Desplazamiento forzado interno en Chihuahua subió 233% de 2021 a 2025
El número de personas desplazadas de comunidades de la sierra Tarahumara, en Chihuahua, a ciudades como Parral, Delicias, Cuauhtémoc o la capital del estado, se incrementó entre 2021 y 2025, de mil 500 a casi 5 mil víctimas –es decir, 233 por ciento–, a quienes autoridades estatales han ofrecido atención.
Durante el primer foro Diálogos de resistencia sobre desplazamiento forzado interno en Chihuahua, los afectados, junto con organizaciones civiles, acompañantes, asesores legales y funcionarios públicas, expusieron sus necesidades como acceso a la atención médica, programas sociales, vivienda, educación y empleo.
También advirtieron sobre el impacto que padecen habitantes de poblaciones indígenas, víctimas de desplazamiento, para quienes la pérdida del territorio implica la ruptura de sus prácticas culturales, sistemas de subsistencia y organización comunitaria.
Sahara Cárdenas Fernández, subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos del gobierno de Chihuahua, informó que se han brindado en total 11 mil atenciones por desplazamiento forzado de 2022 a la fecha, incluyendo las atenciones in situ, de las cuales, 5 mil fueron de primer momento y el resto de seguimiento.
Las atenciones de primer momento responden a un protocolo estatal, y consisten en impresión de documentos de identidad, proporcionar medicinas y alojamiento temporal, entre otras acciones de apoyo.
Sin embargo, la mayoría de desplazados manifiesta sus deseos de volver a sus lugares de origen, considera que las atenciones recibidas resultan “medidas paliativas”, y no existe una política pública para solucionar de fondo el problema que comprometa a los tres niveles de gobierno.
Quieren volver a sus pueblos
Por parte de las organizaciones acompañantes, se estableció que en Guadalupe y Calvo han ocurrido desde 2021 desplazamientos intermitentes de comunidades como Los Alisos, Santa Tulita, Coloradas de la Virgen, Llano Grande, Cinco Llagas y otras. En la mayoría, la gente quiere volver a sus pueblos a pesar del riesgo, pero la gente que está allá también sufre mucho porque no tienen servicios de Diconsa ni de salud, la mayoría son mujeres y niños, y por su parte, los hombres jóvenes corren el peligro de que los recluten grupos del crimen organizado.
Los desplazados huyen a las ciudades, pero no aguantan mucho, regresan y muchos han terminado viviendo hacinados en Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo, sostuvieron.
Señalaron que los gobiernos de Durango y de Sinaloa tampoco están atendiendo las necesidades de personas desplazadas, que por cercanía se trasladaron a alguna ciudad chihuahuense, principalmente a Hidalgo del Parral.
En este sentido, es fundamental que haya una estrecha colaboración y coordinación entre gobiernos estatales y la Federación, expusieron.
Como conclusión, el foro planteó que la administración pública, en todos sus niveles, debe humanizar la atención a las víctimas, dado que las personas y los derechos están por encima de cualquier ley, reglamento o normativa.
Fuente: La Jornada
