La playa no se negocia: memoria y resistencia en El Murciélago

Manta y Playa Murciélago fueron, durante décadas, hogar de una extraordinaria diversidad de vida. Tortugas golfinas, mantarrayas, peces, caracoles, conchas, medusas, estrellas de mar, pulpos y numerosas aves marinas compartían este ecosistema con muyuyos, algarrobos, tamarindos, cactus, ceibas y algas de distintas formas y colores. Quienes conocieron esta playa en otros tiempos recuerdan la riqueza de sus aguas, la arena blanca y la presencia de especies que hoy son cada vez menos frecuentes. Este paisaje no solo constituía un patrimonio natural: era parte de la memoria, la identidad y la relación de Manta con el mar.

Con el paso de los años, aquella riqueza comenzó a desaparecer. Mientras las luces de la ciudad iluminaban una idea de progreso asociada al crecimiento urbano y económico, el deterioro ambiental avanzaba casi sin hacerse notar. La pesca industrial, la contaminación provocada por las aguas servidas, la expansión de la infraestructura y la pérdida de vegetación costera alteraron progresivamente el equilibrio de este territorio. Muchas especies perdieron su hábitat y sus fuentes de alimento; otras se vieron obligadas a desplazarse. La reparación de estos daños, sin embargo, nunca llegó en la medida necesaria.

La playa que durante generaciones ofreció refugio, encuentro y disfrute comenzó a perder parte de su riqueza natural. El manejo inadecuado de las actividades turísticas, la tala de vegetación y la presión de las instalaciones urbanas y portuarias contribuyeron a transformar un ecosistema que no puede entenderse únicamente como un espacio disponible para el comercio o la recreación. Cada intervención sobre la costa tiene consecuencias que van más allá del área ocupada: modifica las condiciones de vida de otras especies y afecta la relación de la comunidad con su entorno.

El deterioro ambiental de Playa Murciélago no es, por tanto, un asunto menor ni una preocupación exclusiva de quienes defienden la naturaleza. Es una pérdida que compromete la identidad de Manta y plantea preguntas sobre las decisiones que han orientado su desarrollo. ¿Qué significa el progreso cuando la ciudad pierde parte de su patrimonio natural? ¿Qué beneficios justifican la transformación irreversible de un espacio que pertenece a la memoria colectiva? ¿Quiénes asumen los costos ambientales de decisiones cuyos beneficios económicos pueden concentrarse en manos privadas?

A pesar de las presiones que enfrenta, Playa Murciélago conserva un remanente de vida que merece ser protegido. Es un espacio turístico, cultural, deportivo y comercial, pero también un refugio para la anidación de tortugas golfinas, cuya presencia demuestra la importancia ecológica de este sector de la costa. Su protección no beneficia únicamente a una especie: contribuye a preservar las condiciones que sostienen a otros organismos y al ecosistema marino-costero en su conjunto.

Las tortugas marinas cumplen una función ecológica importante. La protección de sus zonas de anidación ayuda a conservar hábitats vulnerables frente al avance urbano y portuario. En Playa Murciélago, su presencia representa, además, un vínculo entre la biodiversidad y la comunidad que durante años ha impulsado iniciativas para cuidar los nidos y acompañar la liberación de las crías. Perder este refugio significaría debilitar no solo un ecosistema, sino también una experiencia de organización y compromiso ciudadano construida a lo largo del tiempo.

Las tortugas golfinas llegan a la playa principalmente entre julio y diciembre, y la eclosión de los huevos ocurre sobre todo a partir de septiembre. Su periodo de incubación dura entre 45 y 60 días. Durante estas semanas, cualquier alteración del entorno puede afectar el éxito de la anidación y la supervivencia de las crías. La iluminación artificial, el tránsito de vehículos, la compactación de la arena y la presencia de personas demasiado cerca de los nidos representan riesgos que requieren prevención, vigilancia y acompañamiento especializado.

Por ello, proteger este hábitat exige mucho más que expresar preocupación cuando aparece una tortuga en la arena. Es necesario mantener una distancia prudente, evitar las luces y los flashes, no tocar a los animales ni manipular sus huevos y comunicar cualquier eventualidad a las personas encargadas de su protección. También es indispensable impedir el ingreso de vehículos a la playa y evitar que perros sueltos u otras perturbaciones pongan en riesgo los nidos. La intervención debe quedar en manos de personal especializado y autorizado.

