Un recurso no primario

Hoy, cada vez con más frecuencia, se habla del agua como “el petróleo del futuro” – el recurso en torno al cual se desarrollarán los próximos conflictos globales. En Chiapas ese futuro siempre ha sido un presente marcado por la ausencia de derechos, donde los intereses económicos se anteponen al acceso a un recurso que el artículo 4 Constitucional reconoce como un derecho humano. Es un conflicto silencioso, hecho de multas y trabas burocráticas más que de ejércitos, librado no entre Estados, sino entre quienes quieren gestionar un recurso primario como bien común y quienes lo tratan como una mercancía que se concede al mejor postor.

El rojo por todas partes

Cuando se leen los datos sobre el consumo de Coca-Cola en México, se entienden las razones de ese constante rojo saturado, casi brillante. México es el segundo país, solo detrás de Estados Unidos, en consumo total de Coca-Cola. Pero si se observa el consumo per cápita, México encabeza la clasificación mundial. Estados Unidos se mantiene en el primer puesto en volumen total consumido - alrededor de 39.300 millones de litros al año -, seguido por México con 19.500 millones de litros: un dato enorme si se considera que la población mexicana es menos de la mitad que la estadounidense. Es precisamente al mirar el consumo per cápita cuando el panorama se invierte: dos latas de Coca-Cola al día. Esa es la media de cada mexicano, 634 porciones al año -un récord mundial que ningún otro país logra siquiera rozar.

La bebida está en los bares, en los botes de basura, aplastada en el asfalto por algún coche de paso, es ícono en los escaparates de las tienditas de barrio. Va del brazo con la gente. Es presencia fija en las mesas de cualquier restaurante. Incluso en la ciudad de Teotihuacán: una botella dejada sobre un murete de piedra del sitio milenario. La Coca-Cola, sencillamente, sustituye al agua.

Además, la capital mexicana estuvo entre las ciudades que albergaron algunos partidos del Mundial de fútbol 2026 y, una vez terminado el evento deportivo más seguido del mundo, quedó pintada de rojo: espectaculares luminosos, bajo el lema “Sintamos juntos”, retratan a los futbolistas de la selección junto al símbolo de Coca-Cola, patrocinador oficial. No todos, sin embargo, miran esos carteles con la misma distracción de quien simplemente los cruza al paso, entre un semáforo y otro.

El Poder del Consumidor, organización mexicana para la protección de los consumidores, presentó una denuncia formal ante las autoridades sanitarias, pidiendo la suspensión de la campaña. El problema, sostiene el abogado de la asociación Javier Zuñiga, es tan simple como sistemático: “Coca-Cola publicita sus productos pese a la presencia de los sellos de advertencia sanitaria y utiliza a personajes famosos, exfutbolistas y otras figuras del deporte, prácticas que la ley prohíbe”. Es una estrategia, no un caso aislado. En el mismo periodo, el trophy tour (evento patrocinado por FIFA) de Coca-Cola llevóel trofeo original de la Copa del Mundo por todo el país, fotografiado junto a gobernadores y diputados - otra forma de publicidad que, aunque no promociona directamente el producto, refuerza la marca. Así, el rojo Coca-Cola deja de ser solo un color para convertirse en lenguaje. Un lenguaje que, al desplazarse hacia el sur, cambia y empieza a hablar de escasez, no de abundancia.

Salud y acaparamiento de agua

Ningún lugar demuestra mejor esta presencia que Chiapas. Según un estudio del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (Cimsur), es la región del mundo donde más se consume Coca-Cola: un promedio de 821,25 litros por habitante al año - más de dos litros al día por cada residente, niños incluidos. Una cantidad que tiene un precio altísimo en términos de salud: desde hace más de una década, la diabetes mellitus es una de las principales causas de muerte en la región de los Altos.

