EE. UU.: Los centros de datos no son la única amenaza para las tierras agrícolas

Las protestas contra los centros de datos se han multiplicado en todo Estados Unidos, mientras las comunidades se rebelan contra una multitud de efectos perjudiciales comprobados sobre los precios de la energía, el aire y el agua limpios, así como contra la devastación de decenas de miles de acres de tierras agrícolas. Titulares recientes en publicaciones nacionales informan de que agricultorxs y comunidades rurales están rechazando ofertas de varios millones de dólares realizadas por inversores institucionales y empresas tecnológicas para comprar sus tierras agrícolas y construir allí centros de datos. Una agricultora de Kentucky rechazó 33 millones de dólares por sus tierras agrícolas; otro agricultor de Pensilvania rechazó una oferta de 15 millones de dólares; y un agricultor de Wisconsin incluso habría rechazado una enorme oferta de más de 70 millones de dólares.

La tierra se ha convertido en la nueva gran clase de activos para los inversores, especialmente los multimillonarios y las empresas de capital privado, que buscan ocultar y proteger su patrimonio. Se considera una forma segura y de bajo riesgo de colocar dinero para protegerse contra la inflación, a expensas tanto de lxs agricultorxs como de las comunidades locales.

Estos inversores no solo buscan tierras agrícolas para construir centros de datos. Al igual que están poniendo el foco en la vivienda, las empresas de inversión están comprando tierras y luego alquilándolas a lxs agricultorxs con importantes beneficios.

La Encuesta 2024 sobre Tenencia, Propiedad y Transición de Tierras Agrícolas (TOTAL), publicada en marzo pasado, muestra que el 87 % de los más de 2 millones de propietarios que alquilan tierras agrícolas no son productorxs, es decir, no trabajan activamente en la agricultura, y la mayoría de estos propietarios nunca lo ha hecho. Mientras estos propietarios de tierras recaudaron conjuntamente más de 34.000 millones de dólares en alquileres, el valor total de las tierras agrícolas destinadas al alquiler asciende a 1,7 billones de dólares, un aumento del 47 % desde 2014. Estamos viendo en tiempo real la aparición de una clase de propietarios rurales a largo plazo que no trabajan directamente la tierra.

Aunque la encuesta TOTAL proporciona un indicador útil de las tendencias en la propiedad de las tierras agrícolas, no ofrece una imagen completa. La propiedad de las tierras agrícolas nunca se ha registrado de manera sistemática en Estados Unidos, y los datos limitados que existen son difíciles de encontrar. Los datos de los que disponemos muestran que la inversión en tierras agrícolas ha aumentado drásticamente durante las últimas dos décadas. Empresas como AcreTrader, Farmland Partners y otras que permiten a particulares invertir en tierras agrícolas se han vuelto cada vez más populares. El crecimiento más alarmante ha procedido de los inversores institucionales, como los fondos de pensiones, las empresas de capital privado y los grupos de gestión patrimonial. El valor de las tierras agrícolas en manos de inversores institucionales ha más que duplicado en los últimos tres años, hasta alcanzar los 16.600 millones de dólares en 2024, un aumento de ocho veces desde 2008. Basándose únicamente en los datos disponibles públicamente, los mayores propietarios corporativos de tierras agrícolas de Estados Unidos controlan más de 2 millones de acres.

Pero ¿por qué venden los agricultores sus tierras en primer lugar? La dura realidad es que la agricultura ya no permite ganarse la vida de manera viable, y esto lleva años siendo así. En tan solo cinco años, entre 2017 y 2022, desaparecieron 159.000 explotaciones familiares estadounidenses. La crisis agrícola no desapareció en la década de 1980; simplemente se ha vuelto más silenciosa y menos visible para la mayoría. Los precios crónicamente bajos y volátiles en todos los sectores, junto con el control cada vez mayor de un puñado de empresas multinacionales sobre la agricultura mundial, han llevado a los agricultores al límite de la supervivencia. Con la deuda agrícola en un nivel récord, vender la explotación al mejor precio posible suele ser la única forma viable de escapar de una situación financiera desesperada. Y cuando una explotación sale a la venta, las empresas con miles de millones en activos están en condiciones de superar las ofertas de lxs jóvenes agricultorxs y de quienes se inician en la actividad y buscan tierras para poner en marcha sus propios negocios.

La mejor oportunidad que tenemos para proteger las tierras agrícolas pasa por políticas federales sólidas que salvaguarden las tierras para varias generaciones de explotaciones agrícolas en activo y garanticen a lxs agricultorxs un salario digno. En este momento, la Farmland for Farmers Act es una de las iniciativas legislativas federales más ambiciosas para combatir esta preocupante tendencia. Inspirada en las leyes contra la agricultura corporativa de los estados del Medio Oeste, esta propuesta de ley impediría que las grandes entidades empresariales pudieran comprar tierras agrícolas únicamente para dejarlas sin cultivar con la esperanza de que su valor se dispare con el tiempo, o para volver a alquilarlas a lxs agricultorxs a un precio elevado. Con políticas de este tipo, junto con una Ley Agrícola que permita a lxs agricultorxs pagar sus facturas y hacer crecer sus negocios de manera sostenible, los agricultores podrían tener una oportunidad.

Ya es hora de que las soluciones políticas sean defendidas por representantes federales que no tengan miedo de enfrentarse a grupos de intereses especiales con enormes recursos financieros. Necesitamos que el Congreso promulgue políticas como la Farmland for Farmers Act que hagan frente a la obtención de beneficios a costa de lxs agricultorxs, las comunidades y nuestros recursos naturales. El primer paso para proteger las tierras agrícolas significa apoyar a la próxima generación de agricultorxs para que puedan incorporarse a la actividad con confianza y sin tener que competir con multimillonarios. Tenemos que garantizar que lxs agricultores, ahora y en el futuro, dispongan realmente de las tierras que necesitan para alimentarnos a todos.

Tim Gibbons es el director ejecutivo de la National Family Farm Coalition, una coalición nacional que representa a 30 organizaciones de base de agricultorxs, ganaderxs y pescadorxs en Washington, DC. Originario de Misuri y residente allí toda su vida, Tim lleva décadas organizando a agricultorxs familiares, ganaderxs y residentes rurales en apoyo de economías rurales justas, saludables y prósperas, mercados justos y agua y aire limpios.

Dena Hoff representa al Northern Plains Resource Council en la junta directiva de la NFFC. Desde 1979, cría ovejas y ganado vacuno y cultiva, entre otros productos, alfalfa, maíz y frijoles secos comestibles en su explotación de Glendive, Montana. Es una miembro activa de su comunidad rural y defensora de esta.

La NFFC es una organización miembro de La Vía Campesina en la región de América del Norte.

Fuente: La Vía Campesina