Estas acciones de cuidado, sin embargo, pierden eficacia cuando el propio territorio es sometido a intervenciones que pueden alterar sus condiciones ambientales. De poco sirve pedir a la ciudadanía que proteja un nido si, al mismo tiempo, se realizan trabajos que remueven la arena o transforman el espacio donde las tortugas llegan a desovar. La conservación no puede depender únicamente de la voluntad de quienes vigilan la playa; requiere decisiones institucionales coherentes con la obligación de prevenir daños.

Frente a esta realidad, la ciudadanía de Manta ha decidido organizarse. Colectivos ambientales, comunidad de surfistas, organizaciones culturales y habitantes comprometidos con la defensa del espacio público han impulsado acciones para evitar que Playa Murciélago continúe perdiendo su riqueza natural. Su lucha ha trascendido las diferencias políticas y ha reunido a personas que comprenden que la playa no es propiedad de un grupo económico ni un terreno disponible para cualquier intervención. Es un bien común cuyo valor debe reconocerse y protegerse.

Esta organización ciudadana ha recurrido a caminatas, plantones, cadenas humanas, monitoreos y acciones legales. También ha mantenido alertas frente a las intervenciones de la Autoridad Portuaria de Manta y ha buscado que se respeten las medidas de protección ambiental. Quienes participan en esta defensa denuncian que, en distintas ocasiones, se les ha solicitado retirarse bajo el argumento de que los trabajos se detendrían, sin que ello se haya traducido necesariamente en una paralización efectiva. También han reportado enfrentamientos y actuaciones de policías y guardias privados que consideran desproporcionadas.

Resulta preocupante que la defensa de un espacio público y de un ecosistema vulnerable coloque a la ciudadanía en una situación de confrontación con quienes ejecutan o respaldan las intervenciones. La participación ciudadana no debe tratarse como un obstáculo para el desarrollo ni como una amenaza a los intereses institucionales o empresariales. Por el contrario, constituye una expresión legítima del derecho de la comunidad a intervenir en las decisiones que afectan su territorio y su futuro.

La controversia actual se ha intensificado con la ampliación del Patio 600, un área de almacenamiento del Terminal Portuario de Manta (TPM) destinada a facilitar las operaciones logísticas del puerto. Los trabajos, iniciados en agosto de 2026, contemplan la intervención de aproximadamente tres hectáreas en un sector de Playa Murciélago. La iniciativa ha generado preocupación y rechazo entre organizaciones ambientales y sectores ciudadanos por sus posibles efectos sobre el ecosistema marino-costero, el hábitat de las tortugas y el acceso público a la playa.

Desde que comenzaron los trabajos de remoción y extracción de arena, quienes defienden este espacio han alertado sobre la necesidad de contar con especialistas para atender los riesgos que podrían enfrentar los nidos de tortugas. También han cuestionado la falta de información concluyente sobre algunas de las actuaciones realizadas y las condiciones ambientales en las que se ejecuta el proyecto. Estas preocupaciones requieren respuestas institucionales claras, evaluaciones técnicas rigurosas y medidas preventivas oportunas.

La discusión no puede reducirse a determinar cuánto espacio necesita el puerto para ampliar sus operaciones. Es indispensable evaluar qué se transforma, qué se pone en riesgo y qué consecuencias tendrá esa intervención para la comunidad y el ecosistema. La infraestructura portuaria puede formar parte de la actividad económica de Manta, pero su expansión no debe asumirse como una prioridad incuestionable ni colocarse por encima de la protección de los derechos de la naturaleza y del uso público de la costa.

La preocupación ciudadana se ha trasladado también al ámbito judicial. El 15 de septiembre, la Comisión Ciudadana de Defensa de la Playa Murciélago presentó una acción de protección contra el Terminal Portuario de Manta, la Autoridad Portuaria de Manta, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Manta. La demanda cuestiona las intervenciones realizadas y sostiene que estas vulneran derechos constitucionales de la naturaleza y de los habitantes de la ciudad.

El proceso continúa pendiente de resolución. Según las denuncias de quienes impulsan la acción, la audiencia fue suspendida ante la falta de elementos que acreditaran el cumplimiento de los requerimientos ambientales exigidos para continuar los trabajos. La controversia también ha puesto sobre la mesa la necesidad de aportar evidencias sobre la presencia de tortugas en el sector.

Cuesta comprender que la defensa de un hábitat dependa de demostrar la presencia de especies que siguen ciclos naturales y no responden a los tiempos de una audiencia judicial. Las tortugas no desovan a voluntad ni aparecen de manera permanente para satisfacer una exigencia administrativa. Su anidación depende de condiciones ambientales específicas y requiere observación, paciencia y conocimientos especializados. Por eso, las evaluaciones deben considerar los ciclos biológicos y la información científica disponible, en lugar de reducir la protección de un ecosistema a una constatación puntual.

