Primer Informe Provincial: cómo avanza la extranjerización de la tierra en Tucumán

La tierra extranjera se concentra en el este

Según los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) que sistematizamos y desagregamos a nivel departamental desde el Observatorio de Tierras y el Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria (Facultad de Ciencias Económicas, UBA), el 4,04% de la superficie rural tucumana está en manos de capitales extranjeros. Son 89.559 hectáreas sobre un total de 2,2 millones, una proporción menor que la de Salta (11,31%) pero más alta que la de Jujuy (3,65%) y cercana al promedio nacional (4,97%).

Ese promedio provincial engaña. La tierra extranjerizada no se reparte de manera pareja sino que se amontona en la llanura oriental, la zona de mayor valor agrícola de la provincia. Solo dos departamentos, Burruyacú y Cruz Alta, reúnen 51.123 hectáreas, es decir el 57% de toda la tierra en manos extranjeras de Tucumán. Si se suma Leales, el trío del este concentra más del 60%.

En la provincia más pequeña del territorio continental y la más densamente poblada del país, cada hectárea cuenta. La propiedad extranjera se instala precisamente donde la tierra produce más renta, en el corazón cañero, sojero y granero que hace de Tucumán uno de los polos agroindustriales del NOA.

Cruz Alta, el departamento que rompe el techo legal

Cruz Alta es el único departamento tucumano que supera el 15% que la Ley 26.737 fijaba como límite para la propiedad extranjera. Allí el 16,4% de la superficie rural, 18.404 hectáreas, está en manos de capitales foráneos. Y casi todo responde a un solo origen. Los capitales españoles controlan 16.670 hectáreas, el 90,6% de la tierra extranjerizada del departamento y tres de cada cuatro hectáreas que España posee en toda la provincia. Muy por detrás aparecen capitales italianos (866 ha) y de origen no informado (759 ha).

Cruz Alta es la puerta oriental de San Miguel de Tucumán, el departamento que alberga varios de los ingenios azucareros más grandes de la provincia y por donde avanza la frontera agrícola sobre los últimos montes nativos de la llanura. Que un único origen nacional controle una porción tan grande de ese territorio muestra hasta qué punto la extranjerización se concentra en pocas manos y en los lugares estratégicos.

Burruyacú, en el noreste, es el otro gran foco. No llega al límite legal (9,1%) pero es el departamento con más hectáreas extranjerizadas de la provincia, 32.719, más de un tercio del total tucumano. Ahí el protagonista es el capital belga, con 18.188 hectáreas que representan el 55,6% de la tierra extranjera del departamento. Todo el capital belga registrado en Tucumán está en Burruyacú. Le siguen capitales italianos (4.947 ha), de origen no informado (3.986 ha), brasileños (2.900 ha) y franceses (1.859 ha). Se trata de la zona de expansión sojera y granera hacia el límite con Santiago del Estero, donde el desmonte del bosque chaqueño fue más intenso en las últimas décadas.

En el sur y el oeste, sobre el pedemonte y la zona cañera tradicional, el capital estadounidense pisa fuerte en Chicligasta, Monteros y Río Chico, que juntos concentran el 84% de las 9.247 hectáreas que esa nacionalidad posee en la provincia. El capital italiano se reparte entre Burruyacú, La Cocha, Monteros y Chicligasta, y el español, además de Cruz Alta, tiene una presencia relevante en Juan Bautista Alberdi (2.824 ha) y Río Chico (1.703 ha). En Trancas, al norte, se destaca el capital brasileño con 2.525 hectáreas, y en Leales el uruguayo, con 2.012.

España, Bélgica y un origen desconocido 

A nivel provincial el perfil parece diversificado. Mientras en Jujuy el capital suizo controla el 58% de la tierra extranjerizada y en Salta el estadounidense el 44,4%, en Tucumán ningún origen llega a la cuarta parte. Pero esa diversidad se desarma apenas se mira el mapa, porque cada nacionalidad tiene su propio territorio. El capital español está en Cruz Alta, el belga íntegramente en Burruyacú, el estadounidense en el pedemonte del sur y el brasileño se reparte entre Burruyacú y Trancas.

La Ley 26.737 no solo fijaba un techo del 15% para el conjunto de los extranjeros. También establecía que los titulares de una misma nacionalidad no podían superar el 30% de ese porcentaje, es decir el 4,5% de la superficie rural de cada departamento. En Cruz Alta los capitales españoles poseen el 14,9%, más de tres veces ese límite. En Burruyacú el capital belga alcanza el 5,0% y también lo excede.

