En las manos de Tribunal Agrario el futuro de la última comunidad del pueblo Tlahuica Pjiekakjoo

En la comunidad habitan los últimos hablantes del idioma pjiekakjoo o tlahuica, una cultura milenaria cuya población actual se estima entre los 6,400 y 7,000 habitantes. El pueblo Tlahuica Pjiekakjoo ("Pjiekakjoo" que se traduce como "somos lo que hablamos") está ubicado en el centro de la mayor área urbana de México, formada por Cuernavaca, Ciudad de México y Toluca, y ha resguardado por más de cuatro siglos, importantes áreas de bosques que alimentan los acuíferos del conglomerado urbano.

En un comunicado de prensa, la comunidad en conjunto con organizaciones sostiene que “los programas de gobierno vienen y van”, pero ha sido la cosmovisión de este pueblo, “embebida en su idioma originario y sus sistemas tradicionales de gobernanza comunitaria, tales como la faena (tequio) y el sistema de cargos, los que han permitido el cuidado efectivo de esta importante área de biodiversidad”.

En 2007, la comunidad logró la titulación legal de 18,858 hectáreas de propiedad social. A partir de entonces, organizaron brigadas de vigilancia ambiental con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) e implementaron un programa de manejo forestal cuyas ganancias se reinvirtieron en obras comunitarias.

No obstante, los intereses inmobiliarios y madereros interpusieron recursos legales que obligaron a la comunidad a suspender sus actividades de cuidado y manejo forestal. El Tribunal Unitario Agrario n.9, de Toluca, emitió una sentencia local con el objetivo de anular los títulos de derechos agrarios de los Tlahuica Pjiekakjoo de 2007.

La decisión abrió la puerta a una devastadora tala ilegal industrial que ha extraído cerca de 10,000 m³ de madera al año, denuncian miembros de la comunidad. Esta devastación clandestina derivó en un ecocidio que destruyó parajes emblemáticos como Quila, Agua Bendita y el Cerro de Tianquisco, La Corona, destruyendo el hábitat de especies locales como el conejo zacatuche, ajolote, venado cola blanca y el puma.

Denuncian que este proceso ha generado violencia, marginación y agresiones a sus líderes comunitarios, amenazando con “desintegrar su cohesión social y romper el vínculo ancestral con su territorio, sin considerar los enormes daños que provocan con esto a miles o millones de personas”.

Bajo el riesgo inminente de etnocidio y ecocidio a que dicha área está sujeta ante la falta de certeza jurídica en la tenencia de la tierra, y por la importancia ambiental transcendente del bosque para el centro del país, el Tribunal Superior Agrario (TSA) asumió la facultad de atracción del caso bajo el expediente TSA 2/2025. La comunidad aguarda la decisión final.

El territorio y el histórico de conflicto

El territorio de posesión ancestral de los Tlahuica Pjiekakjoo es identificado actualmente como Bienes Comunales de San Juan Atzingo. Tiene una superficie de alrededor de 25,000 hectáreas, pero de ellas, en el año 2007, solo lograron titular 18,858 en propiedad social como bienes comunales.

De acuerdo con el asesor técnico forestal de la comunidad e ingeniero forestal, Lucero González García, en el territorio se pueden encontrar elevaciones que van desde los 1,915 hasta los 3,700 metros sobre el nivel del mar, en una amplia variedad de topoformas, climas (desde los semifríos a los semicálidos), diversas condiciones naturales de vegetación, presencia de fauna de toda la cadena trófica y distintos usos de la tierra.

Los 6,422 Tlahuicas Pjiekakjoo, registrados por el  Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, tienen presencia en siete centros de población: San Juan Atzingo- Santa María Nativitas, La loma de Teocalcingo, La Colonia Dr. Gustavo Baz, Santa Lucia, San José el Totoc - Acahualcingo, El Capulín y Tlaltizapán.