En la base de esto existe un mecanismo que hunde sus raíces en un fenómeno epigenético, cuenta el médico y antropólogo Marcos Arana. “Los niños desnutridos en los primeros años de vida desarrollan un metabolismo hipereficiente, capaz de sacar el máximo provecho de pocas calorías; una adaptación que no se desactiva cuando la dieta cambia durante el crecimiento [...] El resultado, hoy, es una doble paradoja: cuerpos que se quedaron más bajos por una desnutrición histórica

quedan expuestos a un consumo creciente de azúcares y productos ultraprocesados. Incluso pocos kilos de más significan algo muy distinto en un cuerpo bajo”, concluye Arana. Según el médico, la diabetes gestacional afecta a uno de cada cinco embarazos, y eso representa una señal clara de cómo el ciclo se autoalimenta entre madres e hijos.

Para Arana existe un momento preciso que coincide con este problema: la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el 1 de enero de 1994. “La legislación sobre la producción de este tipo de productos se flexibilizó y los controles disminuyeron drásticamente. No es casualidad que las curvas de obesidad y diabetes en México comiencen a dispararse justo a partir de esa fecha”.

Es un consumo que se paga dos veces: en el cuerpo, con la diabetes y las complicaciones que de ella derivan; y en el acceso cotidiano a un recurso, el agua. Mientras el consumo de Coca-Cola y otras bebidas azucaradas se dispara, el agua potable sigue siendo, de hecho, un privilegio, no un derecho protegido.

Según los datos oficiales más recientes, cruzando el Censo del INEGI 2020 y la ENIGH 2022, solo el 72% de las viviendas en Chiapas cuenta con disponibilidad de agua en la casa o en el terreno - frente a una media nacional del 93%, el porcentaje más bajo del país junto con Guerrero y Oaxaca. Y si se observa el acceso pleno y cotidiano a agua potable y drenaje, la cifra cae al 40,6%. Si se atiende además a la calidad del agua potable, la situación es aún más dramática: “En Chiapas hay mucha agua, es verdad” dice Alma Rosa Rojas - activista del colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos -, “pero es agua superficial y el 80% está contaminada, sobre todo por coliformes fecales y por la falta de tratamiento de las aguas residuales. A esto se suman los agroquímicos que se usan en el campo”. Además, la escasez de plantas que depuran el agua inevitablemente agrava la situación. “En Chiapas sólo dos municipios - Tuxtla Gutiérrez y Berriozábal - cuentan con plantas potabilizadoras que funcionan”.

Es en este vacío donde se inserta la naturaleza depredadora del mercado. La ausencia del Estado genera un terreno fértil para los privados, dando lugar a una lógica de sistema en la que el recurso deja de ser primario para convertirse en mercancía que explotar en beneficio propio. En términos técnicos, lo que ocurre en Chiapas puede definirse como water grabbing (acaparamiento de agua): el acto mediante el cual actores como las multinacionales controlan o sustraen recursos hídricos vitales en perjuicio de las comunidades locales y de sus medios de subsistencia. No se trata solo de una cuestión de cantidad de agua que falta - es una cuestión de poder: quien controla el agua decide

quién puede usarla, y para qué. En este marco, Coca-Cola utiliza dos frentes: por un lado extrae agua del subsuelo - con base en una concesión de 1994 otorgada por la agencia federal mexicana del agua, CONAGUA -; por otro, la revende, embotellada, a través de la marca Ciel, la segunda agua embotellada más vendida del país. Le quita el agua corriente a la gente, para luego revendérsela embotellada.

Un fenómeno que va más allá de la Constitución

Pero cómo es posible, legalmente, que esto ocurra en un país cuya Constitución declara que el agua es propiedad de la nación? La respuesta se inserta en una ambigüedad legal que juristas como Francisco López Bárcenas denuncian desde hace años.

