Bajo drones y amenazas, pueblo tseltal resiste a la autopista Palenque–San Cristóbal

El Gobierno Comunitario de Chilón informó a Avispa Mídia que se trata de los poblados de Elemuxil primera y segunda sección, Bahna caxa, Estancia, Jucotón, San Mateo Nahtil Cruz, Pinabetal, Las Conchitas, Wololtón, Wolol Wits, Ignacio Saragoza, Tutsilha', Yal tajtic, Yetal map, Primavera, Ti' C'antelha', Ti'aquil, Nahilte, Bahtaj, Muc'aquil, Paraíso, Bahmohbalte', localizados en los alrededores de Bachajón. Además confirmó 35 comunidades más del ejido San Sebastián.

La hostilidad contra las comunidades se acentuó tras la visita de Claudia Sheinbaum a Chiapas, el pasado 11 de septiembre, cuando negó que exista oposición social a la obra. Además confirmó otra inversión de 9,000 millones de pesos en el tramo de Palenque a Ocosingo que pretenden concluir a finales de 2027. 

Durante el evento presidencial realizado en el estadio Víctor Manuel Reyna de Tuxtla Gutiérrez, acudió el alcalde de Chilón, Mario Hernández Aguilar, quien, con una gorra de Morena, declaró a medios locales que su municipio se ha fortalecido con programas sociales y la construcción de la autopista.

Sin embargo, las comunidades lo han señalado directamente por amenazas de encarcelamiento, condicionamiento de programas sociales y otras formas de hostigamiento que padecen por defender sus tierras.

Vigilar y mapear para controlar

En rueda de prensa, el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) puntualizó que no se oponen al desarrollo, “nuestra preocupación es para quién es el desarrollo y a qué costo”.

Recordó que la construcción de la obra inició sin una consulta pública, sin Manifiesto de Impacto Ambiental, pero con gran labor de hostigamiento y presión contra las familias para abandonar sus tierras.

Los sobrevuelos de drones en las parcelas ocurren desde que iniciaron los trabajos para trazar el paso de la carretera, en junio de 2025, pero, durante este fin de semana incrementaron por las denuncias públicas el Modevite y el Gobierno Comunitario de Chilón.

El 18 de septiembre, reportaron que un grupo de ingenieros entró a las parcelas sin consentimiento amedrentando a las familias, a pesar de que integrantes del Gobierno Comunitario les dieron a conocer de forma pacífica el rechazo total al megaproyecto. 

En otra denuncia de la comunidad San Martín Cruzton, municipio de Chilón, señalan que el 19 de septiembre, recibieron amenazas por medio de un escrito firmado por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).

De acuerdo a los testimonios recabados por Avispa Mídia, los comuneros encontraron el documento en las instalaciones de la escuela, en el que se leen los nombres de ocho habitantes, así como amenazas directas. Además se observan logotipos de la actual administración gubernamental; la redacción presenta inconsistencias ortográficas.

“Por esa misma razón se hizo público, porque si es falsa la impresión, incluso del logotipo, queda en criterio de las autoridades competentes la indagación, porque el daño ya está hecho y ahí está la prueba”, sostuvieron.

Sospechan que el documento pudo haber sido llevado por policías locales por orden del alcalde de Chilón, al considerar que son las autoridades que ingresan y salen con mayor frecuencia de la zona.

Recordaron que no es la primera vez que policías y autoridades municipales amenazan a la población. En otras ocasiones, también les han dicho que quienes se opongan a la construcción de la autopista serán detenidos y encarcelados por “los Pakales”.

“Siempre han utilizado la misma estrategia. Por eso responsabilizamos directamente a los tres niveles de gobierno por lo que nos llega a suceder en nuestra comunidad San Martin Cruzton”, dijeron a Avispa Mídia.

Para hacer frente al asecho de las autoridades involucradas en la construcción de la autopista, las comunidades se organizaron para realizar rondines y mantener la vigilancia y el ingreso de personas ajenas o sin consentimiento de los habitantes. “Esto ha alterado nuestra vida cotidiana y nos ha obligado a permanecer atentos incluso dentro de nuestros propios hogares y comunidades”, lamentaron.

La milpa sepultada por el asfalto

El trazo de la carretera, que cruza por tierras destinadas a la agricultura, implicaría para las familias afectadas la pérdida de superficies utilizadas para cultivar maíz, calabaza, frijol y para la miel. Las comunidades advirtieron que esto reduciría su capacidad de producir alimentos para el autoconsumo y las obligaría a comprarlos, aumentando la presión sobre la economía familiar.

“Es la tierra a la que le rezamos cada año y de la que obtenemos nuestros alimentos. Es donde nacen y crecen nuestras familias; donde se encuentran nuestras comunidades, nuestros animales, nuestros árboles y nuestras aguas. Con esta construcción los animales no se van a quedar ahí, se van a desplazar y ya se ha visto especies que se están moviendo porque se está modificando el hábitat. Estos animales nos ayudan a conservar nuestros ecosistemas y se van a ir”, señalaron las mujeres integrantes de Modevite.

Otra preocupación es la erosión del suelo, el desvío de corrientes de agua y la sequía, un fenómeno que este año ha cobrado especial relevancia en estos territorios donde las comunidades reportan una disminución de las lluvias que antes eran constantes.

“Nuestra palabra es clara y no ha cambiado: nuestra tierra no es una mercancía ni un espacio disponible para los proyectos del gobierno. Es fruto del trabajo y de la lucha de nuestros ancestros, quienes la defendieron y la trabajaron para que nuestras familias pudieran vivir en ella”, agregó el Gobierno Comunitario.

Las comunidades demandan el respeto a sus derechos como pueblos originarios, particularmente a la libre determinación y a las decisiones colectivas de rechazo a la autopista San Cristóbal–Palenque, frente al despojo de tierras, afectaciones ambientales, en sitios sagrados y formas de vida que el gobierno ha omitido.

También solicitan detener el ingreso, vigilancia o intervención sin consentimiento en sus parcelas, comunidades y territorios, incluido el sobrevuelo de drones. Exigen el cese inmediato del hostigamiento, presión, amenazas, intimidación, difamación y cualquier forma de violencia, así como de acciones para obtener firmas, reuniones o documentos que pretendan presentar como acuerdos comunitarios decisiones no tomadas de manera libre y colectiva.

Las comunidades invocan el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, ratificado por México el 22 de abril de 2021, y señalan posibles vulneraciones a sus artículos 7 y 9, además de otros tratados internacionales. Responsabilizan a los tres niveles de gobierno, así como a empresas interesadas y a personas con poder político en la región, por cualquier acción que afecte sus derechos.

Asimismo, rechazan que sus territorios sean promovidos como atractivos turísticos mediante el uso de expresiones culturales y ancestrales, mientras persisten y se desatienden las históricas demandas de los pueblos originarios en materia de salud y educación.

Hicieron un llamado a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a intervenir ante este hostigamiento que enfrentan por rechazar megaproyectos. En paralelo, advirtieron que continuarán defendiendo su territorio y denunciando cualquier intento de despojo o intimidación.

Fuente: Avispa Midia