Dos periodistas y dos defensoras de derechos humanos recibieron mensajes amenazadores el 2 de mayo de 2025 por plataformas electrónicas. Se trataba de fichas de policía en las que los autores habían reproducido información personal de los amenazados y sus familiares, incluidas fotografías de sus hijos menores de edad, direcciones postales, asientos de pasaporte y documentos hacendarios. En las fichas se aseguraba que los destinatarios tienen órdenes de captura pendientes en El Salvador, lo cual es falso. Las fichas no eran oficiales, pero la información sí. Detrás de aquellos mensajes hay un grupo de agentes policiales salvadoreños dedicado a perfilar, vigilar y, si la orden llega, capturar a sus víctimas según lo confirmaron dos oficiales de alto rango en la Policía Nacional Civil y un agente vinculado a la Fiscalía General de la República.
