¿Por qué son necesarias las Leyes Marco Nacionales sobre DDHH y empresas?

EL CASO DE BRASIL: PROYECTO DE LEY 572/2022

En las últimas décadas, el gran desarrollo tecnológico y la apertura comercial generalizada, junto con la adopción de un modelo neoliberal, llevó a que las empresas transnacionales adquieran poderes incuestionables para reproducir el propio sistema y, al mismo tiempo, hacer que funcione a su favor. Las grandes empresas buscan mano de obra y materias primas a precio reducido, entre otras ventajas económicas y sociales. La lógica del capital y el lucro se impone y los Estados, para atraer inversiones, comienzan a adoptar políticas favorables a las empresas transnacionales (ETNs).

Además, su carácter transnacional dificulta la aplicación de normas jurídicas de control y regulación de la actividad de esas empresas y, en este escenario, son innumerables las denuncias de violaciones de Derechos Humanos (DDHH) cometidas por ETNs. Las innumerables denuncias de violaciones de los Derechos Humanos han impulsado a muchas organizaciones sociales a formular propuestas de regulación sobre la actuación de las empresas transnacionales.

A la vez, ha cobrado protagonismo un movimiento por parte de las propias empresas, el de la responsabilidad social empresarial (RSE); se trata de iniciativas voluntarias que alegan establecer principios y valores éticos que rijan las actividades de la empresa. Sin embargo, poco se ha conseguido en la práctica ya que, además de reunir normas en su mayoría voluntarias, generalmente presentan características que comprometen su potencial preventivo y la debida reparación de las violaciones de Derechos Humanos potencialmente cometidas, tales como: (a) no se ocupan de la actividad final de la empresa; (b) atienden a una dinámica mitigadora y compensatoria; (c) están sujetas a políticas de autocontrol empresarial; (d) por no ser obligatorias, se apoyan en sellos y/o certificaciones que supuestamente sirven de incentivo a las llamadas "buenas prácticas empresariales", pero acaban por no inhibir las violaciones de Derechos Humanos, al tiempo que contribuyen a beneficiar la imagen empresarial; e) no se corresponden necesariamente con las normas nacionales e internacionales aplicables para la protección de los Derechos Humanos, utilizando un lenguaje alternativo y atenuante para el comportamiento empresarial.

Estas características predominan en la mayoría de las directrices sobre el tema que aún emanan de las Naciones Unidas, en particular el Pacto Global y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Guiding Principles), que por tanto no se corresponden con la naturaleza de las normas de Derechos Humanos.

Por ello, diversas organizaciones y movimientos sociales han luchado por conseguir nuevos instrumentos para exigir responsabilidades a las empresas.

Destacan tres movimientos:

1)  A nivel internacional, comprometido con el reto de lograr la aprobación de un Instrumento Internacional Jurídicamente Vinculante sobre Empresas Transnacionales con respecto a los Derechos Humanos en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) actualmente en marcha;

2) A nivel nacional, mediante la propuesta de Leyes de Diligencia Debida, así como la disputa de significados en su interpretación;

3) En Brasil, con la formulación y radicación del proyecto de Ley 572/2022, que “crea la Ley Marco Nacional de Derechos Humanos y Empresas y establece directrices para la promoción de políticas públicas en la materia”. Las leyes de Diligencia Debida y las Leyes Marco sobre Derechos Humanos y Empresas compiten actualmente por el mismo espacio a nivel nacional.

En este contexto, discutiremos la necesidad de Leyes Marco Nacionales en conjunción con los marcos normativos internacionales de protección de los Derechos Humanos. 

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Fuente: Amigos de la Tierra - América Latina y el Caribe (ATALC)