Es la segunda provincia en prohibir el uso del herbicida glifosato, pilar del modelo de agronegocio actual. La ley, que establece una transición hacia la agroecología, fija una fecha límite de uso en 2025. Es uno de los agrotóxicos más cuestionados del mundo, tanto por campesinos como por investigadores. La OMS confirmó en 2015 que produce daño genético.
