Gobierno presenta características dictatoriales contra los derechos humanos y sociedad civil
El gobierno de Honduras muestra características de autoritarismo, encaminadas a la consolidación de una dictadura, cuyo objetivo es el control total y la destrucción de organizaciones defensoras de derechos humanos y minimizar las garantías constitucionales de la población, mientras fortalece a los grupos de poder, observan fuentes consultadas por Criterio.hn.
Tegucigalpa, Honduras. – Honduras sufre un panorama de criminalización de los defensores de derechos humanos y una especie de persecución contra los ciudadanos, ya sea por un tatuaje que parezca de una asociación criminal, el despojo de los pueblos originarios de sus territorios y llamar terrorismo al derecho a la protesta, todo bajo la creación de leyes lesivas que permitan a los grupos de poder abrirse camino a sus intereses, de la mano de un gobierno autoritario con marcadas características de un régimen dictatorial.
Hay una narrativa para eliminar los derechos humanos, ignorando temas constitucionales, porque los derechos humanos son las condiciones para vivir dignamente. En tal sentido, la Constitución de la República, en el capítulo de Las Declaraciones, artículo 61, señala que la Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país, el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igualdad ante la ley y a la propiedad.
Joaquín Mejía destacó que, el gobierno está aprovechando el tema de la seguridad ciudadana, en el contexto de la masacre reciente en Yorito, Yoro, en un contexto de crisis en materia de seguridad por varias masacres, similar al gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006), previo a aprobar la “Ley Antimaras”, como parte de la política de seguridad “mano dura” o de “cero tolerancia” contra las maras y pandillas, como la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla 18, en el año 2003.
“Estamos exactamente viendo lo mismo, es decir, que se dan ciertas masacres y desde el Congreso Nacional lo que hacen es aprobar normas que restringen nuestras libertades, mientras se protegen ellos”, señaló Mejía.
Un claro ejemplo es la reforma penal relacionada con el allanamiento, que permite a la Policía y el ejército allanar las viviendas sin orden judicial, pero ponen una excepción, cuando se trata de las casas de diputados y altos funcionarios del Estado, al igual que quienes hayan ostentado u ostenten cualquier cargo de elección popular, en ese caso sí se requiere orden judicial.
Una de las preguntas que surge es, ¿a quién están protegiendo?, porque las reformas penales incluyen el combate contra las maras y pandillas vinculadas al narcotráfico, pero no a las organizaciones de narcotráfico ni tampoco incluyen a las redes de corrupción.
Mejía, abogado constitucionalista, apuntó que cuando los diputados del Congreso hablan de querer eliminar los tratados de derechos humanos, se refieren a vaciar de contenido a la Constitución y quitarle las condiciones de dignidad a la gente.
“Estas reformas penales son una calca de las que hizo la dictadura Ortega Murillo en Nicaragua. No nos extrañe que ahora sigan con lo siguiente”, advirtió Mejía.
En agosto de 2018, el gobierno de Daniel Ortega, días después de la publicación de un informe que señalaba abusos y represión en las protestas iniciadas ese año, ordenó la salida de la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ( Oacnudh) de Nicaragua. En ese año, repuntó la crisis sociopolítica y emergieron fuertes protestas en el país.
Mejía avizora que otro paso de un gobierno autoritario encaminado a la dictadura en Honduras, buscaría aprobar una ley de agentes extranjeros, para controlar las organizaciones de sociedad civil e imponer altos impuestos con el objetivo de cerrar a las organizaciones de sociedad civil.
“Eso son lo que han hecho los autócratas de la región. Lo ha hecho [Nicolás] Maduro, lo ha hecho [Nayib] Bukele, en El Salvador, lo ha hecho la dictadura Daniel Ortega Murillo en Nicaragua y no nos extrañe que después de estas reformas penales [en Honduras] vayan por eso. Obviamente esto es sumamente peligroso”, aseveró Mejía.
El artículo 15, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), al que está suscrito Honduras, establece el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.
