En Perú emiten dos sentencias emblemáticas contra la impunidad de crímenes de lesa humanidad

Las violaciones sexuales de militares a mujeres de las comunidades andinas Vilca y Manta, región Huancavelica, fueron confirmadas como delitos de lesa humanidad por el Poder Judicial del Perú, en una sentencia que denegó la prescripción de crímenes contra los derechos humanos cometidos por agentes del Estado durante la guerra interna, entre los años 1980 y 2000.

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema decidió rechazar una solicitud de anulación de la acción penal, avalada por la Ley 32107, que fue creada por el partido fujimorista y promulgada por el Congreso en 2024 para eliminar los procesos por delitos cometidos antes de que entre en vigencia en el país el Estatuto de Roma, en 2002.

En el recurso de nulidad 1243-2024, se reafirmó que los hechos son crímenes de lesa humanidad y se ratificaron las penas de entre seis y doce años de cárcel a siete exmilitares.

Asimismo, en la resolución se señala que la violencia sexual por parte de las fuerzas armadas durante el conflicto armado interno fue sistemática, no aislada. La defensa de las afectadas recordó que las violaciones fueron masivas y planificadas, y sostuvo que hubo una práctica de alcance generalizado contra mujeres adolescentes de ambas comunidades de la región Huancavelica.

“La configuración del crimen de lesa humanidad respecto a los hechos probados está debidamente acreditada”, subraya el fallo.

Tras cuatro décadas de búsqueda de justicia por parte de las víctimas, en 2024, la Primera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria sentenció a diez exintegrantes del Ejército. El fallo de la Corte Suprema reafirmó siete condenas y ordenó un nuevo juicio para uno de los procesados.

Esta sentencia tiene mayor relevancia en un contexto en que los herederos políticos del dictador Alberto Fujimori pretenden, a través de instrumentos legales, eliminar las sanciones penales contra integrantes de los cuerpos del orden. A la ley de prescripción, se sumó en 2025 una normativa para otorgar amnistía a exagentes de las instituciones armadas, comités de autodefensa y funcionarios del Estado procesados y sentenciados por delitos perpetrados en la guerra insurgente-contrainsurgente.

El de Manta y Vilca es el primer caso en Sudamérica en que violaciones sexuales son consideradas crímenes de lesa humanidad. Hay otros dos precedentes en Latinoamérica, los casos de Sepur Zarco y Achí, en Guatemala, en los que se aplicó la figura debido a las circunstancias de conflicto armado y prácticas sistemáticas de violencia contra la población.

Por la dignidad de Teófilo Rímac

De otro lado, el 4 de noviembre la Corte Suprema confirmó la sentencia de 15 años contra el exoficial responsable de la desaparición forzada del dirigente sindical de la región Pasco y profesor Teófilo Rímac Capcha.

El 23 de junio de 1986, Rímac fue detenido en su casa por integrantes del Ejército y conducido al cuartel Carmen Chico, bajo la jefatura del comandante Ricardo Matta Vergara, cuya condena fue ratificada.

“La obligación del Estado peruano es pedir disculpas públicas a nosotros, sus familiares, limpiar el nombre de Teófilo Rímac, por la dignidad de mi esposo, vamos a seguir exigiendo al Estado que las disculpas públicas sean difundidas”, expresó Doris Caqui en el acto semanal frente al Palacio de Justicia, el número 65, de familiares de víctimas de violencia estatal.

La memoria pertenece a todos

Entre tanto, el 4 de noviembre, en Ayacucho, se realizó la diligencia de entrega de restos de 33 personas desaparecidas, en presencia de integrantes de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú ( Anfasep).

“Hoy hacemos un llamado a la sociedad a mirar más allá de las cifras y reconocer que la memoria no pertenece únicamente a quienes perdieron a sus seres queridos: nos pertenece a todas y todos. Porque un país que olvida el sufrimiento de sus víctimas corre el riesgo de acostumbrarse a la injusticia”, manifiesta la organización.

El período de violencia extrema en el Perú se inició con la lucha armada declarada por Sendero Luminoso en la región Ayacucho, en 1980, y replicada por el Estado con la guerra contrasubversiva. De acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el conflicto ocasionó 69,000 muertes, la mayoría de población quechuahablante de los Andes, víctima de ambas partes. En la guerra interna también actuó, por otro lado, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Se estima en 20,000 el número de desaparecidos durante las dos décadas de violencia política en el Perú. La revictimización y la impunidad son ejes del discurso de la ultraderecha fujimorista, en su disputa por reescribir la narrativa de la lucha contra la subversión, desde un nuevo gobierno.

En esa línea, en octubre, la Fiscalía Penal Supranacional Especializada en Derechos Humanos, aplicando la Ley 32107, archivó la investigación preparatoria que incluía casos de más de 4 mil mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas durante el régimen de Alberto Fujimori.

En el Perú hay más de 150 sentencias y 600 juicios en curso contra exagentes y funcionarios estatales por violaciones a los derechos humanos. Como medida de presión, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió investigaciones contra magistrados que se han negado a aplicar las leyes de prescripción y de amnistía.

Fuente: Avispa Midia