La justicia tiene la responsabilidad de examinar los argumentos y las pruebas con independencia, atendiendo a los derechos que se encuentran en discusión. La magnitud de una inversión o el avance de una obra no deberían convertirse en razones para restar importancia a los posibles daños ambientales. Si una intervención puede comprometer un ecosistema vulnerable, lo razonable es garantizar que las obligaciones correspondientes se cumplan y que las decisiones se adopten con fundamento jurídico y técnico.

Las denuncias ciudadanas también advierten sobre posibles afectaciones a otros componentes del entorno, incluidos los espacios utilizados por aves y la vegetación costera, así como los manglares que habían sido resembrados. Estos señalamientos merecen una evaluación rigurosa. La naturaleza no está compuesta por elementos aislados que puedan retirarse, trasladarse o reemplazarse sin consecuencias. Cada intervención modifica relaciones ecológicas que sostienen la vida y cuya recuperación puede ser compleja o, en algunos casos, imposible.

Existe, además, una contradicción que merece atención. En años anteriores, según recuerdan quienes defienden la playa, algunas actividades deportivas y eventos de surf fueron restringidos bajo argumentos relacionados con la presencia de especies marinas en el sector. Hoy, esas mismas condiciones ecológicas están en el centro de una controversia sobre la ampliación portuaria. Esta situación obliga a preguntarnos por qué la biodiversidad puede reconocerse como una razón para limitar ciertas actividades y, al mismo tiempo, parecer insuficiente cuando se trata de justificar intervenciones de mayor escala.

El problema de fondo es el modelo de desarrollo que se impulsa para Manta y la manera en que se toman decisiones sobre sus bienes comunes. Una obra puede representar una inversión importante y, aun así, generar costos ambientales y sociales que no deben ignorarse. El crecimiento económico no puede evaluarse únicamente por la capacidad operativa de una infraestructura o por las oportunidades comerciales que ofrece. También debe considerar quiénes reciben sus beneficios, quiénes soportan sus consecuencias y qué patrimonio se compromete en el proceso.

Cuando el deterioro de un espacio público afecta a la biodiversidad y limita su disfrute colectivo, la discusión deja de ser exclusivamente económica. Se convierte en una cuestión de justicia ambiental. La playa es parte del territorio compartido por la comunidad, y su protección no puede depender de la capacidad de presión de los actores involucrados ni de la conveniencia de una inversión determinada.

Manta merece un desarrollo que reconozca el valor de su costa y no considere la naturaleza un recurso disponible hasta agotarlo. Merece instituciones que actúen con responsabilidad, decisiones sustentadas en evidencia y procesos que respeten los derechos de la comunidad. Merece, sobre todo, que el futuro de sus espacios públicos no se decida al margen de quienes los habitan, los disfrutan y se comprometen con su conservación.

La resistencia de Playa Murciélago es también una defensa de la memoria. Cada tortuga que llega a desovar, cada cría que alcanza el mar y cada persona que se organiza para protegerlas nos recuerda que todavía es posible cuidar aquello que no ha desaparecido. Pero esa posibilidad depende de que las decisiones se tomen a tiempo y de que la protección ambiental no quede subordinada a los intereses económicos.

La playa no es solamente arena frente al mar. Es un ecosistema, un lugar de encuentro y una parte de la historia de Manta. Es también un espacio que las generaciones presentes tienen la responsabilidad de preservar para quienes vendrán. No podemos aceptar que, en nombre de un progreso mal entendido, se comprometa aquello que da vida y sentido a nuestro territorio.

Defender Playa Murciélago significa defender el derecho de la naturaleza a existir, el derecho de la ciudadanía a disfrutar de sus espacios públicos y la posibilidad de que las futuras generaciones conozcan una costa viva. Significa exigir que las instituciones cumplan sus responsabilidades y que las decisiones sobre el territorio se adopten con respeto por la comunidad y por los ecosistemas.

El verdadero progreso no puede construirse a costa de la vida. La riqueza de una ciudad no se mide únicamente por sus obras o su capacidad comercial, sino también por la posibilidad de conservar su patrimonio natural y garantizar que siga siendo parte de la vida colectiva.

La playa no se negocia. Defenderla es defender la memoria de Manta, la naturaleza y el derecho de las generaciones futuras a heredar un territorio vivo.

Fuente: Acción Ecológica