CAMINO A UNA DICTADURA
Rony Castillo, académico e integrante de la Organización Fraternal Negra Honduras (Ofraneh), dijo en conversación con Criterio.hn que Honduras parece reconfigurarse como una narcodictadura, con una serie de reformas penales que cooptan a las instituciones, y los alineamientos van dirigidos a conformar un solo bloque y mando único, para fortalecer el control de un grupo autoritario. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn
“Esta vez se lidera desde el Congreso Nacional, luego pasará obviamente al Ejecutivo, para mantener el poder junto con grupos empresariales conservadores, grupos oligarcas que se benefician de las políticas y reformas que se hacen como una forma de represión”, analiza Castillo.
A su criterio, el panorama actual presenta toda una estrategia de los grupos de poder con herramientas de represión contra las luchas sociales. Dentro de esas están las reformas al Código Penal y Código Procesal Penal, aprobadas el 30 de octubre de 2026 por el Congreso Nacional y vigentes desde el tres de noviembre de 2026, tras su publicación en diario oficial La Gaceta, como Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas.
Recuerda que esa estrategia la utilizó el mandato de Juan Orlando Hernández (2014-2018) y (2018-2021), con la aprobación de una gran cantidad de leyes lesivas, contra quienes ejerzan su derecho a la protesta, quienes representen oposición política, para reprimir, amedrentar y criminalizar a los defensores de los derechos humanos y a las organizaciones que vayan en contra de los intereses de los poderes fácticos.
“Recuerdo que Miriam Miranda fue la primera que señaló en aquel entonces que estábamos frente a una narcodictadura, porque la gente tenía miedo a decirlo, pero hoy es real”, manifestó.
Entonces, las características serían, primero emitir las leyes a su beneficio, luego sancionar funcionarios de la oposición y culpar a los defensores y las organizaciones con el discurso de que se oponen a que el país avance e intimidar otros funcionarios de instituciones que vayan en contra de los objetivos del autoritarismo, ya sea como fiscales, jueces y policías, hasta lograr todo el alineamiento.
Una vez que se alcance el alineamiento habrá medios de comunicación que también se alienarán y refuercen la narrativa para difundir un mensaje positivo de combate a la criminalidad, mientras la realidad ofrece una imagen muy distinta de atropello a los derechos humanos.
Aunque la mantiene una lucha histórica por sus territorios ancestrales, la Ofraneh es una de las organizaciones que ha sufrido ataques directos de los grupos de poder de Honduras en contubernio con las fuerzas de seguridad de Estado, pese a contar con cuatro sentencias a favor del pueblo garífuna, dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
El domingo 15 de noviembre de 2026, la Ofraneh denunció la detención arbitraria de su abogado defensor y codirector del Bufete Justicia para los Pueblos, Edy Tábora, quien fue retenido temporalmente por la Policía Nacional, Satuyé, en La Ceiba, Atlántida, en medio de la defensa del pueblo garífuna por sus tierras ancestrales y la criminalización que sufren por mantenerse en protesta en el Campamento Viva Berta.
Con respecto al tema de las reformas penales, Joaquín Mejía, explicó que la Constitución obliga a que tienen que escuchar la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La Corte dio su opinión y expresó reformas que algunas de esas reformas penales son contrarias a la Constitución, pero el Congreso Nacional, dirigido por Tomás Zambrano, no tomó en cuenta que la Corte es que es la máxima intérprete de la Constitución, y terminaron aprobado las reformas.
Misma observación hizo la Oacnudh, al sostener que las reformas son contrarias a muchos estándares internacionales, en respuesta el gobierno cuestionó a ese órgano internacional con el que Honduras mantiene convenios.
“Hay unos intereses del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, negociando con Jorge Cálix y, en este sentido, creo que el gobierno liberal-nacionalista va encaminado cada vez más a parecerse más a un régimen autoritario”, apuntó Mejía.
Por esa razón, observa que se seguirán reduciendo las garantías y el espacio cívico de la población y existe el grave riesgo de que terminen expulsando a la ACNUDH, así como lo hicieron con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras ( MACCIH), obligar el cierre de las organizaciones de sociedad civil, para aplastar a cualquier voz crítica de las desviaciones autoritarias que se están ejerciendo.
Fuente: Criterio.hn
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