El artículo 27 de la Constitución mexicana de 1917 - nacido para desmantelar los latifundios heredados del periodo colonial y redistribuir la tierra tras la Revolución - establece que la propiedad de las tierras y las aguas corresponde “originariamente” a la Nación: un término que debe entenderse en sentido jerárquico, no cronológico, como explica el propio López Bárcenas: el Estado va antes que el particular. Pero no antes que las comunidades indígenas, que habitan esos territorios desde antes de que existiera el Estado mexicano. El artículo 2 de la Constitución les reconoce un uso preferente de los recursos naturales de los lugares que ocupan. Principio reforzado también por el derecho internacional: solo con el consentimiento de las comunidades puede el Estado conceder a terceros los recursos presentes en sus territorios. “El agua presente en los territorios nativos pertenece a quienes los habitan, no es cierto que le corresponda al Estado administrarla, conservarla y distribuirla”, sostiene López Bárcenas.

En todo México, esto se elude sistemáticamente. Hay un tránsito, siempre el mismo, a través del cual el agua deja de ser un bien común: primero es comunitaria, luego municipal, finalmente privada: el espejo de un sistema que corre hacia la privatizaciónde los recursos primarios para la subsistencia humana. Sin embargo, limitar la cuestión a Chiapas o solo a la marca Coca-Cola corre el riesgo de hacer perder de vista el alcance global de la crisis. “El mundo vuelve a mirar a Chiapas por los zapatistas”, enfatiza López Bárcenas, “pero el problema es más grande que Chiapas”. La contaminación y la expropiación del agua son una constante que atraviesa todo el país: desde el río Santiago, donde basta el contacto con el agua para enfermar, hasta el río Sonora, envenenado por los residuos de una mina de cobre, pasando por el lago de Chapala, cuyas toxinas industriales dañan los órganos de las poblaciones locales. “Es un desastre, México”, concluye con una sonrisa amarga. “Y el gobierno no hace nada, porque no le conviene”.

El gigante detrás del grifo cerrado

El derecho no basta para interpretar la cuestión. Hay que entender también quién, concretamente, está del otro lado de ese derecho eludido. En la ciudad de San Cristóbal de las Casas se encuentra una planta embotelladora de Coca-Cola. La instalación de San Cristóbal fue construida en 1980 por el Grupo FEMSA, ya entonces sólidamente instalado en los circuitos del poder económico mexicano. En pocas décadas se convirtió en el único proveedor de Coca-Cola en todo el estado de Chiapas y, en pocos años, para hacer frente a la demanda creciente, el volumen de producción aumentó vertiginosamente.

FEMSA, sin embargo, no es solo un gigante embotellador. Es también el propietario de OXXO, la cadena de tiendas de conveniencia, con más de 20,000 puntos de venta en México. Es un detalle que cambia la escala del problema: no se trata sólo de una empresa que produce una bebida azucarada, sino de un grupo integrado verticalmente que controla producción, embotellado y buena parte de la red de venta al por menor del país - desde los grandes centros urbanos hasta las célebres tiendas de abarrotes, los pequeños comercios de barrio de los que dependen económicamente millones de familias mexicanas. Por eso también el rojo Coca-Cola no es simple marketing, sino la fotografía de una cadena que, desde la fuente hasta el estante, permanece en las mismas manos.

En su sitio web, Coca-Cola FEMSA resume así su propósito: “refrescar al mundo en todo momento, en todo lugar”. La misión, más prosaicamente, es “satisfacer con excelencia a los consumidores de bebidas” - no a las comunidades, no a los ciudadanos: a los consumidores. En 2026, con motivo del centenario de la presencia de la industria en el país, la empresa declaró que su historia se construyó “también en miles de tienditas [...] que forman parte de la vida cotidiana de los mexicanos” - con una inversión anunciada de más de 2,000 millones de dólares para “modernizar” estos comercios. Es difícil no ver ahí una paradoja: mientras se celebra un siglo de arraigo en el tejido comercial mexicano, a pocos kilómetros de una de sus plantas históricas, miles de personas siguen sin tener acceso cotidiano al agua.

