Operación Apetlanca: los documentos inéditos sobre la “verdad histórica” de Ayotzinapa

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tomaron parte en la operación que dio lugar a la denominada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El operativo coordinado entre ambas dependencias estuvo liderado por un vicealmirante de Marina identificado como Juan Ortega Siu y contó con la presencia de al menos 60 elementos de la Armada de México. En este, además, tomó parte el general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 Zona Militar de la IX Región, con sede en Chilpancingo, y otro oficial. Documentos inéditos en poder de WIRED en Español, que fueron elaborados por la Secretaría de la Defensa, prueban que la oficina del entonces titular, Salvador Cienfuegos, así como otros altos mandos de la jerarquía castrense, estuvieron informados de los detalles del operativo.

Al menos cuatro personas fueron detenidas durante la “Operación Apetlanca”, un despliegue que, oficialmente, fue desarrollado el 27 de octubre de 2014, apenas un mes después de las desapariciones, en diversos municipios de Guerrero. Todos los detenidos denunciaron torturas. Sus declaraciones fueron clave para apuntalar la narración de que los restos de los estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula y esparcidos en el río San Juan tras ser asesinados, lo que se conoce como la “verdad histórica”. De hecho, un informe de febrero de 2022 del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señaló que este operativo fue parte fundamental para que Enrique Peña Nieto promoviera su propia explicación sobre la desaparición de los 43 normalistas.

Los cuatro documentos a los que tuvo acceso WIRED en Español fueron elaborados por la Sedena, forman parte de la investigación que desarrolla la Fiscalía General de la República (FGR), y recrean el denominado “Operativo Apetlanca”. Dos de ellos están firmados por el mayor de Infantería Leonardo Dámaso Solís Guillén; otro por el general Saavedra y el último es un listado del personal de fusileros paracaidistas desplegado en el operativo. El principal objetivo, tal y como se asienta en uno de los documentos, era “la detención del C. David Hernández Sánchez, comisario de la población de Apetlanca”, ya que “se tenia conocimiento que proporcionaba protección y tenía escondidos en domicilios de citada población a varios participantes materiales de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’”. No dice cómo se llegó a tal conclusión ni cuál fue la fuente que señaló a esta persona.

Aquel día no hubo ningún David detenido, pero sí se arrestó a Darío Morales Sánchez, “el Comisario”. Junto a él, el exprocurador Jesús Murillo Karam anunció la captura de Jonathan Osorio Cortez, “Jona”, y Patricio Reyes Landa, “Pato”. Un día antes había sido atrapado Agustín García Reyes, “el Chereje”, quien permaneció en manos de la Marina durante horas sin que se hubiese informado del arresto. Todos ellos fueron acusados de participar directamente en la desaparición de los estudiantes, encarcelados y, finalmente, exonerados por un juez en 2018 debido a que sus testimonios se obtuvieron bajo torturas y a otros errores procesales. Una investigación de Quinto Elemento Lab en 2025 reveló el papel de la Marina en este operativo y aportó pruebas sobre las torturas perpetradas. Estos documentos vienen a reforzar esta versión.

Tanto García Reyes como Reyes Landa declararon ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) haber participado en la muerte y desaparición de los 43 estudiantes. El primero fue filmado el 28 de septiembre junto al entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, en un recorrido en el río San Juan. Un día después, en el mismo escenario, aparecieron restos óseos de Alexander Mora, uno de los 43, lo que sirvió a las autoridades para apuntalar la denominada “verdad histórica”.

Los cuatro documentos a los que tuvo acceso WIRED en Español reflejan la cronología del despliegue de marinos acompañados por militares en Apetlanca y Cocula. El objetivo se reitera en varias ocasiones: “Lograr la ubicación y detención de integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y del comisariado ejidal, quienes posiblemente participaron en la agresión a los estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’”.

^{El 28 de octubre de 2014, peritos forenses buscaron restos humanos bajo una ladera llena de basura en las montañas densamente boscosas de las afueras de Cocula. REBECCA BLACKWELL/POOL/AFP via Getty Images}

A las 11:15 horas del 27 de octubre llegó a Iguala el vicealmirante “Juan Ortega Siu” a bordo de un helicóptero con matrícula ANX 2300 acompañado de un contraalmirante, tres capitanes y un oficial. Dos horas después de la llegada a Iguala, este mismo helicóptero partió hacia Apetlanca con el vicealmirante Ortega Siu y el general de brigada Saavedra Hernández. Al mismo tiempo, y por vía terrestre, se desplegó una compañía en el poblado de Cocula, donde un día antes había sido detenido "el Chereje” y en cuyo basurero ubicara a los 43 la “verdad histórica”.

