La comunidad de Kandara lucha por la restitución de tierras y el fin de la impunidad corporativa en Kenia

En el centro de Kenia, la Asociación de Residentes de Kandara ha mantenido una lucha de décadas por la restitución de tierras, mediante peticiones al Parlamento, presentaciones ante la Comisión Nacional de Tierras, participación en consultas públicas sobre la renovación de contratos de arrendamiento y litigios ante el Tribunal de Medio Ambiente y Tierras. La disputa territorial involucra a Fresh Del Monte Produce Inc., una corporación transnacional de productos agrícolas frescos y procesados ​​—constituida en las Islas Caimán— que opera en Kenia a través de su filial, Del Monte Kenya Limited. Dicha filial gestiona una gran plantación de piñas y una planta conservera en el centro de Kenia, que abarca los condados de Murang’a y Kiambu.

Del Monte Kenya cultiva cerca de 22 000 acres (aproximadamente 8900 hectáreas) bajo un régimen de arrendamiento a 99 años, cuya renovación ha sido impugnada por las comunidades locales y las autoridades de los condados desde 2015. La empresa emplea a unas 6000 personas y opera en la zona desde la década de 1960.

La plantación se encuentra en un área que las comunidades identifican como parte del territorio ancestral del pueblo kikuyu —en Murang’a y Kiambu—, el cual fue arrebatado durante el periodo colonial y nunca fue restituido a las familias que resultaron desplazadas. Las comunidades afectadas, organizadas principalmente a través de la Asociación de Residentes de Kandara, buscan la restitución de sus tierras ancestrales y el fin de un despojo histórico que ha dejado a algunos de los descendientes desplazados viviendo como ocupantes informales en los márgenes de la plantación.

Intentos de subsanar una injusticia territorial de origen colonial

Las comunidades afectadas y los gobiernos de ambos condados se han opuesto a la renovación de un contrato de arrendamiento que debía expirar en 2022. En 2016, la Asociación de Residentes de Kandara presentó una demanda ante el Tribunal de Medio Ambiente y Tierras de Murang’a, con el fin de impedir dicha renovación hasta que se abordara la situación de las tierras reclamadas como ancestrales. Sin embargo, en 2018, el condado de Kiambu emitió un memorando de entendimiento que facilitaba una nueva prórroga de 99 años sobre aproximadamente 8000 acres, a cambio de la cesión de 635 acres.

Tras la demanda de 2016, se han sucedido diversos procesos legales:

• En marzo de 2019, la Comisión Nacional de Tierras publicó una directiva que exigía una nueva medición de los terrenos, la transferencia al gobierno del condado de las infraestructuras de servicios públicos situadas en dichas tierras, y el reparto de cualquier excedente de terreno entre los residentes y los condados, conforme a una proporción de 70:30.
• En junio de 2020, el Tribunal de Medio Ambiente y Tierras desestimó las solicitudes de los residentes, señalando, no obstante, que la Comisión Nacional de Tierras conserva la facultad de investigar injusticias territoriales históricas y recomendar compensaciones o soluciones alternativas.
• En diciembre de 2021, el Comité Departamental de Tierras de la Asamblea Nacional recomendó que aproximadamente 7000 acres de tierras de plantación no utilizadas fueran segregados y asignados a la Asociación de Residentes de Kandara y a los dos condados, aplicando la fórmula 70:30.
• En agosto de 2022, cuatro días después de las elecciones generales, se renovó el contrato de arrendamiento en Murang’a. Las recomendaciones parlamentarias siguen, en gran medida, sin aplicarse. Los representantes de la comunidad denunciaron que tierras cedidas, supuestamente para fines públicos, fueron transferidas en parte a intereses privados con conexiones políticas, para luego ser arrendadas nuevamente a la corporación.

Impunidad empresarial y acusaciones de violencia

El Foro de Acción Comunitaria de Kagama (KCAF) y el Centro de Recursos de Ndula han estado trabajando con las comunidades afectadas para documentar presuntas violaciones y compartir pruebas directamente con los compradores, y facilitaron la verificación internacional independiente.

