En Perú, bloquean proceso por esterilizaciones forzadas de más de 4 mil víctimas

Con la decisión de finalizar la investigación preparatoria, quedan impunes, además, los casos de cinco mujeres que fueron agraviadas por lesiones graves seguidas de muerte: Celia Edith Ramos Durand, María Mamérita Mestanza Chávez, Alejandra Aguirre Auccapiña, Reynalda Betalleluz Aguilar y María Genoveva Espínola Otiniano. 

A pesar de que la fiscalía reconoce indicios de que se cometieron delitos de lesiones graves y lesiones graves seguidas de muerte, de acuerdo a la interpretación de la Ley 32107 el plazo para sancionar las violaciones a los derechos humanos venció.   

Esta normativa determina la prescripción de los crímenes cometidos antes de la entrada en vigencia en el Perú del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en 2022, y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, en 2003. 

“Es importante precisar que la prescripción de la investigación no significa ausencia de responsabilidad. En la investigación que adelantó la Fiscalía se identificaron 52 responsables que formaron parte de la cadena de mando de esa política”, subrayó Rocío Silva Santisteban, directora de DEMUS, una de las organizaciones que lleva la defensa de las agraviadas.

Entre los años 1996 y 2000, fueron esterilizadas sin consentimiento libre e informado más de 272,000 mujeres, principalmente indígenas, de zonas rurales y en situación de pobreza, a través del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar implementado por el régimen de Alberto Fujimori. Según cifras del Ministerio de Salud recopiladas por la Defensoría del Pueblo, también se les practicó la intervención a más de 22,000 hombres. 

Hasta 2023, más de 8,000 personas estaban inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas. 

Impunidad se perpetúa 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró, en el caso Celia Ramos contra el Estado peruano, que estos crímenes fueron graves violaciones a los derechos humanos en el marco de una política pública, por lo que no se les puede aplicar las figuras de prescripción ni amnistía.

Durante más de veinte años, el Ministerio Público y el Poder Judicial del Perú vienen obstaculizando las investigaciones, pese a las evidencias reunidas por las organizaciones de derechos humanos a lo largo de este tiempo. En julio de 2024, un fallo judicial anuló el proceso penal, iniciado en 2021, que comprendía los casos de 1,315 víctimas. Así, se inició la nueva indagación que incluyó a más de 4,000 mujeres. 

Entre los 52 investigados cuya responsabilidad permanece impune, se encuentra Alejandro Aguinaga, quien fue ministro de Salud durante la ejecución del plan de esterilizaciones y actualmente es senador del partido fujimorista. Asimismo, otros funcionarios del programa de planificación familiar que hoy ocupan cargos públicos.

La intención del gobierno de Keiko Fujimori de sostener la impunidad de los crímenes cometidos en el régimen de su padre se manifiesta en la persecución de jueces que se negaron a aplicar la Ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad en un caso de esterilizaciones forzadas. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió investigaciones contra magistrados que optaron por sujetarse a las normas internacionales.

Las organizaciones que defienden a las agraviadas impugnarán el archivamiento de la investigación, mientras que por el caso de Celia Ramos solicitarán a la Corte Interamericana que intervenga para garantizar el cumplimiento de su sentencia. También pedirán que el Perú sea considerado en el Capítulo IV.B del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo podría incluir al país en la lista de naciones que incumplen con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. 

Fuente: Avispa Midia