Defensores del agua celebran fallo contra demanda de una empresa de oro estadounidense

La demanda de KCA fue posible gracias a los privilegios exclusivos que permiten a las empresas transnacionales demandar a gobiernos soberanos, en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR). La empresa buscaba una compensación de cientos de millones de dólares, en respuesta a la suspensión, por orden judicial, de su proyecto minero de oro “Progreso VII Derivada”, que fue paralizado por no haber realizado la consulta previa, libre e informada a la que tienen derechos los pueblos afectados Maya Kaqchikel y Xinka.

En su respuesta, la Resistencia Pacífica La Puya destacó en un comunicado que son ellos quienes han sufrido los daños por la inversión de KCA: “Este arbitraje da inicio a partir de 2018, porque la empresa y administraciones anteriores del gobierno de Guatemala no respetaron la voluntad de la población y su rechazo a la minería de metales preciosos en defensa de la vida, el agua y el territorio. El resultado de esta actuación violatoria del Estado en contubernio con la empresa KCA ha sido conflicto, discordia local, intimidación y represión a las comunidades en resistencia, además de su criminalización, y finalmente este proceso de arbitraje internacional que duró siete años”.

Durante el arbitraje, La Puya colaboró con el equipo legal de Guatemala, aportando testimonios ante el panel de arbitraje. Para defender su caso, la defensa guatemalteca usó ampliamente los argumentos de la resistencia para demostrar que la empresa no cumplió con las regulaciones guatemaltecas y que su proyecto nunca debió haber sido aprobado. De esta forma, el gobierno reconoció la legitimidad de más de una década de lucha de La Puya en defensa del agua, la vida y el territorio.

El medio IAReporter reveló que KCA perdió su demanda porque “no pudo probar adecuadamente la causalidad”.

Sobre el resultado, la Resistencia Pacífica La Puya declaró: “Estamos satisfechos y reivindicados en nuestra lucha pacífica al saber que la empresa KCA perdió su apuesta a ganar millones de dólares a través de este proceso de arbitraje internacional, lo cual inició sabiendo que jamás ha tenido la posibilidad de obtener el consentimiento de las comunidades que siempre han dicho no a su proyecto inviable, que ni la misma empresa minera logró sustentar en un sistema de arbitraje hecho a modo para la protección de las inversiones de las empresas transnacionales”.

“En este sistema de arbitraje injusto, que es una cancha unilateral en donde solamente las empresas transnacionales pueden demandar a los Estados y no al revés, efectivamente el Estado no gana, simplemente no pierde. Guatemala está en un momento propicio en que puede revisar los compromisos que ha asumido en los tratados de inversión y decidir si le conviene mantenerse o no en este sistema, ponderando los costos y beneficios”.

La resistencia pacífica también reafirmó su compromiso de buscar la cancelación del proyecto “Progreso VII Derivado” y asegurar que no se otorguen más licencias mineras en la zona.

Si bien el texto completo de la decisión final aún no se ha hecho público, la Contraloría General de Guatemala (PGN) informó que la empresa ahora tendrá que reembolsar al gobierno guatemalteco aproximadamente 380.000 dólares en costos de arbitraje. Según IAReporter, el gobierno guatemalteco tendrá que cubrir sus propios gastos legales, que en promedio ascienden a 4.7 millones de dólares.

El texto completo del comunicado de La Puya está disponible en inglés y español. El video de la conferencia de prensa del 28 de diciembre también está disponible en Facebook.

Fuente: Bilaterals