Pueblo Kakataibo bajo grave amenaza por violencia y deforestación en Amazonía peruana

Entre 2020 y 2023, seis defensores kakataibos fueron asesinados en el Perú. De acuerdo a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), son 35 los líderes indígenas muertos a manos del crimen organizado en lo que va de esta década.

Ubicada en la frontera con Brasil, la región Ucayali, donde vive la mayoría de esta población amazónica, es golpeada porel narcotráfico, la minería ilegal de oro y la tala irregular, además de actividades extractivistas formales. Hay familias de la etnia en aislamiento voluntario.

“Durante el auge del caucho, muchos indígenas fueron asesinados porque los forasteros que querían acceder a los territorios y recursos. También hubo esclavitud. Ahora estamos viviendo algo similar, uno de los periodos más difíciles de nuestra historia”, relató Herlín Odicio, líder de la Guardia Kakatibo, en el informe Poder colectivo: la lucha por laprotección de la tierra y los defensores ambientales, de Global Witness.  

Arbildo Meléndez, quien luchaba para registrar los títulos de propiedad de su comunidad Unipacuyacu, en la región Huánuco, fue emboscado a tiros en 2020. A Yenes Ríos y Herasmo García, miembros de los comités de vigilancia de sus comunidades, los mataron a disparos un año después. Al segundo, en la comunidad nativa Sinchi Roca, localizada entre Ucayali y Huánuco, lo secuestraron y torturaron. También en 2021, Santiago Vega, dirigente de esta comunidad, fue asesinado por un impacto de bala en el corazón. 

En 2023, sicarios atacaron a Benjamín Flores en su casa, luego de ser amenazado por cultivadores de sembríos ilegales de coca, mientras que el cuerpo de Mariano Isacama fue hallado con signos de tortura ese mismo año. Ambos crímenes fueron cometidos en Ucayali. 

En el Perú fueron asesinados cuatro guardianes ambientales en 2025. De los 124 casos de defensores victimados en todo el mundo el año pasado, el 85% se registró en Latinoamérica. Colombia, con 39 víctimas, y Brasil, con 26, son los dos países más peligrosos del mundo para protectores de los territorios. Casi tres cuartas partes de las víctimas en el mundo pertenecían a comunidades indígenas y campesinas, según el reporte de la ONG. 

Ucayali en alerta

Para la Federación Nativa de Comunidades Kakataibos (Fenacoca), los principales problemas que afrontan son “la demora en los procesos de titulación y ampliación territorial, superposición de derechos, la invasión de colonos, la expansión del narcotráfico, el tráfico de tierras, la minería ilegal y las amenazas contra autoridades comunales, guardias indígenas y comités de vigilancia”. 

Los sembríos ilegales de hoja de coca en Ucayali se incrementaron en más de 600% entre 2019 y 2023, superando las 12 mil hectáreas, reportó la Comisión Nacional para el Desarrollo y vida sin Drogas (Devida). Las pistas clandestinas para la salida de aeronaves con cocaína hacia Bolivia y Brasil, pozas de maceración y territorios deforestados en áreas reservadas para los pueblos no contactados se multiplican en esta región amazónica.

La proximidad a Brasil, el segundo mayor consumidor de cocaína del mundo y primer punto de exportaciones a Europa, configura un escenario para el crecimiento de la producción y rutas de transporte de drogas.

Por causa de las economías ilícitas y actividades extractivas legales, entre los años 2000 y 2023 el territorio del pueblo Kakataibo perdió cerca del 20% de cobertura vegetal del más de un millón y medio de hectáreas de sus bosques ancestrales. El Instituto del Bien Común (IBC) ha advertido que, de continuar la tendencia, más de la cuarta parte de su territorio será talado antes de 2030.

Un caso reciente de pérdida agresiva de bosques es el de la comunidad kakataibo Santa Marhta, cuyo territorio se localiza en la frontera entre las regiones Huánuco, Pasco y Ucayali, donde quince defensores fueron asesinados desde 2020, incluidos los seis dirigentes kakataibos. La deforestación de 220 hectáreas en 2025, reportadas en una investigación de Mongabay, significan un aumento del 500% con respecto al año anterior.  

Guardias indígenas y criminalización

En 2022 fue fundada la Guardia Indígena del Pueblo Kakataibo del Perú (Gipkap), que agrupa a más de 150 hombres y mujeres que resguardan diez comunidades, armados con arcos y flechas. 

“Hay inacción del Estado, inacción de las autoridades. Frente a eso, ¿qué hacemos? Nos protegemos nosotros mismos. Nos cuidamos los unos a los otros”, expresa el comandante general de la Gipkap, Segundo Ispón, en el informe de Global Witness.

Los integrantes de la guardia indígena demandan al Estado que reconozca legalmente a su cuerpo de seguridad, para evitar que se les acuse de “terroristas o paramilitares”. La persecución judicial de los defensores ambientales representa el 40% del total de casos de criminalización y violencia registrados por el observatorio Los resistentes del Perú, elaborado por Convoca.

La política de militarización del gobierno de Keiko Fujimori y la narrativa de la ultraderecha en torno al crimen organizado en la Amazonía apuntan a la criminalización de guardianes de los territorios. En ese sentido, los ataques armados contra habitantes y comunidades de la selva peruana, bajo la fachada de operaciones frente al narcotráfico y narcoterrorismo, se incrementaron en los últimos meses.

El martes, 22 de septiembre, Fujimori, en su primer discurso ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), reafirmó su visión sobre la seguridad interna. “Son grupos terroristas y deben ser enfrentados como lo que son”, afirmó. Se espera un mayor despliegue de fuerzas estatales en la Amazonía peruana, con el pretexto de combatir a bandas transnacionales.  

Fuente: Avispa Midia