Entre 2013 y 2026 se han reportado varios casos de denuncias documentadas de violencia contra comunidades aledañas. Entre ellas se incluyen denuncias de palizas, asesinatos, violencia sexual y detención arbitraria de personas sospechosas de invasión o robo de frutas. Las comunidades también han expresado su preocupación por las restricciones en el uso de caminos públicos y senderos que cruzan la plantación y la conducta del personal de seguridad privado.

En diciembre de 2023, cuatro hombres fueron encontrados muertos cerca de la plantación. Los testigos afirman que los guardias los golpearon y los dejaron en el río Chania, pero la corporación niega haber actuado mal. Una organización de derechos humanos y activistas comunitarios presentaron una demanda civil ante el Tribunal Superior de Kenia, en nombre de las víctimas y las familias afligidas, alegando asesinatos, palizas, violaciones y vertidos de aguas residuales cargadas de pesticidas. La operación keniana de Del Monte y altos funcionarios policiales y legales figuran entre los encuestados.

En marzo de 2024, tras las muertes y la publicación de la propia evaluación de impacto sobre los derechos humanos de la empresa, Del Monte Kenya despidió a más de 200 guardias de seguridad internos y contrató a G4S, parte de Allied Universal, para proporcionar servicios de seguridad en la plantación. Sin embargo, según informes de la comunidad, el cambio de contratista de seguridad no resolvió las tensiones y continuaron los enfrentamientos y las denuncias de uso excesivo de fuerza, entre los que se informó que muchos transeúntes resultaron heridos por balas perdidas. Los representantes electos de Murang’a condenan públicamente las muertes y pidieron un boicot internacional a las “piñas de sangre”.

Este año, los procedimientos especiales de la Organización de Naciones Unidas, ONU, emitieron una comunicación conjunta sobre amenazas, acoso, ataque físico y destrucción de propiedad dirigida a Clement Muiruri Kamau, presidente del Foro de Acción Comunitaria de Kagama, en aparente represalia por su documentación de abusos y su facilitación del acceso a los medios internacionales. En el mismo período, Del Monte Kenya Ltd formalizó una asociación de seguridad con la policía local, un acuerdo que la empresa enmarcó en términos de capacitación estandarizada y uso responsable de la fuerza.

Internacionalización de la lucha por la tierra

En 2023, el Foro de Acción Comunitaria de Kagama (Kagama Community Action Forum) se dirigió a los supermercados del Reino Unido que comercializaban productos de la plantación para solicitarles que dejaran de abastecerse de ellos. Tesco, Asda, Waitrose y, posteriormente, Sainsbury’s, Morrisons e Iceland suspendieron —y en algunos casos finalizaron— sus relaciones comerciales con la plantación. Al año siguiente, una evaluación independiente del impacto en los derechos humanos, encargada por la propia corporación a la organización Partner Africa, concluyó que sus operaciones estaban causando graves perjuicios a los derechos humanos de la comunidad circundante y de lxs trabajadores.

El bufete de abogados Leigh Day ha presentado una demanda en el Reino Unido en nombre de un grupo de habitantes —compuesto, según se ha informado, por 134 demandantes—, en la que se denuncian muertes, violaciones y lesiones graves; concretamente, se alega la existencia de cinco fallecimientos y cinco casos de violación. El caso fue llevado ante un tribunal extranjero después de que los mecanismos de recurso internos resultaran lentos e inaccesibles para muchas de las víctimas. El acceso a la reparación no debería depender de que un bufete de abogados extranjero esté dispuesto a asumir el caso.

Restitución de tierras y responsabilidad corporativa

A pesar de años de movilización comunitaria, intervenciones parlamentarias, recomendaciones de la Comisión Nacional de Tierras y procesos judiciales, la cuestión de la restitución de tierras sigue sin resolverse. Las 7000 acres que el Parlamento recomendó segregar en 2021 continúan bajo cultivo. La rendición de cuentas penal de los guardias implicados a título individual es parcial y lenta; las cinco personas acusadas por el asesinato de Bernard Murigi en 2019 esperaron años sin ser juzgadas, y ninguna empresa matriz ha sido declarada responsable ante ninguna instancia. Se siguen registrando muertes y lesiones, y lxs defensores que documentan estos hechos continúan sufriendo represalias. Cabe esperar que los litigios y los esfuerzos por exigir responsabilidades conduzcan, finalmente, a la restitución y a la justicia.

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Fuente: La Vía Campesina