Total y su legado colonial se enfrentan a resistencias en todo el mundo

Total, la cuarta empresa más grande del mundo en petróleo y gas, ha construido un imperio neocolonial en torno a la extracción de combustibles fósiles. La extracción, la explotación abusiva y las violaciones a los derechos humanos parecen ser el modus operandi de esta empresa transnacional (ETN). Inspirándose en su historia colonial, especialmente en África y el Medio Oriente, Total se aprovecha de los países del Sur Global, ricos en recursos, para generar ganancias que luego se exportan a los países ricos. En cuanto a los devastadores impactos ambientales, climáticos, sociales y económicos, la rendición de cuentas y la justicia para los/as afectados/as siguen estando, en gran medida, fuera de su alcance.

La lucha por regulaciones más estrictas en materia de derechos humanos, medio ambiente, clima o trabajo, que en última instancia podrían amenazar las ganancias, sigue siendo muy reñida. Sin embargo, liderados por quienes están en la primera línea de los impactos de un sistema económico global que permite y fomenta las acciones de Total, los movimientos y los pueblos de todo el mundo están internacionalizando la esperanza mientras continúan la lucha por la justicia.

Mozambique LNG y el marco colonial de Total

La historia de Total tiene sus raíces en la historia colonial de Francia, y sus operaciones actuales son un reflejo de ello. Tras la Primera Guerra Mundial, el gobierno francés respaldó la creación de la Compagnie française des pétroles, una empresa privada, para desarrollar una política petrolera nacional. Con el tiempo, esa compañía se renombró para convertirse en Total. La empresa se expandió agresivamente por las colonias francesas, especialmente en el norte y el oeste de África.

En lugares como Argelia, se llevaron a cabo proyectos de extracción a gran escala dentro de un marco colonial que priorizaba el suministro de energía a Francia en detrimento de las comunidades locales.

Los recursos del Estado francés, incluida su diplomacia económica, se han puesto al servicio de Total para ayudarle a expandirse a nivel mundial, especialmente en África. A medida que el sentimiento antifrancés ha ido creciendo en las últimas décadas en el África francófona (debido al brutal y persistente legado del colonialismo francés en la zona), Total también empezó a expandirse a otros países de la región donde no tenía ese vínculo histórico. Estas operaciones neocoloniales se ven reflejadas hoy en día en el caso del megaproyecto de gas natural licuado (GNL) de Total en Mozambique, en la región de Cabo Delgado.

El proyecto en Mozambique busca explotar yacimientos de gas en aguas profundas para extraer GNL, que luego se transportará por un gasoducto submarino para ser licuado en un enorme parque industrial en tierra firme.

Organizaciones de derechos humanos y comunidades locales han recopilado evidencia sobre la expropiación de tierras, el desplazamiento masivo de comunidades costeras, la pérdida de medios de vida, la degradación ambiental y las violaciones a los derechos humanos vinculadas a este proyecto de Total en Mozambique. Los impactos del proyecto podrían ser devastadores e irreversibles, incluso para las especies en peligro crítico de extinción y los ecosistemas únicos del archipiélago de Quirimba, una Reserva de la Biósfera de la UNESCO.

La expansión de la industria extractiva, especialmente del gas y los rubíes, ha intensificado los sentimientos de exclusión ya existentes en poblaciones locales, las desigualdades socioeconómicas y las disputas territoriales e intercomunitarias arraigadas históricamente, lo que ha contribuido a que surjan conflictos armados liderados por grupos insurgentes. Total ha llegado incluso a financiar una fuerza especial de seguridad compuesta por soldados mozambiqueños para proteger sus instalaciones, lo que teje un manto de incertidumbre sobre una eventual complicidad de Total en los crímenes de guerra relacionados. También se entiende que la infraestructura de gas es un objetivo principal de la insurgencia, lo que pone a las comunidades en mayor riesgo.

¿Y adónde va todo ese gas? Aunque se extrae y procesa en Mozambique, no está destinado principalmente a satisfacer las necesidades energéticas locales. Al contrario, está destinado a la exportación. Al final se enviará a los mercados internacionales, para beneficio principalmente de los accionistas.

Sacrificar comunidades, exportar ganancias

Las operaciones de Total reflejan un sistema económico colonial global en el que los países ricos en recursos naturales se ven obligados a seguir dependiendo de la exportación de materias primas mientras importan productos terminados a precios más altos. La riqueza se va al exterior, mientras que las comunidades que viven más cerca de los sitios de extracción suelen seguir padeciendo pobreza, degradación ambiental, violaciones de derechos humanos y servicios públicos limitados.