Pero la presencia de Coca-Cola no pasa sólo por los puntos de venta: en muchas comunidades nativas se ha convertido en moneda social. “Si una familia, en una fiesta, ofrece Coca-Cola, es como si adquiriera cierto estatus en la comunidad”, explica Alma Rosa. “Ofrecer agua o un jugo de fruta no tiene el mismo peso. La bebida forma parte integral de los ritos sociales - regalo en graduaciones, bautizos, peticiones de matrimonio, incluso en las sanciones administrativas comunitarias para quien comete una falta. La empresa, llegado ese punto, ni siquiera necesita ya hacer publicidad”, insiste Rojas. “Son las propias comunidades las que la piden”.

El precedente: de comunitaria a Coca-Cola

Para quien vive en San Cristóbal el guion no es teoría. La planta de FEMSA se levanta en el barrio de San Felipe, en la periféria este de la ciudad. Ahí se consumó el paso de recurso comunitario a privado: “los manantiales de San Felipe en el pasado eran gestionados por la comunidad, como bien colectivo. Luego pasaron a manos del municipio. Al final, Conagua - y no el municipio, que sólo otorga los permisos de uso de suelo y construcción - les concedió en uso a Coca-Cola FEMSA, que hoy extrae ahí más de un millón de litros de agua al día -mientras los barrios circundantes se quedan secos”, reconstruye Fabio, habitante de la ciudad.

En el plano formal, la extracción se apoya en una concesión federal: dos pozos de unos 180 metros de profundidad extraen 1.2 millones de litros al día. La concesión fue renovada en 2015 por otros 35 años. En 2020 el síndico de San Cristóbal pidió a Conagua que la revocara, pero la agencia respondió que no tenía elementos legales para hacerlo. La empresa y Conagua sostienen que el impacto sobre el suministro de la ciudad es mínimo, pues los pozos extraen a mayor profundidad que los manantiales de los que se abastece la ciudad. La población, sin embargo, rechaza esta versión: en la doble crisis que viven - epidemia de diabetes y escasez de agua - señalan a la fábrica como la principal responsable.

El caso Cuxtitali

Existe otra manera de contar esta historia, y es la de quienes no esperaron a que el Estado resolviera el problema.

En Cuxtitali, barrio a pocos kilómetros del centro de San Cristóbal de las Casas - considerado durante mucho tiempo el “barrio bravo” de la ciudad, el gueto obrero donde vivían los nativos que habían construido la misma Ciudad Real que los rechazaba -, el agua nunca llegó del municipio. Cuando en los años setenta fue incorporado al centro urbano, el barrio carecía de alcantarillado y red de agua: la gente se abastecía de pozos, cada vez más insuficientes con el tiempo.

Así, en 1972, los habitantes se organizaron por su cuenta. Con financiamiento federal y el trabajo colectivo de la comunidad, construyeron un acueducto de seis kilómetros que capta en el manantial Chupactic para llevar el agua al corazón del barrio. Hoy, el sistema - que lleva el nombre del manantial- abastece a más de 1,400 familias y lo gestiona un comité independiente con cargos trienales no remunerados: los únicos que reciben salario son dos fontaneros encargados del mantenimiento técnico.

“Es un servicio comunitario”, subraya Fabio, italiano, que vive y lucha en Cuxtitali desde hace 20 años. “La lógica es la propia de los pueblos indígenas de Centroamérica: cómo sobreviven las comunidades tan alejadas del Estado? A través de la cohesión y un bienestar gestionado en conjunto - quién alimenta a las viudas, quién repara la iglesia, quién encuentra el agua. Todos juntos”.

