Nuevas denuncias de ejecuciones extrajudiciales involucran a las Fuerzas Militares y a la Policía

Campesino asesinado en La Macarena, Meta

La Junta de Acción Comunal de la vereda Guaduales Nueva Esperanza, en La Macarena, Meta, denunció que el Ejército asesinó a un campesino que intentó socorrer a una familia secuestrada por unidades militares, quienes abusaron y torturaron a una mujer.

El pasado 22 de septiembre, tropas del Ejército Nacional asesinaron al campesino Luis Carlos Mojica Guzmán, quien, según los testimonios recogidos, se encontraba desarmado y no representaba ninguna amenaza. Hacia el mediodía, los uniformados llegaron a la vivienda de una pareja de campesinos que vivía junto a sus dos hijos menores de edad. De forma violenta y arbitraria, los militares detuvieron a la campesina Yuli Andrea Motta Tovar, a quien amarraron, golpearon y obligaron a quitarse la ropa mientras la interrogaban. Asimismo, los militares secuestraron al campesino Luis Carlos Guerrero y a los dos niños que vivían en la vivienda.

Grave denuncia en La Macarena, Meta Desde Indepaz expresamos profunda preocupación por la grave denuncia realizada por la Junta de Acción Comunal de la vereda Guaduales Nueva Esperanza, en La Macarena, Meta. Según la denuncia de la comunidad, el 22 de septiembre, en medio de una operación del Ejército Nacional, habría muerto el campesino Luis Carlos Mojica Guzmán, quien, de acuerdo con los testimonios recogidos, se encontraba desarmado y no representaba una amenaza. La comunidad denuncia además graves afectaciones contra una familia campesina, incluyendo la presunta retención y agresión contra una mujer, así como la presencia de niños durante los hechos. También señala que integrantes del Ejército habrían recogido el cuerpo de Luis Carlos Mojica después de su muerte. Lo ocurrido debe ser esclarecido de manera urgente, independiente y transparente. Es necesario establecer las circunstancias de la muerte de Luis Carlos Mojica, identificar las unidades que participaron en la operación y esclarecer qué ocurrió con su cuerpo. Asimismo, deben garantizarse la protección de la familia, de los niños y de los testigos, evitando cualquier forma de presión o estigmatización. La población campesina es población civil y debe ser protegida. Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo verificar de manera urgente lo ocurrido, y al Ejército Nacional entregar información pública y suficiente sobre la operación y sobre la situación de Luis Carlos Mojica Guzmán.

— INDEPAZ (@Indepaz) September 25, 2026

Según la denuncia de la Junta de Acción Comunal, hacia las 3:35 de la tarde, cuando la familia permanecía en poder de los militares, el campesino Luis Carlos Mojica Guzmán se acercó para auxiliar a la familia secuestrada. Entonces, los militares le dispararon y lo asesinaron sin mediar palabras. Varios testimonios de la comunidad afirman que el campesino, afiliado a la Junta, estaba desarmado y no representaba ningún peligro; sin embargo, los militares le dispararon con sevicia en varias ocasiones. Después de asesinarlo, el Ejército se llevó el cuerpo del campesino.

Organizaciones defensoras de derechos humanos como Indepaz solicitaron a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo verificar de manera urgente lo ocurrido.

Conocimos la denuncia sobre hechos ocurridos el pasado 22 de septiembre en zona rural de La Macarena, Meta, durante un operativo de la Fuerza Pública, en los que Luis Carlos Mojica Guzmán habría fallecido y una mujer habría sido sometida a graves afectaciones contra su dignidad e integridad. Acompañamos a las personas y familias afectadas y verificamos las denuncias hechas públicas. Solicitamos al @COL_EJERCITO información completa sobre lo sucedido, a las autoridades competentes esclarecer con la debida diligencia y oportunamente los hechos, inclusive la muerte reportada, y determinen las responsabilidades a que haya lugar. Pedimos al @mindefensa activar también sus controles internos, verificar los hechos y, de ser el caso, adoptar las medidas para prevenir eventuales violaciones a los derechos humanos.

— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) September 26, 2026

Igualmente, reclamaron que el Ejército Nacional entregue información pública y suficiente sobre la operación y sobre lo ocurrido con el campesino Luis Carlos Mojica Guzmán.

Según este comunicado, alias Cholo fue asesinado en estado de indefensión. Las ejecuciones extrajudiciales (pena de muerte) están proscritas en Colombia. El presidente @ABDELAESPRIELLA sigue el camino de Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas hoy en juicio ante la CPI. https://t.co/tLRtQC15ce

— ClaudiaJulietaDuque (@JulieDuque1) September 24, 2026

Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ejército Colombiano información completa sobre lo sucedido y pidió a las autoridades competentes esclarecer con la debida diligencia y oportunamente los hechos, incluida la muerte reportada, y determinar las responsabilidades a que haya lugar.

Mindefensa reconoce que joven campesino no era hijo de jefe paramilitar

El Ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, enfatizó que el joven Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, una de las personas muertas en el operativo contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), no era hijo del máximo jefe del grupo conocido como alias Pinocho.

La familia de Ricardo Andrés Rodríguez Martínez denunció que el joven de 18 años era un campesino que se dedicaba a actividades del campo, que no pertenecía a ningún grupo armado y que los militares lo asesinaron en la práctica conocida como ejecución extrajudicial.

La denuncia coincide con un comunicado dado a conocer en redes sociales por el Estado Mayor de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). El grupo paramilitar negó que el joven Ricardo Andrés perteneciera a ese grupo criminal y expresó que no estaba armado. De igual forma, manifestaron que José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, fue asesinado por los militares, aunque se había rendido y estaba desarmado.

Organismos e instituciones como la Defensoría del Pueblo reclamaron a las autoridades competentes adelantar una investigación rigurosa que permita establecer qué ocurrió y garantizar los derechos de la familia del joven asesinado.

Crece la indignación por el asesinato de Donovan Balanta

El pasado 21 de septiembre, policías asesinaron al joven afrodescendiente Donovan Balanta cuando se encontraba bajo la custodia de los uniformados. Balanta tenía 34 años, era padre de dos hijos, trabajaba en una farmacéutica, estudiaba criminalística y vivía en el barrio Caracolí de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Entre 15 y 20 uniformados lo persiguieron, lo derribaron, lo golpearon, le aplicaron descargas eléctricas y lo torturaron. Tampoco lo auxiliaron cuando el joven pidió ayuda debido a las agresiones.

Con profunda preocupación recibimos la información sobre la muerte en custodia policial de Donovan Balanta, una persona afrodescendiente, de 34 años, en hechos ocurridos el 21 de septiembre. De acuerdo con la Observación General 36 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas: La seguridad de una persona detenida recae en el Estado y este es responsable de garantizar su vida e integridad personal. Llamamos a las autoridades pertinentes a implementar los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, en particular los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego y el código de conducta de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Exhortamos a las autoridades en el caso de Donavan Balanta a llevar a cabo una investigación exhaustiva por parte de la justicia ordinaria para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Conoce aquí ➡️Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana #Colombia https://t.co/JdDEb9asqM ➡️Observación 36 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas https://t.co/mMLTkrVmbT ➡️Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza https://t.co/pPgovFznK3 ➡️Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley https://t.co/50H9fRTRuY @PoliciaColombia @mindefensa @PGN_COL @FiscaliaCol

— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) September 25, 2026

La propia Policía Nacional suspendió a los uniformados y adelanta una investigación interna para determinar los hechos. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhortó a las autoridades, en el caso de Donovan Balanta, a llevar a cabo una investigación exhaustiva por parte de la justicia ordinaria para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

Esta no es la primera vez que la policía asesina a una persona durante una detención. El 9 de septiembre de 2020, la policía asesinó al abogado Javier Ordóñez, quien fue sometido a varios actos de violencia, que incluyeron descargas eléctricas con una pistola Taser en el barrio Villa Luz, de la localidad de Engativá en Bogotá.

Fuente: Colombia Informa