Un dato merece atención especial. Casi una de cada cinco hectáreas extranjerizadas, 17.503 en total, figura en el RNTR como propiedad extranjera sin nacionalidad informada. Ese origen es el principal en Famaillá, Tafí Viejo, Simoca, Graneros y Tafí del Valle, donde explica la totalidad o casi la totalidad de la tierra en manos foráneas. Que el propio registro estatal no pueda decir de dónde viene el capital que es dueño de esas tierras habla de la opacidad con la que avanza el proceso, una opacidad que se suma a la de los vehículos radicados en guaridas fiscales que ya señalamos para el resto del NOA.

Montes, ríos y comunidades bajo presión

Detrás de los porcentajes hay un territorio concreto que viene pagando costos desde hace décadas. En Tucumán la extranjerización no está asociada a la megaminería como en la Puna salteña o jujeña, sino a la expansión de la frontera agrícola y cañera. Y esa expansión se hizo, en buena medida, a costa del monte nativo.

Los departamentos del este, Burruyacú, Cruz Alta y Leales, son los mismos donde se concentra la tierra en manos extranjeras y donde el bosque chaqueño retrocedió con más fuerza frente a la soja, los granos y la caña. La pérdida de monte significa suelos más expuestos a la erosión, mayor riesgo de inundaciones en temporada de lluvias y la desaparición de espacios que familias campesinas usaban para el pastoreo, la leña y la recolección.

Cruz Alta suma además la carga de la agroindustria. Los efluentes de los ingenios y de otras industrias que vuelcan sobre el río Salí y sus afluentes alimentan desde hace años un conflicto ambiental que llega hasta el embalse de Río Hondo, en Santiago del Estero, y que enfrentó a ambas provincias en los tribunales. En ese mismo departamento funcionó durante dos décadas la planta de filtros de Minera Alumbrera, en Ranchillos, punto de llegada del mineroducto que transportaba concentrado de cobre y oro desde Catamarca y que acumuló denuncias por contaminación de canales y cursos de agua.

En el oeste, el problema es otro. Tafí del Valle es territorio ancestral de comunidades del pueblo diaguita, como las de Amaicha del Valle y Quilmes, y es también uno de los destinos turísticos e inmobiliarios más codiciados de la provincia. Allí las casi 3.000 hectáreas extranjerizadas figuran prácticamente en su totalidad sin nacionalidad informada, lo que impide saber quiénes son sus dueños reales. Con la derogación de la Ley 26.160, que suspendía los desalojos y ordenaba el relevamiento territorial de las comunidades, muchas de ellas quedaron con sus trámites inconclusos y en una posición de mayor vulnerabilidad frente a cualquier avance sobre sus tierras.

Hay que señalar, por último, un límite de los propios datos. El RNTR solo registra la propiedad de la tierra y no otras formas de control como el arrendamiento de largo plazo, las concesiones o las sociedades locales con capital extranjero. Por eso las 89.559 hectáreas relevadas deben leerse como un piso y no como un techo del control foráneo sobre la tierra tucumana.

Qué está en juego

Con la Ley de Tierras vigente, Cruz Alta ya era un caso de incumplimiento. Sin ella, no queda ningún tope que impida que la llanura oriental tucumana siga pasando a manos extranjeras, ni que un solo origen nacional acumule la mitad o más de un departamento. Tampoco hay límite para la compra de tierras con cursos y espejos de agua, ni para las superficies máximas por titular en las zonas de mayor productividad.

En una provincia de tierra escasa y muy disputada, donde los ingenios, las fincas sojeras, los barrios que crecen sobre el pedemonte y las comunidades indígenas compiten por el mismo suelo y la misma agua, la ausencia de regulación no es un problema abstracto. Es la posibilidad de que el mapa de la propiedad cambie en pocos meses sin que nadie lo registre ni lo discuta.

Desde el Observatorio de Tierras y el Programa insistimos en que la sesión del 15 de octubre en la Cámara de Diputados es la oportunidad más inmediata para cerrar esa ventana. Derogar el DNU 70 permitiría recuperar una Ley de Tierras que proteja el territorio, el agua y a las poblaciones que viven en él, antes de que los derechos adquiridos por capitales extranjeros en este período se vuelvan irreversibles.

Fuentes: Observatorio de Tierras