Comunidades indígenas se movilizan tras operativo de SENAD y CODI en Y’apo

Durante el procedimiento fueron asesinados el líder comunitario Antonio Carrillo y el docente de la comunidad Catalino Correa, según denuncian referentes indígenas.

Las familias de Y’apo sostienen que el operativo se produjo en un contexto de años de amenazas y disputas por el territorio indígena. Los referentes comunitarios rechazan las acusaciones que buscan vincular a la comunidad o a sus líderes con organizaciones criminales y denuncian un proceso de criminalización de quienes defienden el territorio. Reclaman una investigación independiente y exhaustiva sobre lo ocurrido, el esclarecimiento de las muertes y garantías para la seguridad de las familias y dirigentes. También exigen al Estado el respeto de sus derechos territoriales reconocidos constitucionalmente.

La situación se inscribe en un escenario de creciente violencia contra comunidades rurales de Canindeyú. En los últimos años se han registrado amenazas, desalojos, ataques y procesos de criminalización contra comunidades campesinas e indígenas del departamento. En octubre de 2025, el Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos de BASE-IS registró al menos 15 situaciones de violencia contra comunidades indígenas durante ese año a nivel nacional, incluyendo desalojos forzosos, amenazas y ataques de civiles armados. El informe también advertía sobre la criminalización de quienes reclaman tierra y sobre la falta de respuestas estatales efectivas.

En Canindeyú, el avance del agronegocio sobre territorios rurales se combina con la expansión de actividades vinculadas al narcotráfico y con una creciente presencia de fuerzas de seguridad. Ya en 2021 diversos actores habían advertido sobre la violencia ejercida contra comunidades Ava Guaraní de la zona, incluyendo a Y’apo, donde pobladores denunciaban ataques y amenazas relacionados con la presión sobre sus territorios. Más recientemente, en febrero de 2026, esta situación alcanzó también a organizaciones campesinas del departamento, con denuncias sobre detenciones, hostigamiento y persecución de dirigentes en el marco de conflictos por la tierra.

Actualmente, una delegación de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) se encuentra en la zona acompañando a la comunidad y recabando información sobre lo ocurrido. En un comunicado reciente, la organización expresó su preocupación ante los hechos y reclamó al Estado una investigación seria e independiente que permita determinar responsabilidades por las muertes ocurridas durante el operativo. Los reclamos de la comunidad Y’apo por verdad, justicia y garantías de no repetición, se dan en el marco de un departamento donde la disputa por la tierra y el avance de actividades económicas ilegales y extractivas han colocado a comunidades indígenas y campesinas en una situación de permanente vulnerabilidad.

Fuente:  BASE Investigaciones Sociales