El Gobierno de Milei promete al campo derogar la ley que limita la compra de tierra a extranjeros

Tras conseguir derogar la protección automática que tenían los glaciares en Argentina y expandir la frontera productiva en sus alrededores, el gobierno de Javier Milei va por más. Este martes dos funcionarios clave de su gabinete confirmaron, frente a un auditorio de productores agropecuarios, que buscarán derribar también la ley que establece límites a la propiedad extranjera de tierras rurales. El argumento oficial es que la modificación “desbloqueará” inversiones en todo el territorio y empujará el desarrollo del país, pero otras voces alertan sobre el posible riesgo de perder posesión soberana sobre recursos naturales estratégicos.

“La Ley de Tierras es a las economías regionales lo que la Ley de Glaciares fue a la minería“, aseguró el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en el marco de Jonagro, una jornada nacional organizada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). “En su estado actual es una ley que prohíbe la inversión extranjera directa en tierras, en el agro, en puertos y en la industria forestal”, dijo, y estimó que el capital que ingresaría si se concretara la derogación parcial de la ley sería de alrededor de 15.000 millones de dólares.

La Ley de Tierras Rurales, sancionada en diciembre de 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, establece que las personas y las empresas extranjeras no pueden poseer más del 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Además, establece que ninguna nacionalidad extranjera puede superar el 30% de ese 15% permitido y que un mismo titular extranjero no puede tener más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo del país, la más productiva.

Milei intentó derogar esta normativa por DNU apenas comenzó su gobierno, en diciembre de 2023, pero sigue vigente por una cautelar judicial y la resolución final está en manos de la Corte Suprema. Por eso el Gobierno busca ahora abordar el asunto de otro modo y discutir la derogación parcial directamente en el Congreso, en donde ya ha demostrado tener capacidad de imponerse en batallas difíciles como la reforma laboral.

En el mismo sentido que el ministro de Desregulación, la senadora Patricia Bullrich celebró este martes que con la modificación de Ley de Glaciares “millones de hectáreas de tierras han vuelto a la posibilidad de producir” y señaló que con la derogación de la Ley de Tierras sucederá algo similar. Bullrich, que fue ministra de Seguridad de Milei hasta diciembre pasado, aseguró que el límite de hectáreas que tienen los actores extranjeros en la zona núcleo ha hecho que bajara el precio de la tierra y adelantó que, como hicieron con la discusión en torno de los glaciares, le “tirarán la pelota” a los gobernadores. En efecto, la normativa aprobada en abril pasado deja en manos de las provincias la definición de qué cuerpos de hielo deben protegerse y cuáles no.

“¿Por qué tiene que haber restricciones a la tierra extranjera? ¿El límite lo pone la Nación pensando en una cosa ideológica o el gobernador, de acuerdo a la necesidad que tiene su provincia?”, sintetizó. Según dijo, solo se mantendrá un límite: el que corresponde a las empresas con capital de estados extranjeros, casos en los que se requerirá la autorización del presidente de la Nación para avanzar.

Actualmente, alrededor del 5% del territorio argentino está en manos extranjeras, de acuerdo con un informe del Observatorio de Tierras. En superficie, esto supera los 13 millones de hectáreas, el equivalente a la extensión de Inglaterra. En algunas zonas la propiedad extranjera supera el límite del 15% fijado por la ley, llegando incluso al 50%. “El patrón es claro: las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas —tanto en el norte como en la cordillera— y en territorios con recursos hídricos, mineros o ventajas logísticas como puertos", detalla el estudio, que lleva la firma del historiador Matías Oberlin Molina y la socióloga Julieta Caggiano.

En cuanto a las nacionalidades de los principales poseedores de tierras, el listado es encabezado por ciudadanos estadounidenses, con más de 2,7 millones de hectáreas, y seguido por Italia y España. Solo estas tres nacionalidades concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada.

Para los investigadores, la derogación de la ley apunta a habilitar compras en zonas con un valor natural y estratégico excepcional. Lagos patagónicos de agua dulce, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, áreas fronterizas sensibles, regiones a la vera de los grandes ríos o asentadas sobre acuíferos que abastecen a millones de personas. “En un contexto global marcado por tensiones en torno al agua y la energía, permitir la expansión extranjera sobre estas áreas supone que el Estado argentino reduzca su capacidad de responder a las necesidades de su población de manera soberana”, aseguran.

Si bien Sturzenegger y Bullrich no lo mencionaron durante su presentación en la jornada de agro este martes, en diciembre de 2025 el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno libertario también tiene intenciones de reformar la ley que protege los bosques nativos y la Ley de Manejo del Fuego, que prohíbe realizar actividades agropecuarias en terrenos que han sufrido un incendio previamente, como una manera de prevenir el desmonte.

Fuente: Farmlandgrab.org