El vicealmirante Ortega Siu es clave en esta historia. El documento lo identifica como “Juan”, pero no hay registros de alguien con ese nombre en la Marina. Sin embargo, uno de los principales mandos de la Armada en aquel tiempo era el vicealmirante Marco Antonio Ortega Siu. Él estuvo al frente de la Unidad de Operaciones Especiales (Unopes), que fue fundada el 1 de octubre de 2014, apenas un mes antes de este operativo y solo cuatro días después de la desaparición de los 43. El vicealmirante fue llamado a declarar sobre el caso Ayotzinapa ante la FGR, según reveló el periódico Reforma. Su nombre está, además, ligado a grandes casos de los últimos años. Participó en la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo”, en 2016, y fue señalado por la desaparición de 47 personas durante un operativo de la Armada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que tuvo lugar durante los seis primeros meses de 2018.

Él fue, según uno de los documentos, el encargado de “coordinar el traslado de los detenidos, quienes se encontraban en el C4 de Iguala, Gro, y posteriormente fueron trasladados los 3 objetivos al helicóptero (sic) de la secretaría de Marina, para su traslado a la Ciudad de México, DF”. Según el documento, la aeronave partió a las 16:30 horas. Media hora después, el entonces procurador Jesús Murillo Karam anunciaba las detenciones. Murillo Karam fue detenido y acusado de “desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia”, ya que se le considera uno de los principales responsables de la “verdad histórica”, aunque actualmente está en libertad con un grillete electrónico.

Durante años, las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa han exigido al gobierno federal que explique el papel de las Fuerzas Armadas tanto en la desaparición de los estudiantes como en la construcción de la llamada “verdad histórica”. Estos documentos, elaborados por militares, son la prueba del papel de la Marina durante las semanas posteriores a las desapariciones. Tres de los cuatro documentos están dirigidos al Estado Mayor de la Defensa y a D-1, como se llama en la jerga castrense al secretario de la Defensa, que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto era el general Salvador Cienfuegos. En este punto, no queda claro cuál es el papel de los dos oficiales de la Sedena en un despliegue de la Semar.

^{General Salvador Cienfuegos Zepeda, entonces titular de la Sedena, con Enrique Peña Nieto, durante el desfile militar del 16 de septiembre de 2017. Daniel Cardenas/Anadolu Agency/Getty Images}

En el último de los documentos, el general Saavedra informa sobre cómo se ha desarrollado el operativo. Según el militar, aquel día censaron 450 casas de Apetlanca y entrevistaron a 350 personas. Entre los hallazgos referidos, está la denuncia de “algunos pobladores” de que el comisario ejidal cobraba 150 pesos a cada uno de los habitantes del lugar y que esta misma persona “era el principal dirigente de la delincuencia organizada” en la zona.

Para el desplazamiento de los elementos de la Marina se utilizaron helicópteros de la entonces Procuraduría General de la República y de la Policía Federal.

Las detenciones no fueron el único despliegue de la Marina en la zona. Horas antes del operativo detallado en los documentos ya hay constancia de la presencia de elementos de la Armada de México en las inmediaciones del río San Juan, según consta en los videos hechos públicos por el GIEI en marzo de 2022. En estos videos, grabados desde un dron, se ve a elementos de la Semar manipulando bolsas en la zona. Dos días después, en ese preciso lugar, fue filmado Agustín García Reyes, “Chereje”, acompañado por el entonces jefe de la AIC, Tomás Zerón, en una de las diligencias consideradas como el inicio de la “verdad histórica”.

La primera referencia que existe sobre este operativo era el III Informe del GIEI en el que se indicaba que “para la privación de libertad de Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio Cortez y Darío Morales Sánchez se realizó la ‘Operación Apetlanca’, un operativo de enormes dimensiones en el que participaron la Policía Federal, la SEMAR y la SEDENA al más alto nivel, lo que evidencia su participación en la construcción de la ‘verdad histórica’ y su posible responsabilidad en estos hechos, la cual debe ser investigada”.

La FGR investigaba el papel de la Armada en la construcción de la denominada "verdad histórica" y citó a declarar a los elementos que participaron en aquel operativo. Uno de los oficiales fue vinculado a proceso en 2026, acusado de torturar a García Reyes, “el Chereje”.

Sin embargo, quedan muchos interrogantes.

Una investigación a cargo de WIRED en Español demostró que la FGR trata de ocultar el expediente sobre la “verdad histórica”, aún a costa de desobedecer a la Suprema Corte de Justicia de México. Estos documentos, que permanecieron doce años ocultos, aportan luz sobre cómo se construyó el relato oficial que se impuso durante la presidencia de Peña Nieto, corroboran el papel de la Marina y la impunidad de la que gozan los responsables del operativo.

Fuente:  Wired