zonas más conflictivas de Honduras.

El 7 de enero fueron asesinados los dirigentes campesinos Aly Domínguez y Jairo Bonilla, defensores ambientales de la comunidad de Guapinol y miembros del Comité municipal de defensa de los bienes comunes y públicos de Tocoa.

En los años pasados, al menos 32 personas fueron requeridas fiscalmente por defender el territorio y los ríos que bajan del Parque Nacional «Montaña de Botaderos», cuya zona núcleo está siendo amenazada por la empresa minera Inversiones Los Pinares/Ecotek (NE Holdings Inc y NE Holdings Subsidiary Inc) antes EMCO Mining Company.

Después de una larga lucha y casi tres años de injusta, ilegal y arbitraria prisión preventiva, los defensores fueron liberados.

En esta zona nacen alrededor de 34 fuentes de agua que abastecen ciudades y comunidades. En especial los ríos Guapinol y San Pedro son los que están sufriendo los principales impactos. Nunca las comunidades y poblaciones de la zona fueron consultadas antes de otorgar las concesiones.

Los holdings que administran Inversiones Los Pinares son controlados por Lenir Pérez Solís, ya involucrado en el pasado en otros conflictos mineros, y Ana Facussé Madrid, hija del tristemente famoso terrateniente palmero Miguel Facussé Barjum.

El nombre de Facussé está relacionado con el grave  conflicto agrario del Bajo Aguán donde decenas de campesinos organizados perdieron la vida.

En años pasados, la Rel UITA denunció ampliamente este conflicto, visitando varias veces la zona y solidarizándose con las organizaciones campesinas en lucha.

El asesinato de los dos defensores ambientales ha sido condenado a nivel nacional e internacional, exigiendo justicia para las víctimas, castigo para los autores materiales e intelectuales, retiro de las concesiones y  cierre inmediato de la actividad minera.

“Exigimos al gobierno de Xiomara Castro avanzar de manera seria, responsable y profesional en la cancelación de la concesión para la explotación de óxido de hierro, que amenaza la vida de la población”, se lee en un comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

Más violencia

Once días después del asesinato de los defensores de Guapinol fue asesinato Omar Cruz Tomé, presidente de la cooperativa campesina Los Laureles e integrante de la Plataforma Agraria del Valle del Aguán.

Sicarios llegaron a su casa a plena luz del día y le dispararon unos doce balazos.

Oportunamente Cruz Tomé había denunciado la existencia de un plan de las empresas agroindustriales para asesinar a los principales liderazgos campesinos de la zona.

Una semana antes, junto a la Plataforma y al Bufete Estudios por la Dignidad, interpuso una denuncia en contra de Miguel Mauricio Facussé Saenz, hijo del fallecido terrateniente y actual presidente ejecutivo de Corporación Dinant, por considerarlo “actor y cómplice de una estructura criminal armada que opera para reprimir y violentar los derechos de las y los campesinos del Valle del Aguán”.

También había sido criminalizado y llevado a juicio, quedando absuelto del delito de usurpación agravada.

Entre diciembre y enero, la Plataforma Agraria ha registrado al menos 12 ataques violentos en contra de miembros de cooperativas campesinas.

En un amplio comunicado, el Bufete Estudios por la Dignidad exige al gobierno hondureño ejercer su función de liderazgo para parar la violencia en el Aguán, así como investigar y castigar a los responsables de todos estos ataques.

También que se impulse el acuerdo firmado con la Plataforma Agraria en febrero del año pasado, y que demuestre con hechos su compromiso con marcar la diferencia con el pasado, defendiendo los intereses del país antes que los intereses de grupos económicos.

“Estamos hartos de contar muertos en el Aguán y la tierra de nuestros compañeros y compañeras tienen sembradas más balas que granos básicos (…) El gobierno no puede permitir que la violencia se normalice, que se vuelva sistémica en contra de los defensores de la tierra y otros recursos naturales”, señala el comunicado.

Fuente: REL-UITA