González García explica que las amenazas al territorio no son de ahora. Como antecedente, el municipio de Ocuilan y algunas empresas iniciaron la extracción maderera a mediados de la década de 1920. Durante ese siglo e inmersos en los tiempos de la segunda guerra mundial las explotaciones forestales con fines de pulpa para papel fueron otorgadas por el Estado Mexicano a favor Concesionarios Forestales Industriales. En la región de los Tlahuica Pjiekakjoo operó la concesión a favor de la papelera Loreto y Peña Pobre.

Como resultado de la Revolución Mexicana, cuenta el especialista, a partir de la década de 1950 se obligó a los concesionarios forestales a pagar los derechos de monte a los nuevos propietarios, es decir a los Ejidos y Bienes Comunales Forestales de reciente creación.

Los Tlahuica Pjiekakjoo, sus lideres agrarios primigenios como Luis Hernández, Trinidad Tiburcio y Librado Neri, seguidos de muchos otros como Carmen Neri, Celestino Rea e Ildefonso Zamora, explica él, defendieron al territorio y soportaron una lucha de más de 60 años contra el municipio de Ocuilan y la resolución presidencial de 1961 que ostentaban como Bienes Comunales de Ocuilan.

Dicha resolución en 1992 fue impugnada y cancelada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por violentar los derechos territoriales del Pueblo Tlahuica Pjiekakjoo, sentencia que tambien dejo a salvo los derechos del pueblo Tlahuica. 

Así desde 1992 reinició nuevamente la lucha comunitaria de los Tlahuica Pjiekakjoo por la titulación y reconocimiento de los Bienes Comunales de San Juan Atzingo, movimiento que en el año 2007 tuvo, como resultado del juicio agrario 66/2006, la titulación de 18,858 ha libres de conflicto para los indígenas Tlahuicas. “A partir de entonces la comunidad comenzó otra lucha por defender la titulación contra los viejos intereses y sus aliados, donde por un exceso de atribuciones del Tribunal Unitario n.9, en el año 2025 se sentencia la insubsistencia de la Titulación del 2007”, explica el asesor de la comunidad.

“Esta es la oportunidad histórica donde la Procuración del Derecho Agrario pasa de ser un ente pasivo y muchas veces corrupto, a una auténtica instancia de protección a los derechos de la propiedad social de los pueblos indígenas de México. Pueblos que han cuidado y autogestionado ancestralmente los bosques de los cuales dependemos todos y que lamentablemente no han sido atendidos ni por la extinta Reforma Agraria y mucho menos por la Ley Agraria vigente, y que al contrario han estado sometidos a la discriminación, corrupción, vicios y perjuicios de los intereses extractivistas”, analiza el engeniero forestal. 

Tambien es oportunidad, evalúa, para que los Tribunales Agrarios puedan establecer protocolos o jurisprudencias de análisis integral ante los “terribles retos sociales, ambientales y a los cambios del artículo 2° Constitucional; y que sus sentencias perfeccionadas puedan acercarse a la verdadera protección territorial de los mexicanos indígenas más vulnerados. La causa es más grande que nosotros mismos”.

Reacción

En el marco de este proceso, especialistas presentaron el jueves (29), ante el Tribunal Superior Agrario, un amicus curiae con un peritaje del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que confirma que la presencia de este pueblo data desde hace más de 3 mil años. Un amicus curiae es una figura jurídica mediante la cual una persona, institución u organización que no es parte de un litigio interviene voluntariamente ante un juez.
La entrega del documento se realizó con el acompañamiento del procurador agrario Víctor Suárez Carrera. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) también se comprometió a enviar un Amicus Curiae en respaldo de los derechos de la comunidad sobre sus tierras, territorio y recursos forestales.

El expediente ya se encuentra bajo revisión del Tribunal Superior Agrario y comprende alrededor de 20 tomos. El tribunal todavía no puede emitir una sentencia debido a suspensiones judiciales vigentes. Una vez que se resuelvan esos amparos, el tribunal podrá avanzar hacia una resolución.

Fuente: Avispa Midia