AIDA

Las y los “defensores de los derechos humanos ambientales” son aquellas personas y grupos que, a título personal o profesional, se esfuerzan por proteger y promover los derechos humanos relacionados con el ambiente.

El documento elaborado por organizaciones nacionales e internacionales apunta a la incompatibilidad entre este tipo de industria y el objeto de protección de la zona, en la cual, aún sin contar con un plan de manejo establecido, ya existen 57 concesiones salmoneras, 113 en trámite y se han aprobado 6 resoluciones de calificación ambiental luego de la creación de la Reserva.

"Chile es el segundo mayor productor mundial de salmón. La industria, desarrollada a lo largo de las costas ubicadas más al norte de Magallanes, ha puesto las ganancias económicas por encima de la protección ambiental, creando a su paso zonas oceánicas desprovistas de vida."

Dile al Gobierno de Chile que haga cumplir las regulaciones que existen para las granjas de salmón, que investigue los daños que la industria está generando en la Patagonia y que sancione a las empresas responsables.

Carta en respuesta a la réplica del Grupo del Banco Mundial a una carta pública enviada al Presidente del Banco Mundial, Dr. Jim Yong Kim.

Este documento contribuye al análisis sobre la viabilidad de la aplicación del principio de precaución, como una vía institucional para prevenir, evitar o detener las operaciones de fractura hidráulica en América Latina. Estas medidas pueden tomar la forma de prohibiciones o moratorias, como ha ocurrido en varios Estados, provincias y municipios de América y Europa.

El 19 de agosto de 2008, AIDA solicitó al Gobierno de Costa Rica que reconsidere la autorización otorgada al Proyecto Minero Crucitas (PMC) y detenga su desarrollo. Desafortunadamente, las respuestas del Gobierno han sido contrarias a nuestras peticiones y, a pesar de los potenciales y serios impactos que este proyecto puede causar, hasta el momento este permiso ambiental no será suspendido

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado Peruano, el pasado viernes 31 de agosto, la implementación de medidas cautelares urgentes para proteger la salud, la integridad y la vida de los pobladores de La Oroya, Perú por la grave contaminación ambiental generada por el Complejo Metalúrgico de Doe Run Perú, ubicado en la referida ciudad peruana