El Salvador: seguridad para resistir contra la minería de oro

Periodistas de Radio Victoria y otros ambientalistas sufren acoso, atentados, amenazas, persecuciones, desaparariciones, torturas y asesinatos.

Según las Naciones Unidas, El Salvador es el país más deforestado del continente americano y el segundo en cuanto acceso al agua. En este contexto, 29 concesiones mineras en la franja norte de El Salvador ponen en peligro el cauce del Rio Lempa que abastece a la capital salvadoreña. Debido a las amenazas que supone la explotación minera para la población y el medio ambiente, se ha creado un gran movimiento ciudadano en oposición a la minería que es apoyada por ONGs, expertos salvadoreños e internacionales y hasta la iglesia católica.

El Movimiento Nacional frente a la Minería Metálica ha llegado a ser galardonado con prestigiosos premios de Derechos Humanos en Washington (ver aquí) y en El Salvador (ver aquí). Incluso el presidente ha llegado a afirmar que “mientras no nos demuestren que esos proyectos no contaminan el medio ambiente y la salud de nuestra población, no vamos a permitir la explotación minera en El Salvador” (ver aquí).

Sin embargo, Dora Alicia Sorto Rodríguez, fue asesinada el 26 de diciembre, a las 3:30 de la tarde, en el cantón Trinidad de Sensuntepeque (Departamento de Cabañas). Regresaba de lavar ropa de una quebrada. Estaba embarazada y llevaba a su hijo de dos años en brazos, resultando herido en una de sus piernas. Tenía 6 hijos. Este crimen sucede sólo una semana después del asesinato de Ramiro Rivera Gómez, otro líder de la resistencia comunitaria a los proyectos de la empresa minera canadiense Pacific Rim, en Cabañas. Gustavo Marcelo Rivera fue asesinado en Julio 09 luego de ser torturado. El esposo de Dora, Santos Rodríguez, también opositor a la minería metálica, fue atacado el año pasado, pero sobrevivió. Se sospecha que la compañía minera canadiense Pacific Rim, con intereses en el proyecto minero El Dorado estaría involucrada en los hechos.

Mientras tanto, otros opositores a la minería se encuentran en serio peligro. Amnistía Internacional y Human Right Watch se han hecho eco del caso, pero a pesar de ello, todos estos crímenes están impunes, lo cual podría motivar asesinatos de más ambientalistas de la zona. Por tanto, urge exigir al Gobierno de Mauricio Funes seguridad para la gente amenazada y el inicio de investigaciones y demandar que la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil actúen de inmediato contra los autores intelectuales y materiales de estas violaciones a los derechos humanos.

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