En otras palabras, la extracción de combustibles fósiles ha dependido desde siempre de intercambios desiguales entre las regiones productoras de recursos y las naciones ricas consumidoras. El petróleo, el carbón y el gas extraídos del Sur Global generan enormes ganancias corporativas que, en última instancia, benefician a los inversionistas y a las instituciones financieras del Norte Global.

La injusticia se vuelve aún más evidente en el contexto de la crisis climática, ya que quienes son más vulnerables y han contribuido menos a la crisis son los/as más afectados/as.

Las comunidades de todo el Sur Global, así como las comunidades marginadas del Norte Global que ya están sufriendo las consecuencias de los proyectos extractivos, se enfrentan a una injusticia aún mayor.

Mozambique, que ahora se encuentra en la frontera de la expansión del gas fósil a manos de Total y otras empresas transnacionales, es también uno de los países más vulnerables a la crisis climática, ya que sufre fenómenos meteorológicos extremos como ciclones, inundaciones masivas y sequías casi todos los años.

Las dinámicas neocoloniales en las que se basan las empresas transnacionales como Total están, por lo tanto, entrelazadas con la crisis climática, la degradación ambiental y las violaciones de los derechos humanos.

Mientras estas empresas se centran en las ganancias, nuestras soluciones deben centrarse en los pueblos. En otras palabras, no puede haber verdadera justicia climática ni soberanía sin desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad de las empresas.

Hacia un Tratado Vinculante de la ONU

Estas empresas transnacionales neocoloniales, como Total, se han estructurado para operar en múltiples jurisdicciones legales, lo que representa un enorme desafío para que rindan cuentas y para la justicia para las comunidades afectadas.

Una empresa puede tener su sede en un país, recibir financiamiento en otro, estar registrada a través de filiales en otros lugares y llevar a cabo proyectos en varios estados más. Como resultado, las comunidades afectadas por daños ambientales o violaciones de derechos humanos, como las de Mozambique, suelen enfrentarse a barreras legales, altos costos para realizar litigios y un acceso desigual a la justicia.

Así que, al igual que las empresas transnacionales operan a nivel global, la rendición de cuentas legal y la solidaridad también deben extenderse más allá de las fronteras.

Por eso, movimientos y organizaciones como Amigos de la Tierra Internacional, Justiça Ambiental JA! / AT Mozambique, AT Francia, las comunidades afectadas y los Pueblos Indígenas que están en la primera línea de los impactos del poder corporativo están pidiendo un Tratado internacional legalmente vinculante sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos.

El Tratado Vinculante establecería obligaciones claras para las empresas transnacionales, fortalecería los mecanismos de rendición de cuentas corporativa, garantizaría el acceso a la justicia para las comunidades afectadas y ayudaría a evitar que las empresas eludan su responsabilidad.

Hoy en día, el neocolonialismo se manifiesta a través de relaciones económicas en las que la riqueza, los recursos y el poder de decisión siguen fluyendo del Sur Global hacia el Norte Global. Para desafiar estas dinámicas se necesita más que solo denunciar proyectos individuales. Se requiere transformar las normas internacionales que permiten que el poder corporativo actúe sin control, a un costo enorme para nuestro clima, el medio ambiente, la soberanía y los derechos humanos.

Las comunidades que se oponen a proyectos como el de GNL en Mozambique han demostrado una y otra vez que las luchas locales están conectadas con estos sistemas globales de finanzas, comercio y consumo. Por eso, construir solidaridad internacionalista es esencial no solo para apoyar a los/as afectados/as, sino también para desafiar las desigualdades estructurales que siguen dando forma a la economía global.

Solo cuando las comunidades tengan un poder real sobre los recursos de sus tierras, y las empresas rindan cuentas donde sea que operen, el legado de la extracción podrá empezar a dar paso de verdad a un futuro más justo y equitativo. A nivel global, esta batalla se está librando también en las negociaciones para lograr un Tratado Vinculante de la ONU sobre empresas transnacionales y derechos humanos, que se necesita con urgencia. La presión internacional en la ONU por ese Tratado es liderada por comunidades como las de Cabo Delgado y se arraiga en sus luchas cotidianas.

Fuente: Amigos de la Tierra