Toda la administración, las decisiones sobre tarifas y multas, la gestión de los conflictos pasan por una asamblea que reúne entre 400 y 700 personas. Es la misma lógica del trabajo colectivo que en el resto de Latinoamérica indígena recibe nombres distintos - tequio en Oaxaca, minga en Colombia - pero que expresa en todas partes la misma idea: resolver lo público a través de la participación directa, sin delegarla. “Se convierte en una forma de contrapoder popular” [...] “La asamblea nace para gestionar el agua, pero luego decide también otras cosas: la seguridad del barrio, qué transporte público puede pasar o no”.

Los análisis independientes realizados por los propios habitantes dicen que su agua es más limpia que la que llega del sistema municipal, donde las mismas comunidades han detectado rastros de bacterias.

Y por eso, en Cuxtitali, la batalla más dura, en este momento, no es contra una empresa sino con la municipalización. “De comunitaria pasó a municipalizada, de municipalizada se privatizó”, cuenta Fabio, refiriéndose al precedente de San Felipe. “La municipalización se ve como un paso hacia la privatización. Y eso es lo que corre el riesgo de pasar también aquí”.

El guión de San Felipe - de comunitaria a privatizada - es la amenaza que sobrevuela cada sistema hídrico autónomo de Chiapas. La presión llega por canales burocráticos: multas por la falta de medidores de flujo reglamentarios, impugnaciones sobre los contratos eléctricos de los pozos, exigencias de adecuación a estándares técnicos pensados para empresas, no para un pueblo indígena. “Esa electricidad es de todos, la pagamos todos”, dice Fabio a propósito de una reciente multa por la conexión irregular de un pozo. “Y se usa para extraer un agua que es un derecho humano -un derecho que el municipio no distribuye, y por el que tenemos que arreglárnoslas solos”. Es un asedio silencioso, hecho de tecnicismos - pero con un objetivo declarado, según quienes lo padecen: demostrar que el sistema comunitario no funciona, para justificar su absorción.

Además, la presión no es solo de carácter burocrático. “A lo largo de los años, miembros del sistema autónomo han sido secuestrados y torturados por grupos narco-paramilitares”, cuenta Fabio; grupos que en otras zonas de México actúan contra las comunidades que defienden sus recursos. “Los mismos que tomaron el control de algunos manantiales y cerraron las válvulas del acueducto [...] No hay pruebas que relacionen directamente estos episodios con Coca-Cola o con FEMSA”,concluye Fabio. Pero el conflicto por el agua se ha convertido también en esto: no solo trámites y recursos legales, sino secuestros y violencia.

Ni siquiera quien se muestra resiliente está del todo a salvo. FEMSA financió la apertura de un pozo en el barrio, en alianza con el municipio, y el comité actual lo aceptó, a diferencia de gestiones anteriores. El contexto pesa: el barrio atravesó una disputa por el control de uno de sus manantiales. “Conocí comités que le decían no a FEMSA con posturas firmísimas”, cuenta Alma Rosa. “El actual no tiene una postura política frente a la empresa”. Para el médico Marcos Arana, en cambio, es la señal de un mecanismo más amplio: proyectos que llegan a través de organizaciones civiles financiadas por la empresa y que FEMSA luego deduce de sus impuestos. “Para quien lo aceptó es un compromiso comprensible: si el agua de San Cristóbal se está extrayendo, al menos algo debe volver”.

La estalagmita de las grutas de Cacahuamilpa, aquella “perfección” esculpida en la piedra, reemerge en Cuxtitali, con un significado distinto. Es la fotografía de un país que ha aprendido a ver en la marca roja un símbolo de normalidad, casi de identidad nacional. Al punto de que el mismo barrio que había construido su propia agua para no depender de nadie, hoy tiene un pozo financiado por Coca-Cola. La mercantilización de recursos como el agua ha puesto en evidencia un sistema que confunde los intereses públicos y privados, comprometiendo la gestión equitativa de un bien que, sobre el papel, debería pertenecer a todos.

Ni siquiera quienes intentan resistir están del todo a salvo: un pozo a la vez.

Fuente: Avispa Midia